El periodista señalado por la filtración del fiscal general afirma que accedió horas antes al correo

El máximo responsable de los 2.800 fiscales que componen la carrera profesional, garantes de la legalidad y la persecución de los delitos, ha escuchado desde estrados nuevos testimonios. El más importante para sus intereses ha sido el de un redactor de la Cadena Ser que aparece señalado en el auto de procesamiento como el receptor de la filtración del correo por parte del propio García Ortiz. Un mensaje de 2 de febrero de 2024 en el que la defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, en busca de un acuerdo de conformidad con el fiscal de su caso, asumía la comisión de dos delitos fiscales para evitar penas de prisión. Esta presunta filtración habría tenido lugar entre las 21:30 y 23:00 horas aproximadamente del 13 de marzo de 2024.

Como ya hiciera en la fase de instrucción, el redactor Miguel Ángel Campos, autor de la primera información que reproducía entrecomillados del email filtrado, ha asegurado al tribunal que tuvo acceso al correo varias horas antes de que le llegara al fiscal general. Ha detallado que un informante le dijo que fuera a su despacho para enseñarle la prueba de que González Amador estaba intentando llegar a un acuerdo con la Fiscalía. Entonces, según ha añadido, accedió sobre las 15:30 al edificio donde se encontraba su fuente y ésta le enseñó el email pero entonces no le dejó publicarlo. Otros tres periodistas ya mantuvieron la pasada semana que también accedieron al contenido de ese correo antes de que le llegara al fiscal general, a las 21:29 horas de ese mismo día.

Campos ha detallado que, una vez que El Mundo publicó la información tergiversada que decía que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador, su informante le permitió revelar, ahora sí, el contenido del mensaje que había visto horas antes. «Mi noticia revelaba la verdad. El secreto de las negociaciones ya estaba revelado por la noticia de El Mundo, que era falsa», ha manifestado el testigo.

Su información, incidió, contaba la realidad de lo que había ocurrido: fue la defensa de González Amador la que había ofrecido un pacto a la Fiscalía. «¿Esa fuente a la que está usted haciendo referencia es el fiscal general del Estado?», le ha preguntado la defensa del acusado. «No», ha contestado, rotundo, Campos.

De forma posterior ha comparecido otro periodista, José Manuel Romero, antiguo subdirector de El País. Ha declarado que, a raíz de que Ayuso comenzara a atacar al Ministerio Público por el caso de su novio, una «fuente de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid» le contó el contenido del email filtrado antes de que llegara a García Ortiz. El informador sitúa así la fuente fuera de la Fiscalía General del Estado. «Me dice no solamente que no hay una cacería (como decía Ayuso en su campaña de «intoxicación informativa»), sino que el abogado de González Amador ha presentado un acuerdo de conformidad, por el cual reconoce los delitos y propone el pago de una multa». «Tuve la información contenida en el email del 2 de febrero», ha remachado Romero, que ha insistido que no tuvo acceso al correo, pero sí a su contenido.

En la sesión de este martes también ha declarado el fiscal Agustín Hidalgo de Morillo, delegado de Protección de Datos de la Fiscalía General del Estado. Ha afirmado que «a falta de un protocolo claro de borrado o eliminación de los datos», los titulares de dispositivos móviles proporcionados a la Fiscalía tienen la «facultad» de borrar sus móviles para proteger la información, dado que esta tiene «un valor muy superior al del dispositivo que va a ser desechado». Respaldó así de forma parcial una de las líneas de defensa de García Ortiz, que eliminó sus mensajes telefónicos y los correos electrónicos porque poseía datos sensibles, aunque en el auto de procesamiento se considera esta acción como un elemento indiciario en su contra.

Hidalgo ha explicado que en el Ministerio Público no existe ese protocolo claro de eliminación de los datos, que eso corresponde a las «administraciones prestacionales» que proporcionan los dispositivos y que la unidad de apoyo de la Fiscalía «hace lo que puede porque no hay un protocolo claro de recogida» de esos móviles o dispositivos, como ya explicó la semana pasada su responsable, Esmeralda Rasillo. El usuario, por tanto, ha dicho Hidalgo de Morillo, «debe ser responsable y garantizar» la protección de los datos contenidos en el dispositivo.

El testigo ha explicado además ante el tribunal que analizó el contenido de la nota de prensa emitida por la Fiscalía para desmentir el bulo difundido por el equipo de Isabel Díaz Ayuso. Y ha remachado: «En mi opinión, esa nota no constituye una violación de seguridad». El Tribunal Supremo ya descartó que esa nota fuese delito por sí sola, pues todo el contenido que incluía ya había sido difundido antes por la prensa —y, por tanto, no existe un delito de revelación de secretos en ese comunicado—.

De la sesiones de la semana pasada se han escuchado testimonios favorables a los intereses del acusado. Dos periodistas certificaron que conocieron el contenido del correo electrónico antes que el fiscal general lo recibiera (a las 21.59 del 13 de marzo de 2024) para elaborar la citada nota de prensa publicada la mañana siguiente. Y la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, calificó de «exabrupto» la postura de su compañera Almudena Lastra, fiscal superior de la comunidad, por dirigir sin pruebas la acusación contra García Ortiz, con quien mantiene una «animadversión personal».

La jurisprudencia del Supremo sobre el delito de revelación de secretos señala que «cuando se revela un secreto, y más aún si el destinatario de lo revelado es un profesional de la información, el secreto o la información reservada ha dejado ya de serlo» y, por tanto, la obligación del deber de custodia de los funcionarios públicos ha desaparecido.

En el lado opuesto, el querellante González Amador no dudó en culparle de haberle «matado públicamente» por «reventar» su derecho de defensa, en línea con el testimonio de su abogado Carlos Neira o de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta regional Díaz Ayuso. Una estrategia perfectamente planificada para conseguir una condena en el Supremo que les permita plantear nulidades en las dos causas abiertas contra el denunciante en un juzgado de Madrid. En una de ellas será juzgado por doble fraude fiscal y falsedad documental.