Las comunidades del PP plantan a Aagensen en un foro por el pacto de estado climático

En una declaración firmada por todos los consejeros de Medio Ambiente de las comunidades del PP, a la que ha tenido acceso este periódico, éstos muestran su desacuerdo con el marco planteado por el Gobierno por considerarlo «insuficiente, unilateral y desalineado» con la realidad competencial y territorial de España. En su opinión, es necesaria «una política global coordinada en términos de competencia y competitividad» por lo que rechazan el «planteamiento propagandístico» del pacto propuesto por Sánchez y apuestan por una respuesta «seria» centrada en «la adaptación, la prevención, la dotación de medios, la reforma legal y el impulso a las economías rurales, con seguridad jurídica y neutralidad tecnológica».

Los 14 consejeros se reafirman en su petición de una cogobernanza «real y efectiva» a través de la Conferencia Sectorial, actas públicas, cronogramas cerrados, grupos técnicos operativos por materias y un sistema de rendición de cuentas verificable, así como el establecimiento de una periodicidad bianual en la convocatoria del Consejo Nacional de Protección Civil. Exigen también rediseñar el Plan Nacional de Adaptación con «metas cuantificables, hitos temporales y transparencia presupuestaria»; reclaman un panel público de indicadores comparable por comunidades (incendios, agua, olas de calor, biodiversidad, costes para familias y empresas) y una revisión bianual independiente de resultados y costes.

Los gobiernos autonómicos del PP defienden una mayor dotación por parte del Estado y coordinación con las comunidades y ayuntamientos. Para ello, exigen un «programa plurianual de inversión en medios nacionales contra incendios», que incluye la restitución de la flota de hidroaviones y helicópteros; la reposición de depósitos y capacidad de descarga, así como el mantenimiento, repuestos y base industrial. Reclaman también cartografía y «mapa vivo» de todos los medios públicos y privados disponibles en España o un centro nacional de coordinación 24/7 con protocolos unificados, simulacros conjuntos y una bolsa estatal de refuerzos para picos de riesgo. El Gobierno de Sánchez, insisten en la declaración, «debe asumir su responsabilidad financiera y de liderazgo», sin trasladar el coste y su responsabilidad a las autonomías y ayuntamientos«.

Los consejeros inciden en que es urgente modernizar el Sistema Nacional de Protección Civil, además de una reforma de la Ley de Montes para facilitar tratamientos selvícolas, aprovechamientos madereros y ganadería extensiva que reduzcan combustible; así como incentivos que hagan viables las economías del monte y fijen población. Reafirman el papel del sector primario en la gestión del territorio y la reducción de riesgos, además de reclamar «políticas viables» que devuelvan rentabilidad a las explotaciones, servicios públicos y vivienda, así como articular «una política fiscal» que incentive las actividades económicas en el medio rural.

A punto de cumplir el primer aniversario de la dana, las comunidades del PP hacen hincapié en la ausencia de un Plan Nacional del Agua orientado también a la prevención de inundaciones y al aprovechamiento de un recurso estratégico. «Exigimos activar las obras previstas en los planes hidrológicos y de riesgo de inundación, combinadas con soluciones basadas en la naturaleza allí donde salvan vidas y bienes, e impulsar la economía circular del agua con asistencia técnica y financiera a los municipios», recoge la declaración. Los 14 consejeros autonómicos piden la activación también del Fondo Social por el Clima gestionado de manera coordinada.

Por todo lo anterior, solicitan al MInisterio de Aaegesen la inclusión de esta declaración en el acta de la próxima Conferencia Sectorial; la paralización del pacto gubernamental «hasta acordar un marco de cogobernanza real»; la activación inmediata de grupos técnicos operativos y la entrega previa de memorias económico financieras e indicadores territoriales, y, por último, «la negociación de un Acuerdo por la Adaptación y el Buen Gobierno de las Emergencias, con financiación estable y criterios objetivos».