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Inmueble de la calle Embajador Vich. juan j. monzó

De empresa investigada a apartamento turístico en pleno centro de Valencia

Uno de los detenidos en el caso Avialsa oferta la sede de su firma, en pleno centro de Valencia, como piso de alquiler | El inmueble, ubicado en Embajador Vich, acogió a Aeronur, una de las mercantiles salpicadas por el supuesto amaño de contratos en este caso

JC. F. M.

VALENCIA.

Miércoles, 1 de agosto 2018, 23:03

La sede de Aeronur, una de las empresas salpicadas en la investigación del caso Avialsa, se alquila ahora como apartamento turístico en Airbnb, una plataforma dedicada a la oferta de alojamientos a particulares. El propietario es Ignacio de Julian Mínguez, un arquitecto cuyo nombre aparece vinculado a tres de las firmas investigadas en la trama -Aeronur, Aeronurmas y Aviarq-, detenido en la operación policial de mayo de 2015 y que figura como imputado en la trama que investiga ahora en la Audiencia Nacional el supuesto amaño de contratos en la adjudicación del servicio de aviones para la extinción de incendios.

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Aeronur es una empresa constituida en marzo de 2002 y que tiene por objeto los «servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico». Ignacio de Julián Mínguez figura como administrador único de la empresa -que en la actualidad tiene su sede en la calle San Vicente Mártir, aunque conserva el número de teléfono de cuando estaba ubicada en la calle Embajador Vich-.

Esa dirección inicial, la de Embajador Vich, aparece por ejemplo en un trabajado elaborado para el Ayuntamiento de Petrés en octubre de 2009, el plan de participación pública del estudio de paisaje incluido en el PGOU de esta localidad. El estudio lo firman Aeronur y Aviarq, firma en la que aparece como consejero Fernando Alandí, exgerente de Avialsa y denunciante del caso. De julián Mínguez fue consejero delegado de Aviarq -una firma dedicada a los 'servicios técnicos de arquitectura' y que se encuentra ya disuelta-.

De Julián Mínguez aparece como vinculado a tres de las empresas investigadas en el caso Avialsa

Ese estudio identifica la dirección exacta: el número 13 de la calle Embajador Vich y la puerta 11. Y esa es exactamente la dirección que figura en uno de los apartamentos que Airbnb ha venido ofertando en su página web. El anuncio lo hace el propio Ignacio de Julián, que se presenta como «apasionado de mi ciudad, soy guía turístico acreditado y profesor de español. Así que ¿con quién mejor te puedes alojar para conocer Valencia? Disfruto mucho de mostrar a los visitantes los rincones y encantos ocultos de la ciudad. Especialista en historia del arte, pero también en los locales, restaurantes y barrios más auténticos de la zona».

De Julián define el inmueble como un «apartamento enorme con una localización inmejorable, entre la Estación del Norte y el Ayuntamiento. Es una sexta planta con vistas estupendas. En una calle peatonal llena de vida y lugares donde comer o tomar algo». En la propia plataforma de alquiler de apartamentos figuran reseñas que valoran el inmueble correspondientes al pasado mes de mayo. La información que figura en el colegio de registradores de la propiedad a la que ha tenido acceso este diario confirma que De Julián Mínguez es el propietario de la vivienda ubicada en el número 13 de Embajador Vich, puerta 11.

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Señalado como testaferro

El nombre de De Julián Mínguez aparece como uno de los imputados en la trama. La investigación sitúa a tres de las firmas con las que ha tenido relación -la propia Aeronur, Aviarq y Aeronurmas- como empresas vinculadas al exdirector de la Agencia Española de Seguridad Aérea (Aesa), Salvador Alepuz. De Julián es uno de los ingenieros que estaba a las órdenes de Alepuz y la investigación lo considera su testaferro.

Hace ahora un año, el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional se declaró competente para investigar lo que en algunos ámbitos se ha denominado como el 'cártel del fuego', una trama que presuntamente habría amañado contratos para la extinción de incendios en la Comunitat Valenciana y otras autonomías, y en la que se habrían podido defraudar más de 100 millones de euros. Los delitos que se investigan son falsedad, cohecho, malversación, prevaricación, negociación prohibida, pertenencia a grupo criminal y alteración del precio de concursos públicos.

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