Una Fiscalía General en zozobra: cuatro dimitidos, un destituido, un muerto en el cargo y ahora el hito del primer enjuiciado

Hace dos meses, el 9 de septiembre, el magistrado del alto tribunal Ángel Hurtado oficializó que Álvaro García Ortiz -el primer responsable de la Fiscalía General, también, en haber sido considerado «inidóneo» para el cargo por el anterior Consejo General del Poder Judicial- tendrá que pasar por el muy mal trago del banquillo y, por tanto, de una posible condena por haber violentado presuntamente el deber de reserva sobre un justiciable. No uno cualquiera: Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid y látigo del sanchismo, Isabel Díaz Ayuso. Lo que comenzó como una investigación de tantas a un desconocido contribuyente, que ha acabado procesado por fraude tributario sabiéndose ya con quién está emparejado, ha acabado con el fiscal general enjuiciado por supuesta revelación de información confidencial del sospechoso.

El 'caso García Ortiz' ha dejado al descubierto, en paralelo, la imposibilidad de remover de su puesto a la máxima autoridad del Ministerio Público ante semejante tesitura, salvo que sea él quien opte por apartarse; una salida que le ha exigido la oposición política y buena parte de la carrera fiscal, en vano. Los legisladores de la Transición no previeron -cómo iban a hacerlo- que el jefe de los acusadores del Estado pudiera incurrir hipotéticamente en comportamiento delictivos. Y la Fiscalía encara así un hito sin precedentes en una institución por cuya dirección han pasado 17 togados desde 1978 y sobre cuya independencia, resguardada por el espíritu constitucional, han planeado siempre las tormentas del intervencionismo político.

En el tránsito de la dictadura a la democracia, la responsabilidad de la Fiscalía General la asumió alguien cuyo perfil se ajustaba al signo de los tiempos. Juan Manuel Fanjul, nacido en Melilla como hijo del general Joaquín Fanjul, uno de los golpistas de 1936 fusilado por los republicanos, ejerció como procurador en las Cortes franquistas antes de ser orillado por el régimen por su orientación monárquica. Afiliado en la Transición a UCD, el Gobierno de Adolfo Súarez le adjudicó la jefatura del Ministerio Público. Duró poco -de 1978 y 1980-, inaugurando la concepción de la Fiscalía General como una suerte de máquina trituradora. O de silla eléctrica.

Reconocido jurista, diputado por UCD y miembro de la Comisión Constitucional del Congreso, fue el fiscal general en una época con la democracia coaccionada por el 'ruido de sables' que cristalizó en el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Prueba de que aquella fue otra época, Alfonso Guerra glosaría años después su «serenidad constructiva» en un obituario publicado en El País.

El suyo fue un mandato más duradero -de 1982 a 1986-, pero el primer fiscal general en los 14 años de Gobierno de Felipe González fue el primero, también, en renunciar al puesto en democracia por, según cuentan las crónicas, el disgusto que le supuso al líder del PSOE que el Ministerio Público se querellara contra Jordi Pujol por el 'caso Banca Catalana'. Burón se tomó su dimisión con retranca, escudo al que no ha sido el único en recurrir en el cargo: «Nadie debe escandalizarse por lo que sería una eventualidad siempre previsible».

Fallecido el pasado 16 de julio, bajo alabanzas a su figura, ejerció la máxima responsabilidad de la Fiscalía entre 1986 y 1990 tras haber dado el salto al cargo desde el Ministerio de Presidencia en el que acompañó a González tras el arrollador triunfo del PSOE en las urnas que sellaba el final de la Transición. Fue el muñidor de los populares 'moscosos', los días de libre disposición para los funcionarios públicos.

Militante socialista desde el tramo final de la dictadura y quien comandaría años más tarde el PSOE en Castilla-La Mancha, fue otro de los fiscales breves, del 90 al 92. En ese breve lapso, presentó dos veces su renuncia, en la segunda ocasión aceptada por el Gobierno. El detonante fue el choque del Consejo Fiscal con el entonces ministro de Justicia, Tomás de la Quadra-Salcedo, por las carencias que soportaban los acusadores públicos.

Tampoco superó los dos años en la picadora de la Fiscalía General. Eligio Hernández, quien sostiene hoy que Álvaro García Ortiz debería apartarse de sus funciones para no contaminar a la institución con su enjuiciamiento, se vio forzado a renunciar en 1994 en puertas de que el Supremo lo removiera... por una falla en su currículum. El Gobierno de González coló como mérito para sustentar la elección de Hernández, juez de carrera, que éste, militante socialista, había desempeñado funciones asimilables mientras fue gobernador civil de Santa Cruz de Tenerife y delegado del Gobierno en el archipiélago; un argumento que asumió el Consejo General del Poder Judicial para avalar su nombramiento. El Supremo se disponía a anularlo, tras la denuncia de dos asociaciones de fiscales, cuando el interpelado abandonó el palacio de Fortuny.

