El choque político se traslada al judicial por la asistencia del fiscal general al inicio del curso

Con esta convulsa situación, alimentada por la polarización y la judicialización de la política nacional, ayer se produjeron varios movimientos para tratar de impedir que el máximo responsable del Ministerio Público acuda al acto y se siente junto al Rey. Algo inaudito porque la legalidad vigente no solo permite a García Ortiz estar presente, sino también intervenir mientras no exista una sentencia que implique su cese o inhabilitación.

A primera hora de la mañana de ayer, horas después de conocerse que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se iba a ausentar de la apertura judicial por coincidir con otro compromiso ya agendado con la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, llegó un comunicado que trasladó la disputa política al corazón mismo de la institución judicial. La asociación APM y dos colectivos de fiscales, AF y APIF –está personada en la causa abierta a García Ortiz, para quien pide hasta seis años de cárcel–, le reclamaron que se abstuviera de acudir al acto por respeto a Felipe VI y a los componentes de las carreras profesionales.

Un método de presión al que se sumaron poco tiempo después diez de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los del denominado bloque conservador, muchos de ellos integrantes de la APM. Estos consejeros reclamaron por escrito a la presidenta del alto tribunal y del CGPJ, Isabel Perelló, que comunicase a García Ortiz el rechazo a su presencia. «No resulta apropiada porque genera una innecesaria tensión para la Fiscalía General, para el Poder Judicial y, en última instancia, para el propio Jefe del Estado», suscribieron.

Pero su petición a Perelló no se quedó ahí. Le solicitaron también que interviniese para que el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, no se siente hoy en estrados junto al monarca y la cúpula judicial, en protesta por las críticas «injustas» del Gobierno a los jueces. Y ya por la tarde, en medio de la tensión creciente que ha salpicado a la presidenta del Poder Judicial e indirectamente al Rey, hubo un intento (al parecer sin éxito) desde el sector conservador para forzar la celebración de una Sala de Gobierno del Tribunal Supremo (el máximo órgano interno) antes de que comience el solemne acto. El objetivo era retratar la presencia del fiscal general, según relatan fuentes judiciales.

Todos estos acontecimientos se sucedieron apenas una hora después de que Núñez Feijóo justificara de nuevo su ausencia en un mensaje en redes sociales. Alegó que «someter al Rey a que presencie este choque institucional sin precedente es un error que no avalaré con mi presencia» y reiteró su señalamiento a García Ortiz, «un fiscal procesado que se empeña en intervenir ante el Supremo que le investiga». La sucesión de hechos devolvió al líder del PP a la escena en un acto político en Guadalajara, donde elevó el tono al hablar de «provocación»:«Presto mejor servicio si no acudo. No puedo validar ni convalidar con mi presencia una situación no excepcional, sino excepcionalísima». Tras ello se conoció que otro destacado miembro del partido, el presidente del Senado, Pedro Rollán, tampoco acudirá a la apertura judicial por «motivos familiares».

En contraposición a estas posiciones también hubo reacciones. El bloque progresista del CGPJ reivindicó la presencia de García Ortiz y de Bolaños dentro de la «normalidad institucional» frente a la «polaridad artificiosa que pueda empañar la ceremonia solemne». Nueve consejeros de este grupo recordaron que la Ley Orgánica del Poder Judicial exige la presencia de la presidenta del CGPJ y del fiscal general para presentar sus respectivas memorias anuales. «Del mismo modo, recordamos que la presencia en estrados del ministro de Justicia y Notario Mayor del Reino es una costumbre constitucional consolidada», añadieron. Así las cosas, defendieron que la confianza en el Estado de Derecho «se construye garantizando escrupulosamente el principio de legalidad y el de presunción de inocencia».

Una postura que también defendió ayer la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), de perfil moderado. Su portavoz, Sergio Oliva, explicó que comparten «la preocupación que puede generar en la ciudadanía la imagen de un fiscal general sometido a un procedimiento judicial» en un acto con el Rey y la presidenta del Poder Judicial. Sin embargo, señaló que no se puede obviar que, «conforme a la legalidad vigente, sigue ostentando el cargo y conserva íntegramente las facultades que le son propias, entre ellas la de intervenir en dicho acto». «Mientras no exista una resolución que implique su cese o inhabilitación, se encuentra habilitado para ejercer sus funciones», sostuvo Oliva.