La Abogacía del Estado pide tres años y nueve meses de cárcel para el novio de Ayuso

La Abogacía del Estado también reclama prisión para los empresarios que emitieron las facturas falsas que supuestamente permitieron a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid pagar menos en el Impuesto de Sociedades. Para el mexicano Maximiliano Niéderer solicita dos años y para los tres empresarios sevillanos ( David Herrera y los hermanos José Miguel y Agustín Carrillo) un año para cada uno, ya que la cuantía de las facturas que éstos emitieron eran menores.

El pasado 29 de mayo, la jueza Inmaculada Iglesias dictó un auto de pase a procedimiento abreviado (el equivalente al procesamiento) contra González por dos fraudes fiscales en los ejercicios 2020 y 2021 y por falsificación de documentos mercantiles para cometer esas irregularidades fiscales.

Iglesias cerró así la investigación sobre el posible doble fraude, que era la pieza principal de esta causa en la que se indaga la evasión de 350.951 euros, pero seguirá instruyendo la pieza separada en la que la pareja de la presidenta está imputado por corrupción en los negocios y administración desleal por el pago de supuestos sobornos al grupo Quirón.

La instructora Iglesias, en esencia, consideró ciertas las conclusiones de la Agencia Tributaria (ratificadas el pasado marzo por dos inspectoras) de que González Amador se dedicó a endosar gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades que no se correspondían con servicios realmente prestados (de ahí la acusación también de falsedad en documento mercantil) con la finalidad de ingresar en el erario público menor cantidad de la que le correspondía abonar por el Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021.

El pasado jueves, la jueza Inmaculada Iglesias rechazó el último intento del novio de Ayuso de esquivar el banquillo, al rechazar su recurso contra su procesamiento de mayo. Según la instructora, existen «claros indicios» de que González Amador se dedujo gastos con facturas falsas.

La jueza, en dos autos diferentes, rechazó de plano la pretensión del empresario de no llevarle a juicio y aseguró que no se ha producido «ninguna indefensión» por la denegación de diligencias solicitadas a última hora por la defensa del imputada, que Inmaculada Iglesias insistió en considerar «innecesarias» e «inútiles» en la fase de instrucción al existir «indicios suficientes de participación de los investigados en los hechos imputados».