À Punt contrata a Francis Puig pese a ser multado por amañar concursos

Desde À Punt, a pesar de que fue la misma cadena la que denunció a Francis Puig por consensuar precios, se justifica la contratación con la empresa del hermano del exjefe del Consell. À Punt firmó el 10 de junio de 2022 un convenio de colaboración con la Asociación de Televisiones Valencianas de Proximidad (TEVAP) y la Asociación Espacio Audiovisual de Proximidad (ESAP) «para producir y difundir contenidos locales y comarcales de manera conjunta con el objetivo de mejorar así el servicio público».

La cadena apunta que en septiembre de 2022 Comunicación dels Ports ganó una licitación de À Punt, «ya que no había causa legal que impidiera participar en este concurso público» -en la resolución de Competencia anterior a 2022 se trasladó también la posibilidad de prohibir a las empresas de Francis Puig contratar con la administración pública-.

Ahora, con la puesta en marcha del programa Conexió Comunitat Valenciana -se emitirá de 10 a 14 horas de lunes a viernes- «se precisa estar presente en todas las comarcas de la Comunitat para dar cobertura a todo el espacio geográfico de las tres provincias» y À Punt va a contar 25 empresas colaboradoras entre productoras y televisiones locales de toda la Comunidad Valenciana.

Entre estas 25 empresas está la de Francis Puig, al que se le pagará en función de los trabajos que realice. El argumento principal para la cadena pública es que es «la única televisión local de este territorio y la única productora que opera y tiene estructura técnica y humana para llegar a todos los pueblos y rincones de la comarca de Els Ports» al tiempo que la cadena considera que no hay un impedimento jurídico para contratarla.

En estas contrataciones se manejarán dos tipos de tarifa: una de 300 euros que incluye equipo completo, es decir, cámara, trípode, microfonía, operador de cámara, mochila y periodista. Y otra de 250 euros que incluye todo lo anterior excepto la mochila.

À Punt puede contratar con Francis Puig por el salvavidas del Gobierno al hermano del exjefe del Consell, que dejó sin valor la sanción de prohibición de contratar que propuso Competencia al margen de la sanción económica. El Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero rechazó la propuesta trasladada desde la Generalitat -el expediente se abrió en la época del Botánico- . El departamento que dirige Montero alegó que la empresa de Francis Puig pagó la sanción que se le impuso y que adoptó medidas para evitar la comisión de futuras infracciones administrativas.

Estas productoras actuaron como un cártel para ganar adjudicaciones, fueron sorprendidas y la conselleria de Economía, tras el preceptivo informe de Competencia, impuso una multa de 43.000 euros al hermano de Ximo Puig y a sus socios -la sanción a Comunicacions dels Ports fue de 16.801 euros- y remitió el dictamen a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado para que aplicara también la medida que considerara oportuna por «falseamiento de la competencia».

Al margen de sus problemas en À Punt, el hermano del expresidente de la Generalitat se enfrenta a otros problemas, como la petición por parte de la Fiscalía de cuatro años de prisión por un delito de falsedad documental continuada en concurso y un delito de estafa agravada en la gestión de las subvenciones recibidas para la promoción del valenciano, unos programas impulsados desde la conselleria de Educación.