Manuel Baeza: «Dijeron que la reforma de la sede del TSJ duraría dos años, llevamos siete fuera»

-Parece que es un buen momento para llegar a la presidencia del del TSJ. Recuerdo, por ejemplo, el final convulso de Juan Luis De la Rúa y los inicios de De la Oliva, también con dificultades y el intento de aislarse del poder político.

-Imagino que se refiere a los supuestos de delitos con aforados, que tienen su impacto mediático. En ese sentido, afortunadamente, ahora salvo alguna cuestión puntual que está pendiente de resolver -se refiere a una querella contra la jueza de la dana- no tenemos casos de aforados y no puedo más que alegrarme. Pero la competencia de la Sala Civil y Penal no se reduce a eso. Tenemos las apelaciones de jurado así como otras apelaciones a sentencias de la Audiencia. Y luego afrontamos la implantación del nuevo sistema procesal, el Justa, y de los tribunales de instancia. Todo esto junto a algunos objetivos que me he marcado para mi mandato, que son novedosos respecto a anteriores etapas.

-Antes de abordar los cambios en la organización, me gustaría profundizar en aquella tensión que se ha vivido entre la Generalitat y los presidentes del TSJ. ¿Cómo piensa gestionar ese equilibrio entre el plano institucional y el judicial?

-Son dos cosas diferentes. Pero, recurriría al refranero español, lo cortés no quita lo valiente. Por un lado, está el plano jurisdiccional y, por otro el institucional. Hay que guardar las formas cada uno en su ámbito. Pero la relación debe ser cordial y educada.

-¿Le molestó, por ejemplo, que en su toma de posesión, usted y otras autoridades se quedaran esperando la llegada del presidente Mazón y este accediera por otra puerta?

-Pues no, sinceramente no. Entiendo que serían razones de seguridad. Si entra directamente y hay un saludo inicial, bueno, pues es lo que procede. Pero lo realmente importante es que asistiera al acto y pudiera escuchar lo que dije. Para mí, eso es lo relevante.

-¿Qué se ha encontrado en el TSJ?

Los principales desafíos, ahora mismo, son la adecuada culminación de la implantación del nuevo sistema de gestión procesal Justa y, de otro lado, los tribunales de instancia, que supone un cambio de paradigma en la organización judicial.

-Siempre hemos hablado de la necesidad del expediente electrónico, y ahora que quitamos el papel aparecen las quejas de los profesionales de que el sistema no funciona.  

-Efectivamente, el anterior sistema de gestión procesal, el Cicerone, tenía muchas carencias. Esta es una nueva plataforma, una herramienta necesaria y con gran potencial. Pero que todavía requiere determinadas mejoras. Agradezco el trabajo de la Conselleria de Justicia con quien tenemos un canal de comunicación eficaz a través de las comisiones mixtas. Pero necesitamos un esfuerzo adicional. Es especialmente necesario en algunas jurisdicciones, como Contencioso y Penal. Al final de la película todos estamos interesados en que esto funcione.

-¿No será también que cuando se producen cambios tecnológicos existe cierta reticencia por parte de los operadores?

-Sí, sin duda. Todos los cambios son difíciles y generan resistencias. Pero también representan una oportunidad, lo crucial es encararlos con decisión y con una visión de conjunto a largo plazo que pasa irremediablemente por la cooperación. Pero el sistema hay que mejorarlo, es decir, no se puede poner en el mismo pack la aceptación o rechazo de la plataforma con que esa nueva tecnología sea eficiente.

-Respecto a los tribunales de instancia, que es otra de las de las novedades de de los últimos meses. ¿Realmente mejora el funcionamiento de la administración de Justicia?

-Suponen un cambio de paradigma en la organización judicial, cuyos efectos valoraremos en su momento. Pero en la Comunitat están funcionando mejor que en otras autonomías. La diferencia es que aquí se trabaja en dos ejes muy importantes, que son progresividad y flexibilidad. Y esto está evitando situaciones traumáticas de otros territorios. Por resumir el cambio, el juzgado era un órgano estanco, tenía un juez y tenía unos funcionarios. Ahora, simplificando, en cada partido judicial hay un servicio común de funcionarios que abastecen o dan servicio a todos los jueces. Aquí se intenta que los funcionarios que antes se relacionaban con un juez, más o menos puedan ser los mismos y, progresivamente, ir creando grupos de trabajo por materias para que sean más especializados. En este punto quiero agradecer el trabajo de la conselleria, pero también del secretario de la Sala de Gobierno, Rafa Lara. En cualquier caso, destacaría la necesidad de que se mejoren infraestructuras. En algunos sitios falta espacio.

