Las comunidades comienzan a solicitar la zona catastrófica que el Gobierno aprobará el martes

Entre las comunidades que ya han solicitado o están a punto de hacerlo se encuentran Extremadura, Castilla y León y Asturias, mientras que Galicia también se encuentra en situación crítica y se espera que presente su petición en los próximos días. Se unen, así, al anuncio que realizó la semana pasada la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, respecto a la superficie afectada por el incendio en el municipio de Tres Cantos.

Otras regiones que, con toda probabilidad, se sumarán a estas solicitudes son Andalucía, que sufrió un grave incendio en Tarifa, y la Comunidad Valenciana, que todavía está luchando contra unos fuegos que se encuentran «controlados», pero no extinguidos.

La declaración como zona catastrófica implica una mayor agilidad a la hora de acceder a ayudas directas, pero también la opción de poner en marcha medidas fiscales como la exención del IBI para viviendas, explotaciones y negocios dañados o la puesta en marcha de moratorias en el pago de cotizaciones para autónomos y empresas.

Entre las medidas que pueden aplicarse tras la declaración se encuentran ayudas económicas directas a particulares por daños en su vivienda habitual; a los ayuntamientos para gastos en actuaciones de carácter urgente; y a empresas, explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales o pesqueras afectadas como subvenciones para infraestructuras municipales y carreteras o préstamos preferenciales del ICO. También pueden aprobarse soluciones fiscales como la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para viviendas, explotaciones y negocios dañados o la reducción del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) para empresas y negocios afectados, así como la exención de tasas de tráfico, las devoluciones fiscales en caso de haber pagado impuestos, ayudas personales exentas de IRPF o la opción de reducir índices de rendimiento neto en explotaciones agrarias.

Al mismo tiempo, pueden decretarse medidas laborales o de seguridad social como ERTEs por fuerza mayor con exoneración de cuotas a la seguridad social, indemnizaciones abonadas por el Fogasa en caso de despidos,a opción de cobrar prestaciones por desempleo incluso sin cotización suficiente o moratorias en el pago de cotizaciones para autónomos y para empresas.