El puzzle para cuadrar el próximo presupuesto

Mazón cumple sus compromisos. Otra cosa, quizá descubierta ahora que tiene información de primera mano respecto a la situación financiera real de las arcas autonómicas, es la magnitud de colapso financiero que atraviesa la Generalitat. Ya no se trata únicamente de los ¡55.000 millones! de deuda, ni de los 3.847 millones de déficit durante 2022. La realidad del pozo de las cuentas valencianas tiene que ver con las complicadas expectativas de futuro de una autonomía cuyo último Gobierno ha venido inflando sus cuentas para poder mantener un nivel de gastos irreal. Porque ni los niveles de ejecución se cumplían, ni los ingresos eran tan elevados como para poder cuadrar ese círculo que supone el 'tanto tengo, tanto gasto'.

El equipo de la conselleria de Hacienda que dirige Ruth Merino se ha encontrado a su llegada a la calle Palau con una realidad que condiciona muy mucho su margen de maniobra para los próximos presupuestos. Ya no se trata sólo de esa zancadilla que supone que el Gobierno de Zapatero no le haya comunicado cuáles son las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica para 2024, ni cuál es la estimación de la liquidación correspondiente al ejercicio de 2022. Del Ejecutivo central, con Sánchez al frente, el Gobierno valenciano sabe que puede esperarse cualquier cosa.

De lo que se trata ahora es de afrontar el escenario actual, mucho más endiablado que el de los últimos ejercicios, y el de mantener o no las trampas al solitario que el Botánico quiso hacerse durante ocho años consecutivos. Una situación que provoca que, de partida, el Consell de PP y Vox tenga del orden de 2.200 millones de euros disponibles menos de los que tuvo el último año el Gobierno del Botánico.

¿Por qué 2.200 millones? La primera razón de ese recorte en los fondos disponibles tiene que ver con el cumplimiento de un compromiso político. El PP valenciano ya anunció antes del 28-M que si llegaba a la presidencia de la Generalitat no incorporaría los 1.300 millones de euros de ingresos ficticios que, Vicent Soler, primero, y Arcadi España, después, incorporaron año tras año a los presupuestos autonómicos. Todo un ejercicio de ingeniería contable, por el que la administración autonómica –no una pyme en dificultades, sino toda una Generalitat– optaba por incorporar en su capítulo de ingresos una cantidad (esos 1.300 millones de euros) correspondientes al incremento de fondos que para la autonomía supondría la reforma del sistema de financiación autonómica. Dicho de otro modo, una expectativa de recibir una cantidad –se ponían 1.300 millones igual que se habrían podido poner 13.000– no sustentada en ningún compromiso del Gobierno y cuya única utilidad residía en abrir la puerta a aumentar, en esa misma cantidad, el presupuesto de gastos. Un brindis al sol, claro está, que garantizaba un déficit equivalente a esa cifra –algo más del 1% del PIB– antes incluso de que empezara el ejercicio presupuestario, y que se justificaba con esa demagógica proclama de que el Consell se negaba a renunciar al nivel de gastos que se merecían los valencianos para atender sus servicios públicos. El Botánico pudo reducir el número de consellerias, de altos cargos, de empresas públicas o de coches oficiales, pero en su lugar decidió 'pintar' en los presupuestos un dinero falso.

El Consell de Mazón ya ha dicho que no incorporará esos 1.300 millones en sus presupuestos del próximo año, porque no son reales y porque lleva dos legislaturas criticándolos. Y eso supone disponer de 1.300 millones menos para gasto, porque ni que decir tiene que el presupuestos, como ocurre en todos los caso, debe mantener equilibrados sus gastos con sus ingresos.

Que el Botánico incorporara esa cifra, igual que el hecho de cerrar año tras año el presupuesto con déficits multimillonarios, obligaba al Estado a salir en socorro de la autonomía. Préstamos a tipo cero de interés por la vía del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que corregían tanto los vencimientos de deuda autonómica como los excesos de déficit de las autonomías que cerraban sus presupuestos en números rojos.

Lo de los préstamos estaba muy bien... salvo por el hecho de que sí, como tales préstamos, había que devolverlos. La deuda de la Comunitat se ha incrementado de forma vertiginosa estos últimos ocho años precisamente por ese reiterado recurso al FLA –por una situación financiera que, es cierto, no era ajena ni a la pandemia ni a la guerra en Ucrania–.

Y el incremento de la deuda no podía traer nada bueno. Mientras los tipos de interés se mantuvieron bajos -casi a tipo 0 hasta el primer trimestre de 2022- el aumento de la deuda no era un drama, máxime mientras se mantuviera en marcha ese debate de la posible condonación –que es real únicamente ahora, cuando el independentismo lo reclama para Cataluña–.

Pero cuando los tipos de interés comenzaron a dispararse, y ya andan por el 4,5%, llegaron las complicaciones. Porque a más tipos de interés, más dinero a pagar por el déficit, y también por la deuda. Tal y como ha informado este diario, el coste de los tipos de interés en 2023 superó los 400 millones de euros. El del año que viene, que es el que ha de tener en cuenta el Gobierno de Mazón, roza los 900 millones de euros. Es decir una diferencia situada en el entorno de los 460 millones de euros que, en lugar de destinarse a cualquier otro objetivo, tendrá que apartarse para atender el pago de los intereses de la deuda autonómica. 460 millones con los que el Consell no puede contar, porque se van a deuda cuando podrían dedicarse a cualquier otro programa presupuestario.

Hay un apartado más que condiciona las cuentas autonómicas. El Consell no ha recibido información sobre las entregas a cuenta para 2024. Por no recibir, ni siquiera ha sido informado respecto a cuál es el compromiso de déficit a cumplir ese año, que es precisamente el de la recuperación de las reglas fiscales, suspendidas por el impacto de la pandemia.

Para 2023, con esas reglas fiscales suspendidas -es decir, el reconocimiento de que incumplir los objetivos de déficit no acarreaba la aplicación de las medidas previstas en la ley de estabilidad presupuestaria-, la estimación de déficit para las autonomías se situó en el 0,3% de su PIB, que en el caso de la Comunitat Valenciana vendrían a ser entre 350 y 400 millones de euros. Contabilizar ese déficit suponía incorporar esa cantidad como ingreso, y por tanto, también como posible gasto.

¿Y para 2024? La conselleria de Hacienda no dispone de información formal del ministerio que dirige María Jesús Montero, respecto de cuál es el déficit autorizado. Pero sí que conoce, por la información remitida por el Gobierno a Bruselas, que el compromiso de déficit del Reino de España es de 0%. En el supuesto de que esa sea la cifra que se imponga también a las autonomías, para la Comunitat Valenciana supondría no poder contar con esa capacidad de gasto de entre 350 y 400 millones.

Sin ingresos ficticios, con más intereses a pagar por la deuda y sin margen por el déficit, el Consell de Mazón tiene sobre la mesa una resta del orden de los 2.200 millones de euros. El impacto de las rebajas fiscales anunciadas por Mazón están valoradas en el entorno de los 365 millones de euros.

Algunas fuentes dan por hecho que una rebaja de ingresos de esa dimensión hace muy complicado que las cuentas de 2024 puedan llegar a crecer. La conselleria guarda silencio, a la hora de conocer todas las magnitudes para elaborar el presupuesto.