El Gobierno eleva la presión al PP y activa el proceso de reforma constitucional para blindar el aborto

El texto acordado por los socialistas y la formación de Yolanda Díaz -que fue quien primero planteó, hace ya año y medio, dar este paso- propone incorporar un nuevo punto al artículo 43 de la Constitución, en el que se reconoce el derecho a la protección de la salud. Ese nuevo artículo diría lo siguiente: «Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho, en todo caso, será garantizado por los poderes públicos asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres».

Lo que plantea el Ejecutivo no es, pues, reconocer el aborto como derecho fundamental, lo que implicaría una reforma agravada de la Carta Magna, mucho más larga y farragosa. El cambio que pretende poner en marcha se haría por la vía ordinaria del artículo 167, la misma modalidad con la que se realizaron en 2011 los cambios del artículo 135 - en plena crisis económica, y en un intento de lanzar un mensaje de responsabilidad a los mercados- y del artículo 49, en 2024, para eliminar el término «disminuido» y sustituirlo por «personas con discapacidad» .

Pero que el procedimiento sea menos largo y no conlleve, por ejemplo, la disolución de las Cortes y la elección de unas nuevas Cámaras encargadas de elaborar el proyecto previamente aceptado por el Parlamento anterior, no significa que sea fácil. Como en los casos anteriores, esta modificación necesitaría de una mayoría cualificada de tres quintos en el Congreso y el Senado y, por tanto, del respaldo del PP, que ya ha advertido de que no está por la labor.

El aborto es un asunto divisivo para los populares, que cuentan entre sus dirigentes y entre sus votantes con sensibilidades muy distintas, y esa es una debilidad que quiere aprovechar el Ejecutivo. En las dos últimas semanas, Sánchez ha comprobado cómo Alberto Núñez Feijóo se revolvía incómodo tanto ante la polémica iniciada por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, a cuenta del inexistente síndrome post interrupción del embarazo defendido por Vox como con el pulso lanzado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por el registro confidencial de los sanitarios objetores.

La semana pasada, el líder de la oposición se vio forzado a aclarar su posición con un mensaje en las redes sociales. «Garantizaré siempre que cualquier mujer que opte por la interrupción de su embarazo pueda hacerlo con la mejor atención médica y psicológica, conforme a las leyes», escribió. Hurgando en esa herida, Sánchez, le apretó las tuercas en una entrevista en la Ser a primera hora de este martes. «Si, como dice, está dispuesto a defender el derecho al interrupción del embarazo, no debe tener ningún problema para blindarla constitucionalmente», retó.

A Sánchez, que centra buena parte de su estrategia política en la asimilación entre PP y Vox, el 'no' de los populares a la reforma no le resulta, sin embargo, un problema. Al revés. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, que compareció en la Moncloa tras el Consejo de Ministros junto a la ministra de Sanidad y dirigente de Sumar, Mónica García, argumentó, de hecho, que lo que hace necesario dar este paso es «la ola reaccionaria que estamos sufriendo a nivel nacional y a nivel internacional», y que en España simbolizan los Gobiernos de la derecha y la ultraderecha, y la «jibarización» de la sanidad pública por parte de esos ejecutivos autonómicos que apuestan, dijo, «por una privatización y por una externalización de servicios que en este caso afectan específicamente a la interrupción voluntaria del embarazo y a las mujeres».