El Gobierno autoriza a la Generalitat a pedir un préstamo de 1.816 millones para pagar a proveedores

Con esta decisión, el Gobierno central autoriza una operación financiera que permitirá al Ejecutivo autonómico saldar pagos atrasados antes de que acabe el mes de julio. La iniciativa ha sido defendida en las últimas semanas por la consellera de Hacienda, Ruth Merino, como una «vía alternativa imprescindible» para sostener el funcionamiento de los servicios públicos esenciales ante el bloqueo del extra FLA, que tradicionalmente se transfería en verano.

La operación se articulará mediante préstamos bilaterales a corto plazo, de un año de duración, con un coste estimado equivalente al tipo del Tesoro más 25 puntos básicos. Aunque los intereses serán previsiblemente más elevados que los del FLA, la Generalitat considera que esta es la única salida viable en estos momentos para evitar un colapso presupuestario.

Las entidades que participarán en este préstamo serán CaixaBank con 1.616 millones, y Sabadell junto con Kutxabank aportando 100 millones cada uno.

El Consell ha denunciado públicamente el abandono financiero por parte del Gobierno central, recordando que el actual sistema de financiación autonómica, vigente desde 2009, lleva más de una década caducado. A ello se suma la supresión del extra FLA y el rechazo a reasignar fondos europeos para paliar los efectos de la última dana, decisiones que desde el Ejecutivo de Carlos Mazón consideran motivadas por razones políticas.

La aprobación de esta operación por parte del Consejo de Ministros no implica la resolución definitiva del problema. La autorización tiene carácter transitorio, ya que se ha condicionado a su cancelación cuando se apruebe la financiación a largo plazo del déficit de 2024. Esto podría materializarse en una futura activación del extra FLA, aunque por ahora no hay fecha para ello.

Mientras tanto, el Consell ha puesto en marcha un plan interno de revisión del gasto público, con el que busca eliminar partidas consideradas no prioritarias. Carlos Mazón ordenó a finales de junio a todas las consellerias presentar propuestas para recortar lo que calificó como «gasto superfluo», en un intento de contener el déficit, que en 2024 alcanzó los 4.589 millones de euros, una de las cifras más elevadas en la historia de la Generalitat.

La autorización del préstamo se ha concedido en virtud del artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) y del artículo 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), y solo podrá cubrir operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2025. Se trata, por tanto, de una medida limitada en el tiempo y sujeta al cumplimiento estricto de su carácter transitorio.

La portavoz del gobierno, Pilar Alegría, ha añadido que esta decisión «traslada el compromiso entre el gobierno con la Comunidad Valenciana». En ese sentido, recuerdan que en 2025 se han asignado ya más de 8.300 millones de euros a la Generalitat a través del Fondo de Financiación, incluyendo fondos extraordinarios para hacer frente a los efectos de la dana.