De Gürtel al 'procés': los siete jueces de la sala que ha condenado al fiscal general
Del uno del escalafón al ponente de la sedición contra los líderes independentistas, cuatro de los integrantes del tribunal son de asociaciones judiciales y una llegó al Supremo tras investigar el 1-O
El tribunal que ha condenado a dos años de inhabilitación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos está compuesto en ... su mayoría por magistrados de amplia trayectoria y cuyas firmas han rubricado algunas de las sentencias más relevantes de los últimos años, con impacto directo en la vida política y social del país. La decisión de la sala no fue unánime, ya que de los siete magistrados que lo componían, cinco decidieron castigar al fiscal general y dos anunciaron que formularán votos discrepantes. Estos son los jueces que han intervenido en una sentencia de la que por ahora solo e conoce el fallo:
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Andrés Martínez Arrieta
El presidente de la Sala Segunda (Penal) y del tribunal juzgador será quien redacte la sentencia que argumentará la condena contra García Ortiz. Riojano de 70 años, es el número uno del escalafón de la carrera y contó con el aval de los diez vocales del sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a los que se sumaron cinco progresistas, para entregarle la dirección del órgano que investiga a los aforados en el Supremo. Fue fundador de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, ubicada en el espectro moderado, y el padrino en su toma de posesión como presidente de Sala fue Manuel Marchena, otro de los integrantes del tribunal. Fue ponente de la sentencia que mantuvo la inhabilitación de Arnaldo Otegi hasta 2021 y formó parte del órgano que juzgó y condenó a prisión a los líderes del 'procés'.
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Ana Ferrer
Rompió el techo de cristal al convertirse en la primera mujer en acceder a la Sala de lo Penal hace 11 años. Forma parte de la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia, el colectivo progresista, y formó parte también del tribunal que juzgó y condenó por sedición a los responsables del 'procés'. Madrileña de 66 años, en julio de 2024 rompió la unanimidad del tribunal en esta causa tras discrepar de la decisión de no amnistiar el delito de malversación tras la reinterpretación de sus compañeros. Una postura que coincidió en el tiempo con la negativa del sector conservador del CGPJ a que presidiera la Sala Segunda y, de forma posterior, el Supremo y el Consejo en pleno bloqueo de las negociaciones entre PSOE y PP.
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Manuel Marchena
Es el «tótem supremo», la persona con mayor influencia en la Sala, a la postre fue su presidente durante una década (2014-2024) y la persona que dirigió y redactó la sentencia del 'procés'. Padrino en la toma de posesión de su sucesor Martínez Arrieta, este canario de 66 años no está adscrito a ninguna asociación de jueces y llegó a ser el candidato de consenso entre PSOE y PP para presidir el CGPJ en 2018. Sin embargo, en un ejercicio de independencia, acabó renunciando después de que se filtrara un mensaje de un senador popular en el que justificó el resultado de la negociación para «controlar desde atrás» la Sala Segunda. En abril de 2024, rechazó admitir una querella del PP contra García Ortiz por un delito de prevaricación en el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala, su antecesora al frente de la Fiscalía General. En aquel tribunal estaban otros cuatro magistrados que han juzgado al ahora condenado.
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Juan Ramón Berdugo
Lleva más de dos décadas en la Sala Segunda, después de que lo nombraran los vocales conservadores del CGPJ procedente de la Audiencia Provincial de Córdoba. Miembro activo de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), conservadora y mayoritaria en la carrera, este vallisoletano de 71 años (le quedan nueve meses para jubilarse de manera forzosa) fue el ponente de la sentencia que ratificó la condena al PP por lucrarse con la trama Gürtel. También integró el tribunal del 'procés' y, en febrero de 2024, encausó a Puigdemont por terrorismo en el 'caso Tsunami Democràtic', donde se investigaban las protestas y disturbios que siguieron, en octubre de 2019, a la sentencia del Supremo, pero que acabó archivándose.
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Susana Polo
Fue la ponente del auto que en octubre de 2024 acordó encausar al fiscal general del Estado. Integrante de la Sala Segunda desde 2018, antes fue la coordinadora nacional de la especialización en materia de violencia de género de los jueces. Procedente del del Tribunal Superior de Madrid, está adscrita al sector progresista y suscribió, junto a su compañera Ana Ferrer, un duro voto particular contra la sentencia que confirmó la condena por malversación al expresidente de la Junta José Antonio Griñán por los ERE. Madrileña de 66 años, también fue autora de otro voto particular que criticó la condena a Alberto Rodríguez, entonces parlamentario y dirigente de Unidas Podemos. En su anterior destino instruyó la causa contra el juez Elpidio Silva por filtrar los correos del que fuera presidente de Cajamadrid Miguel Blesa.
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Antonio del Moral
Fiscal de carrera como Marchena y número uno de su promoción, llegó al alto tribunal en 2012 por el turno correspondiente a juristas de reconocida competencia, tras el aval de los vocales conservadores del CGPJ. También formó parte del tribunal que juzgó el 'procés' y es reconocido entre sus compañeros como uno de los magistrados con mayor técnica jurídica. Está vinculado al Opus Dei y a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Fue el único integrante de la sala que participó en junio pasado en el paro convocado por jueces y fiscales a las puertas del Supremo contra las reformas legales del Gobierno.
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Carmen Lamela
Llegó al Supremo en 2018 desde un juzgado de instrucción de la Audiencia Nacional, donde investigó el 'procés' antes de que el alto tribunal asumiera la causa. Fue la primera en encarcelar de forma preventiva a varios dirigentes independentistas, incluido el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras. También dictó la primera orden internacional de detención contra Carles Puigdemont cuando se confirmó que habían salido de España y no iban a presentarse a declarar ante la jueza. Lamela fue también quien procesó a quien fuera mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, quien finalmente resultó absuelto. No forma parte de ninguna asociación profesional, pero su meteórico ascenso desde un juzgado de instrucción estuvo respaldado por el sector conservador del CGPJ.
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