El TSJ pide un informe al fiscal antes de decidir si abre una causa contra la vicepresidenta por acusar a un educador de abusos

La vicepresidenta del Consell y máxima responsable de la Conselleria de Igualdad, Mónica Oltra, no ha cerrado completamente el capítulo del centro de Segorbe al que abocó al cierre tras el traslado de todos los menores.

Ahora, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) tiene sobre la mesa la querella que presentó F. Z. contra la responsable de Compromís. Él era el educador social del citado centro de Castellón, gestionado por las Terciarias Capuchinas, a quien acusó sin tapujos de haber sometido a abusos sexuales a una menor de 17 años. El juzgado le absolvió de todas las acusaciones.

Algunas de las revelaciones de Oltra se produjeron durante un Pleno en Les Corts. La vicepresidenta no facilitó su identidad completa, aunque sí se refirió a él con su nombre de pila y citó que había sido concejal del Ayuntamiento del citado pueblo de Castellón, datos más que suficientes para identificarlo en un municipio de algo más de 8.000 vecinos.

El asunto se encuentra en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). La querella todavía no ha sido admitida a trámite, según aclararon fuentes oficiales del alto tribunal. Y, por tanto, no se han encargado diligencias de investigación.

Sin embargo, la Sala sí quiere conocer la posición del ministerio fiscal antes de decidir si admite la denuncia del educador y de ahí la solicitud de un informe a fiscalía, según confirmaron las mismas fuentes. Se desconoce la contestación del fiscal y si ya han completado el trámite. La apertura de una investigación genera unas consecuencias, entre ellas la repercusión mediática, que los magistrados no quieren asumir en exclusiva sin un análisis previo de la querella por parte del ministerio público.

Denuncia falsa

El educador incluye numerosos delitos en el escrito. Por un lado, las injurias y calumnias. Pero también pretende que se abra una causa contra la vicepresidenta por denuncia falsa. Aparte del informe al fiscal, el TSJ solicitó recientemente al denunciante que ratificara la denuncia inicial, comparecencia que ya efectuó. Este educador social, que también es letrado, afirma haber experimentado un cambio brutal de sus condiciones de vida después de que la vicepresidenta le colocara el foco de las sospecha. No sólo se quedó sin trabajo sino que perdió su casa.

A raíz de este caso se inició una campaña que derivó finalmente en el traslado de todos los menores de las instalaciones, situación que llevó al cierre de las dependencias. Esta decisión de la Conselleria ha sido anulada por los tribunales. «Una grave infracción del ordenamiento jurídico», resolvió la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

El citado tribunal anuló, por ser contraria a derecho, la decisión de la conselleria de reubicar en mayo de 2017 a todos los menores que se encontraban en el centro de acogida Nuestra Señora de la Resurección del municipio castellonense a otros centros de la provincia.

Esa medida, según el fallo, «no formó parte de ningún supuesto procedimiento que le diera soporte» y generó 'de facto' para la entidad titular del centro de Segorbe «el mismo efecto que la sanción impuesta a la congregación mediante la mentada resolución» de la citada Dirección General.