Media docena de altos cargos no cumple con la Ley de Transparencia

La Oficina de Control de Conflicto de Intereses (OCCI) ha remitido ya su informe anual a la Conselleria de Transparencia para que el Consell lo apruebe en las próximas semanas y lo envíe a Les Corts. Aunque estaba previsto que aterrizara en el pleno de ayer, finalmente no llegó a entrar en el orden del día.Los datos, si bien mejoran respecto al año pasado, no son demasiado esperanzadores. y en su informe, la OCCI alerta de los incumplimientos de algunos altos con la rendición de cuentas en lo que a sus declaraciones de bienes o renta se refiere. En el informe, al que ha tenido acceso este diario, los datos siguen dejando agujeros en la política de Transparencia de la Generalitat. De los 307 altos cargos y cargos públicos no electos –los actuales y los que han cesado en los últimos tres años– que tienen obligación de rendir cuentas anualmente, media docena se saltaron el año pasado su compromiso con la transparencia, según el informe.Estos cargos directivos no presentaron o presentaron datos inválidos de renta, patrimonio y sociedades el año pasado. Un incumplimiento de la ley que, sin embargo, no ha tenido sanción.

En el informe de la OCCI que el Consell ya maneja, se detalla el listado de altos cargos y directivos del sector público, tanto en activo como los que ocuparon un puesto desde 2017 –tres años antes de la fecha sujeta a análisis– de los que Transparencia no dispone ni un solo dato actualizado. Según el documento, se trata de nueve personas que durante su ejercicio o al término de éste, no habían suministrado a la OCCI ni un solo papel sobre sus bienes, sus actividades, su renta o sus sociedades, o no lo habían actualizado. Sin embargo, de esos nueve, tres estaban todavía en plazo a 31 de diciembre de 2020 de aportar los datos por haber sido nombrados poco tiempo antes de esa fecha. Los seis incumplidores aparecen identificados y, en algunos casos, aún conservan el puesto de subsecretarios, secretarios autonómicos o directores generales. Otros, incluso han salido del Consell pero ocupan puesto de directivos del sector público del Botánico. Entre los incumplidores hay altos cargos de Presidencia, Sanidad, Economía y Vivienda.

La ley 8/2016 y el decreto que la regula establece la obligatoriedad de todos los altos cargos y directivos del sector público a presentar ante la OCCI todos su datos económicos, patrimoniales y de incompatibilidades. De hecho, la norma trajo aparejado un reglamento sancionador para los incumplidores, pero a juzgar por los datos, no se está aplicando con quienes no cumplen. De hecho, según el mismo informe que el Consell aprobará en las próximas semanas, tan sólo hay en marcha un procedimiento sancionador y dos quedaron archivados a lo largo de 2020 y 17 están iniciados o en tramitación.

La OCCI también regula las incompatibilidades a las que están sujetas durante los tres años posteriores los altos cargos y directivos del sector público. En 2020 se tramitaron 155 resoluciones de las que 136 fueron para decretar la compatibilidad y 19 están aún en tramitación. Los gobernantes tienen obligación de seguir informando de las actividades profesionales que realicen durante los tres años posteriores a su salida de la Generalitat para que Transparencia pueda verificar que no incurren en un conflicto de intereses con alguna de las empresas sobre las que han decidido durante el ejercicio de su cargo.