-Hablaba antes de los objetivos de su mandato. ¿Usted representa una vía continuista de De la Oliva?

-Respeto plenamente cómo hacía ella las cosas o el perfil que tenía. Son opciones ,al fin y al cabo, pero quizá mi perfil es otro. Eso no significa que uno sea mejor que el otro, simplemente que es diferente.

-¿En qué sentido?

-Las líneas medulares de mi programa fundamentalmente son tres: la mejora en la eficacia y eficiencia de la organización y funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia, el prestigio de la jurisdicción y las relaciones institucionales y, por último, la modernización y transparencia. Busco una relación más fluida y empática con los colectivos profesionales.

-También se ha producido un avance en materia comunicativa. En LAS PROVINCIAS, por ejemplo, hemos estado 14 años sin poder entrevistar a la anterior presidenta, que es oficiosamente la tercera autoridad de la Comunitat.

-Pues se lo agradezco. Dentro de la modernización y transparencia, mi propósito es contribuir a regenerar la imagen y la confianza de la justicia.

-Dígame las principales necesidades de la Justicia en la Comunitat.

-Necesitamos más medios, pero sobre todo más jueces. De hecho, los tribunales de instancia permiten incorporar más profesionales sin la necesidad de toda la estructura de un nuevo juzgado. Tenemos estructuras judiciales tensionadas desde hace años. En el 2024, por ejemplo, tuvimos alrededor de 830.000 asuntos nuevos, un 10% de incremento pese a que aumentó la resolución de expedientes. La peor situación se da en la jurisdicción civil, los juzgados de Primera Instancia y los juzgados de lo Social, sobre todo en las ciudades de Valencia y Alicante. Hay situaciones que no podemos asumir como, por ejemplo, que los juzgados de lo Social estén señalando para un acto de conciliación a casi tres años. En definitiva, necesitaríamos aproximadamente unos 140 jueces nuevos. No soy un iluso y sé que no es realista pensar que nos van a dar eso, pero confío en que si un buen número. Por ejemplo, 37 nuevas plazas judiciales son imprescindibles y 17 son prioritarias.

-Hablaba de la necesidad de más jueces. Ha habido cierta polémica con el anunciado plan del Gobierno de incorporar directamente a los jueces sustitutos. ¿Qué opina?

- Pienso que el sistema actual de acceso a la carrera judicial es un bueno, equitativo y que promueve o valora la preparación, el mérito y la capacidad de aquellos que quieren acceder a través del sistema de oposición.

-La propuesta era como la de cambiar las reglas del juego a mitad de partido.

-Es una opción política. Me parece muy bien que los sustitutos tengan formas de acceder, pero reitero que el actual sistema, desde mi punto de vista, es el más adecuado. El primer examen, por ejemplo, es un test. No se puede ser más objetivo. Son oposiciones muy muy duras. Yo he sido preparador. Y también he visto la gente que accede y que algunas cosas que se dicen no se corresponden con la realidad.

-¿Por qué está esa idea tan instalada de que los opositores proceden de familias con tradición en la judicatura o de un nivel económico medio alto? 

-Bueno, entiendo que eso es la narrativa de algunos a quienes les interesa. Pero eso no se corresponde con la realidad, tal y como demuestran los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Por ejemplo, la mayoría no tiene a ningún miembro del Poder Judicial entre sus parientes.

-Jueces y fiscales recientemente hicieron huelga. ¿Usted apoya una medida como esa?

-Nosotros apoyamos las reivindicaciones de quienes hicieron la huelga.

-Sí, sí, las reivindicaciones son una cosa, pero le pregunto por el hecho de que se manifiesten los jueces y fiscales.

-A esto ya dio respuesta el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que dictaminó que la huelga de jueces y magistrados carece de regulación legal. Eso no quiere decir que la huelga sea ilegal o que esté prohibida, que son cosas distintas.

-Otro asunto de reciente polémica, los fallos en las pulseras para controlar maltratadores. ¿Le constan problemas en este sentido?

-Ha habido algunas disfunciones, pero desconozco la entidad o magnitud de las mismas. La violencia de género es una lacra que tenemos que atajar o minimizar. Necesitamos que los medios que se ponen a nuestro alcance funcionen incluyendo los telemáticos de control.

