El juez Peinado archiva la causa contra la alto cargo de Moncloa once días después de imputarla

El trámite fue brevísimo y extraño. El instructor comenzó por comunicar González, que es la secretaría General de Presidencia, que estaba formalmente investigada en la causa del tribunal del jurado en la que ya están encartados, entre otros, Gómez, Álvarez y el actual delegado del Gobierno en Madrid, Fran Martín, predecesor de Judit Alexandra González en su actual puesto. Y luego -después de que la investigada se aviniera a responder las preguntas del juez y de su defensa y que explicara que Cristina Álvarez no depende directamente de ella- Peinado, sin mayores trámites, sorprendió a propios y extraños al sacar de la causa a la alto cargo a la que hace menos de dos semanas acusaba de ser conocedora -o al menos haber tolerado- que su subordinada se dedicara a ayudar en su carrera profesional a la esposa del presidente.

Más allá de la extraña diligencia con González, el instructor tomó declaración como testigos en esta sesión dominical a Diego del Alcázar (presidente del Instituto de Empresa), Miguel Escassi (director de Relaciones Institucionales y Políticas Públicas de Google España) y el exvicerrector de la Complutense Juan Carlos Doadrio Villarejo.

González es la superior jerárquica de Álvarez desde marzo de 2023, parte del período en el que esta trabajadora pública se dedicó presuntamente a la gestión del día a día de la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que codirigía Gómez.

Tras recibir el aval el pasado octubre de la Audiencia Provincial de Madrid para seguir investigando la supuesta malversación en el empleo de Álvarez, Peinado el pasado 5 de noviembre convocó a Judit Alexandra González para informarle de que iniciaba contra ella una imputación por el procedimiento del tribunal de jurado. González, que pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado desde 2006 y que también fue directora del Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica de la Presidencia del Gobierno, es una de las integrantes del equipo de Moncloa claves en la organización de la vida diaria de Sánchez y su esposa.

Peinado, en su auto en el que imputó a González, atribuía a la dirección de la Secretaría General de la Presidencia el «conocimiento» de los «actos de carácter institucional sobradamente conocidos por su proyección mediata» de Gómez, quien «además lleva a cabo una labor de carácter privado en una universidad, en este caso la Universidad Complutense de Madrid».

De esa forma, sostenía antes de cambiar radicalmente de opinión este domingo, que se «puede cometer el delito de malversación, en la modalidad de comisión por omisión, por su posición de garante, impartiendo las correspondientes órdenes o instrucciones para que dicha persona», en alusión a Álvarez, la asesora de Gómez, «se abstuviera de continuar con esas labores de carácter privado».