Tornos digitales contra la pillería de los funcionarios de la Generalitat

Pero uno de los frentes más destacados es el de la lucha contra el absentismo en la función pública. Entre las propuestas sobre las que trabaja el Gobierno valenciano, la de generalizar el uso de los tornos digitales para el control de la entrada y la salida de los funcionarios públicos. Una medida que se aplicará a la totalidad de empleados públicos de la administración general –en el entorno de los 18.000 funcionarios- y que en muchas dependencias no existe, según las fuentes de la administración autonómica consultadas por este diario.

La medida pone el foco, por tanto, en el trabajo que realizan los funcionarios públicos, al sembrar dudas respecto al cumplimiento de su jornada laboral si no existe una certeza electrónica de su inicio y su final. La Generalitat tiene la intención de presentar esa medida ante la Mesa General de la Función Pública. Una propuesta que, previsiblemente, generará malestar por lo que de sombra de sospecha que deja sobre el trabajo que realizan los empleados públicos.

Las fuentes de la administración autonómica consultadas por este diario explican que los tornos digitales de entrada y salida ya existen en algunos de los centros de trabajo más modernos o de más reciente construcción de la Generalitat, como la Ciudad Administrativa 9 d'0ctubre. El torno contabiliza la llegada del funcionario a su puesto de trabajo y también cada vez que se produce una salida, impidiendo de este modo la pillería de llegar al puesto de trabajo, 'fichar' y abandonarlo de forma inmediata o en repetidas ocasiones.

Las fuentes consultadas explican que ese tipo de triquiñuelas se produce en mayor número de ocasiones en aquellos órganos administrativos que no disponen de este tipo de tornos, generalmente ubicados en edificios históricos que no han sido habilitados aún para disponer de ese tipo de instalaciones. En estos caso, se explica, la manera de los funcionarios públicos de 'fichar' por el inicio de su jornada laboral va añadido a la puesta en marcha de los equipos informáticos de su puesto de trabajo. Un mecanismo que certifica, evidentemente, la llegada al puesto de trabajo, pero que en ningún caso registra si se produce una o varias salidas del mismo, más que cuando finaliza la jornada y se apaga ese equipo informático.

En muchos casos, esas situaciones se producen en edificios ubicados en el centro histórico, lo que añade un aliciente para que algunos empleados públicos recurran a la argucia de salir a almorzar sin que exista constancia real del momento de reincorporación al puesto de trabajo.

La lucha contra el absentismo de los funcionarios públicos es una de las medidas incluídas en ese plan de optimización del gasto al que el Consell se ha visto abocado ante la negativa del Gobierno ce Pedro Sánchez a desbloquear el extra FLA. El Gobierno valenciano anunció este martes una solicitud de autorización al Gobierno de España para formalizar una operación de endeudamiento por valor de 1.816 millones de euros para financiar el déficit incurrido por la Generalitat en 2024, con la que la Generalitat recurrirá a las entidades privadas para poder pagar a sus proveedores y los servicios públicos.

En el comunicado de prensa en el que la Generalitat informaba de su decisión, incluía una referencia al impacto de ese plan de contención del gasto: «Por otro lado, el pleno del Consell ha analizado una propuesta de ahorro de 192,8 millones de euros derivada de la revisión técnica llevada a cabo ante la posibilidad de no poder ejecutar determinadas partidas en 2025 dadas las tensiones de tesorería actuales por la ausencia del FLA extraordinario, entre otros factores. Estas medidas no implican, en ningún caso, recortes en los servicios públicos y, en caso de aplicarse, serán por razones de eficiencia en el uso de los recursos públicos, para eliminar el gasto superfluo y priorizar aquellas partidas imprescindibles para el funcionamiento de los servicios básicos». Esos 192,8 millones de euros se quedan a años luz de poder cubrir las necesidades inmediatas de financiación de la Generalitat para hacer frente a su deuda comercial. De hecho, la cantidad representa apenas una décima parte de esos 1.900 millones que el Consell aún confía en recibir del extra FLA. Con esos 192,8 millones, como se suele decir, no hay ni para empezar a atender la deuda comercial de la administración valenciana.

Las fuentes de la Generalitat consultadas por este diario explican que esos 192,8 millones responden a una primera revisión de medidas, y que se estaría estudiando todavía la posibilidad de incorporar nuevos ajustes. En realidad fue el propio Consell de Mazón el que se autoimpuso la fecha límite del 7 de julio para saber si el Gobierno desbloqueaba o no el extra FLA, y el que anunció ese plan de contención del gasto sólo para un día después si esa decisión no se adoptaba.

«Es el Gobierno de España quien debería dar una respuesta a esta situación. No puede ser que se menosprecie de este modo a la Comunitat Valenciana. No aprobar el FLA es condenarnos a buscar soluciones a un problema que no hemos generado», criticó el martes la vicepresidenta Susana Camarero. Este argumento fue ratificado y defendido por Ruth Merino, quien manifestó que no concebía otro escenario distinto a que no se apruebe en el próximo Consejo de Ministros del 15 de julio esta autorización de endeudamiento al margen del FLA, «porque se trata de una cuestión de voluntad política y de tener altura de miras».

Fuentes del ministerio de Hacienda consultadas por este diario confirmaban este miércoles que !se ha hablado con la Comunidad Valenciana sobre este asunto. Este tipo de autorizaciones son habituales. Se analizará y en el caso de que se autorice se llevará al Consejo de Ministros». Una puerta entreabierta, que deslizaría que el Ejecutivo central está dispuesto a dar luz verde a esa autorización para que la administración autonómica pida un nuevo crédito. Es decir, para recurrir a los bancos para poder sortear el agujero financiero generado por el déficit de 2024.

La propia Merino, el martes, contemplaba como posible ese escenario, el de que la correspondiente autorización para solicitar el crédito se produzca en el transcurso del consejo de ministros de la próxima semana. Con todo, un crédito como el que plantea la administración autonómica podría encarecer el coste –en comparación con el extra FLA– precisamente porque los intereses a atender podrían ser mucho mayores.