-Los titulares de los juzgados de violencia de género también están en pie de guerra con la reforma que aumenta su carga de trabajo al asumir nuevos delitos.

-Somos conscientes de la inquietud y de la preocupación que suscita esto. Pero hay una ley y hay que cumplirla. Nadie duda de la finalidad loable que tiene, que es dar respuesta rápida y especializada a un fenómeno delictivo, como es la violencia sexual. Nos corresponde estar atentos a las posibles disfunciones que se produzcan. De hecho, hemos impulsado algunas medidas de refuerzo.

-Cambiemos de asunto. Aquí, en determinados casos donde confluyen políticos e investigaciones judiciales, se utiliza el término lawfare. Y nos encontramos con partidos políticos que denuncian la existencia de este fenómeno. ¿Qué piensa de estas declaraciones?

-El lawfare es una manera interesada de insinuar que los jueces actúan por intereses políticos. Es algo completamente injusto y que socava y erosiona el Estado de Derecho. Las críticas a decisiones judiciales pueden y deben hacerse, la crítica constructiva es siempre bienvenida. Lo que no debemos aceptar es una deslegitimación injusta y desde luego una imputación de interés político sin pruebas. La independencia judicial no es un privilegio corporativo, sino que es una garantía que tiene todo justiciable de que su causa va a a ser juzgada con imparcialidad, sin presiones, sin interferencias. Y el resto de poderes del Estado tienen también la obligación de preservar esta independencia.

-Me he anotado el término deslegitimación injusta. ¿Cree que eso está ocurriendo, por ejemplo, con la jueza de la Dana?

-Si pasamos a casos concretos... En realidad yo no puedo hablar de temas que están judicializados, no es correcto. Los jueces ejercen su función jurisdiccional con total independencia. Tenemos que procurar darles todas las facilidades para que desarrollen su trabajo. En definitiva, todos estamos sujetos a la crítica, lo que no se puede es tolerar el insulto.

-¿Qué piensa de las macrocausas? Hay magistrados críticos con la separación en piezas de estas investigaciones. En la Ciudad de la Justicia tenemos asuntos en instrucción siete y ocho años. No es ni justo para los propios investigados.

-No conozco las instrucciones en concreto y y tampoco tengo todos los elementos de juicio para decir cuáles son las causas por las que puede haber una percepción de la demora, que pueden ser muchas, desde la propia complejidad, el número de investigados, la actuación procesal... Si nosotros tuviéramos más medios y menos asuntos, pues quizá podrían dedicarse mejor.

-Hablábamos antes de las críticas de los políticos a magistrados, esta semana ha causado sorpresa la reflexión del juez del caso Ábalos acerca de que el diputado siga ocupando su escaño.

-Entiendo que llame la atención y no hay más que ver todo lo que se está diciendo a propósito de ello. Lo que ocurre es que eso está incluido en una decisión jurisdiccional y ahí no debo entrar.

-Pasemos a las sedes judiciales en la Comunitat. ¿Es necesaria una segunda Ciudad de la Justicia?

-Los espacios en la actual Ciudad de la Justicia están prácticamente agotados, de manera que si recibimos -tal y como como esperamos- nuevas plazas judiciales, no sé si las vamos a poder ubicar. Además, el edificio alberga una serie de servicios o departamentos que son ajenos a la actividad jurisdiccional.

-¿Y la reforma del histórico edificio del Tribunal Superior de Justicia en el Parterre?

-Hay dos dependencias que deben ser emblema de las infraestructuras en la Comunitat y que espero que estén cerca de culminarse: la del TSJ y la de la Ciudad de la Justicia de Alicante. Del primero no había duda que se necesitaba una reforma. Nos dijeron que íbamos a estar fuera dos años, pero llevamos siete. Esperemos que se cumplan los plazos que nos han trasladado (primer semestre de 2026). Esto ya no admite demora porque la dignidad de lo que es el Tribunal Superior de Justicia no se corresponde con un edificio como este -es un edificio de la Generalitat justo al lado de Les Corts que fue en su día sede de la Conselleria de Justicia- que puede tener cierta funcionalidad, pero se queda pequeño. No diré que los funcionarios están hacinados, pero sí 'apretaditos'. No disponemos, por ejemplo, de salas de vista lo suficientemente amplias.