Decenas de resoluciones frente a la falta de claridad, atascadas

La memoria del Consejo de Transparencia sobre su actividad en 2020 indica que se procedió a la apertura de un total de 255 expedientes. Frente a eso, la actividad del organismo se llevó a cabo, principalmente, a través de la emisión de 182 resoluciones correspondientes a expedientes abiertos durante los años 2019 y 2020. En lo que respecta a las reclamaciones pendientes de resolución, se contabilizan 121 presentadas en el año 2020. Eso supone que el consejo emitió un fallo en relación a 134 expedientes abiertos durante el ejercicio pasado, prácticamente la mitad.

En ese mismo informe se advierte de que la falta de medios personales y materiales ha impedido al Consejo abarcar mayor actividad. Teniendo en cuenta que el 37% de las reclamaciones que sí fueron resueltas se hizo a favor de los que demandaban más documentación a la Administración, y de que otro 17% daban la razón parcialmente al denunciado, es evidente que entre el más de un centenar de expedientes que han quedado sin resolver hay decenas de casos de opacidad que no se han hecho público.

La memoria señala, literalmente: «Desde la puesta en marcha del Consejo de Transparencia, se han evidenciado dificultades en el funcionamiento debido a un diseño inadecuado en la ley en cuestiones tales como la dependencia orgánica, personalidad jurídica, número de consejeros y su dedicación, etc... Estas dificultades siguen presentes y nuestra dependencia orgánica de la actual Conselleria de Transparencia (...) ha sido utilizada por ésta para restringir el desarrollo del Consejo de Transparencia e impedir su potenciación».

La nueva Ley de Transparencia pretende mejorar la situación de este organismo. No obstante, hasta que esto ocurra, los potenciales casos de opacidad continúan sin conocerse ni resolverse.