Su mandato, también exiguo, terminó con la salida de los socialistas de Moncloa para dar paso al PP de José María Aznar. En los estertores del felipismo, sacudido por los escándalos de los GAL y el uso de los fondos reservados, Granados puso en marcha el germen de la hoy Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

El primer fiscal del Estado de la 'era Aznar' tuvo un paso tan efímero por la distinción como un embarazo. Ortiz Úrculo tuvo que dejar su despacho apenas nueve meses después de asentarse en él, destituido por el Gobierno ante su negativa a irse -el Ejecutivo aún podía hacerlo entonces- y tras tener que lidiar, entre otras cosas, con la crisis de los llamados 'fiscales rebeldes' en la Audiencia Nacional. «Estoy solo ante el peligro», llegó a confesar el sacrificado, ante el paulatino y perceptible abandono de su confianza por parte del Ejecutivo.

El recambio de Ortiz Úrculo decidido por Aznar fue un fiscal vallisoletano que había ejercido 37 años en una de las audiencias más delicadas del país, la de Bilbao. Miembro del Opus Dei y casi alérgico a los focos, Cardenal alineó a la Fiscalía del Estado con la estrategia para combatir a ETA y su entorno, que en los 90 habían desplegado su demoledora «socialización del sufrimiento». Los casi siete años en los que perduró, él sí, en su puesto coincidieron con la aprobación de la Ley de Partidos y los procesos de ilegalización de las distintas marcas electorales de la extinta Herri Batasuna.

Si Cardenal demostró su resistencia, no le fue a la zaga el hoy presidente del Tribunal Constitucional, al que el socialista José Luis Rodríguez Zapatero nombró fiscal general en abril de 2004 y que se fue con él en diciembre de 2011. Más de siete años que erigen a Conde-Pumpido en el más duradero de los jefes del Ministerio Público en democracia. De este período es el cambio legal por el que el Gobierno solo puede remover al fiscal general de turno por incumplimiento grave y tasado de sus funciones.

El quizá más conocido popularmente de los fiscales generales -un cinéfilo que intervenía en la tertulia en TVE de José Luis Garci- estuvo al frente del departamento tres años, jalonados por acontecimientos como el cese definitivo de la violencia de ETA, el inicio de la efervescencia independentista en Cataluña y el estallido de la 'trama Gürtel'. Con las investigaciones de la macrocausa que señalaba al PP como telón de fondo, Torres-Dulce terminó ejecutando su dimisión, tras varios amagos, por sus desavenencias con el Gobierno de Mariano Rajoy.

Tras desempeñar diferentes responsabilidades bajo la dirección de Granados, Conde-Pumpido o Torres-Dulce, Madrigal pasará a la historia como la primera fiscal en encabezar a sus colegas en España. El cargo, eso sí, también le duró poco: menos de dos años, tras los que Rajoy, reelegido presidente con una precaria mayoría después del bloqueo de 2016, no la renovó en el puesto. Madrigal forma parte del grupo de cuatro acusadores públicos en el juicio a los líderes del 'procés' y hoy está enfrentada, como ellos, a García Ortiz por el apoyo de éste a la amnistía para los encausados por la intentona secesionista.

Los hechos excepcionales que jalonan la Fiscalía General se nutrieron en noviembre de 2017 con el fallecimiento, por una repentina y letal infección en Buenos Aires mientras participaba en unas jornadas oficiales, de José Manuel Maza. Apenas llevaba un año en el palacio Fortuny, tiempo suficiente para verse reprobado por el Congreso. A él se debe la equiparación del Ministerio Público con «la parrilla de San Lorenzo, que primero te ponen de un lado y luego de otro».

Es el fiscal general que menos ha permanecido al frente de sus competencias, los seis meses que mediaron entre su toma de posesión en diciembre de 2017 y la moción de censura del junio siguiente por la que Sánchez desbancó a Rajoy.

El mandatario socialista se inclinó por otra mujer para estrenar el nuevo período en la Fiscalía General, con un tránsito de apenas año y medio. Voces del sector conservador de la carrera reconocen a Segarra su voluntad de independencia y haberse ganado una autoridad de la que no goza García Ortiz. Ella y su predecesora Madrigal firmaron en enero el escrito en el que una parte notable de la cúpula fiscal reclamaba ya a su mando jerárquico que dimitiera por su encausamiento en el caso del novio de Ayuso.

Aunque Moscoso también pasó de ministro a fiscal general, el salto de Dolores Delgado desde un departamento directamente concernido como Justicia al Ministerio Público, ejecutado por Sánchez al comienzo de su segundo mandato, provocó una escandalera cuyos efectos aún colean. Especialmente porque fue Delgado quien patrocinó a su amigo García Ortiz para que la sustituyera al frente de los acusadores públicos. Y porque éste ha tratado después de ascender a su mentora con propuestas de nombramiento que el Supremo ha llegado a tumbar por «desviación de poder», el eufemismo jurídico del enchufismo.