Ábalos dispara contra Sánchez ante la vista en el Supremo que le asoma hoy a la cárcel

La primera arremetida pilló a la número dos del Ejecutivo, María Jesús Montero, contestando a los medios en los pasillos del Congreso sobre cuestiones varias, entre ellas, la obvia dificultad de aprobar las primeras Cuentas tras dos años de legislatura en blanco, visto el rechazo rotundo que hoy volverá a expresar Junts en el pleno. «Eso lo dirán aquellos que siempre son agoreros, ¿no?», trató de zafarse.

Su cara evidenció desconcierto al conocer que Ábalos había asegurado, que, según le contaron «fuentes presenciales», Sánchez y Arnaldo Otegi sí se reunieron en 2018 en un caserío del País Vasco para negociar la moción de censura, como publicó 'El Español' el lunes. Una cita teóricamente muñida por el socio de Santos Cerdán en Servinabar, Antxon Alonso. 

Montero esgrimió que Sánchez fue «muy claro» al desmentir esa información, que en el Ejecutivo atribuyen al exasesor del Ábalos, Koldo García Izaguirre, supuesto chófer del encuentro;defendió que entre la versión del presidente del Gobierno y la que puedan ofrecer personas que están procesadas no tiene duda de a quién se debe creer, y trató de mostrar tranquilidad con la actitud que ahora pueda adoptar quien fue número tres del PSOE, a quien en su antiguo partido presumen «dolido» y «afectado» por la amenaza de prisión en la que lo ha situado la petición de 24 años de cárcel de Anticorrupción.

«No tenemos nada que esconder de ningún tema, de ninguna materia, y por tanto cualquier cosa que el señor Ábalos pueda trasladar, si lo hace dentro de la verdad y es fiel a los hechos que han ocurrido, no habrá ningún problema. Otra cosa    – adujo la vicepresidenta– es que hay personas que llegando a los juzgados se instalan en las mentiras».

Verdad o mentira, delictivo o solo éticamente reprobable, lo que decida airear el exministro -hombre clave para el ascenso de Sánchez al poder y protagonista de episodios sobre los que aún pesan muchas sombras, como el recibimiento de la vicepresidenta venezolana Delsy Rodriguez en Barajas, en 2020- generará, como poco, ruido extra en una legislatura que ya va sobrada de escándalos y trifulcas .

Es cierto, con todo, que no es la primera vez que Ábalos amenaza con poner el ventilador. En distintas entrevistas, desde que se destapó el caso, ha puesto en el disparadero a otros miembros del Gobierno como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, o a la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Y el pasado verano anduvo cerca de abrir la caja de Pandora de la mano de Anticorrupción y del que entonces era su abogado, José Aníbal Álvarez, pero una reunión 'in extremis' con Koldo lo hizo cambiar de opinión.

Ahora, en la fiscalía esperan que el temor a la pena solicitada para la primera de las piezas de la trama corrupta por la que será juzgado, la adjudicación de contratos de mascarillas a Soluciones de Gestión, la empresa de Víctor de Aldama, y la proximidad de la prisión preventiva ablanden sus reticencias para llegar a un acuerdo a cambio de una confesión, similar al que alcanzó el empresario de la trama hace un año para salir de Soto del Real. 

Entre los socialistas –que a este sobresalto sumaron ayer la noticia de que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno les da diez días para aportar «la relación de pagos en metálico efectuados» entre 2017 y 2024 y la de que el juez que instruye el caso de la 'fontanera' Leire Díez citará a declarar como testigos a Cerdán y al exdirector adjunto del gabinete de Sánchez, Antonio Hernando– hay disparidad de opiniones sobre hasta dónde llegará el exsecretario de Organización en lo que creen una actitud irracional de hombre despechado. «Esto es una primera muestra», decía ayer un miembro de la Ejecutiva. «No le veo en esa tesitura; me volvería a decepcionar» señalaba una ministra. «Como el daño que pueda hacer sea ese...» ridiculizaba otro.

Poco después, Ábalos arremetió en un nuevo mensaje contra Yolanda Díaz por llamarlo «golfo» y la acusó de hacer un indebido de su vivienda oficial    al alojar durante la pandemia a personas «sin derecho a ello». «Que haga lo que quiera. No se si le queda algo de dignidad o de honor o si alguna vez lo ha tenido. El sabrá lo que hace con su vida», se revolvió con desdén un ministro.