La juez imputa a la presidenta de la Confederación del Júcar por el caso Vaersa

El juez ha imputado a María Ángeles Ureña, actual presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar y antigua secretaria autonómica de Medio Ambiente, por el caso Vaersa. La instructora también ha imputado a la que fuera jefa de Recursos Humanos de la empresa pública y al abogado que supuestamente recibió dos millones de euros por informes de asesoría.

Se está investigando el desvío de dinero de la empresa pública para el pago de la productividad a directivos y el encargo de informes jurídicos a determinados despachos de abogados cuando un convenio con la Abogacía de la Generalitat permitía hacerlo a un coste notablemente inferior.

Las pesquisas han salpicado a María Ángeles Ureña. La responsable, persona de máxima confianza del fallecido José Ramón García Antón, ocupó en su día el puesto de consejera delegada de Vaersa. La sociedad se encargada de gestionar y construir plantas de basura y reciclaje, impulsar obras para el aprovechamiento de los recursos hídricos, medioambientales, así como otras actuaciones en terrenos agrícolas.

La Fiscalía solicitó en su día ante el juzgado que declarara en calidad de imputada. Lo hizo en las mismas fechas en que reclamó la comparecencia de la exjefa de recursos humanos de la sociedad, Anna Bayarri y de un abogado que se embolsó cerca de dos millones de euros por informes jurídicos. Este letrado, Vicente Bru, es el hermano del exconseller socialista Segundo Bru. La identidad de la tercera persona, la de Ureña, no había trascendido hasta la fecha.

La petición de estas tres declaraciones tiene su germen en la comparecencia de Felipe Espinosa Bolaños, uno de los exdirectores generales de Vaersa que fue detenido por la Policía Nacional. También fue arrestado y, a continuación puesto en libertad, su sucesor en el puesto, Enrique Simó. Espinosa sí declaró en su pase a disposición judicial. Reconoció que actuaban incorrectamente en el pago de la productividad ya que no estaba permitido por parte de la Generalitat Valenciana. Incluso contaban con informes que rechazaban esta práctica. Ninguna de las recomendaciones fue atendida.

No obstante, Espinosa no se mostró dispuesto a asumir en solitario toda la responsabilidad en este presunto desvío de dinero público. Apuntó que todo se realizó con el conocimiento y consentimiento de sus superiores. Entre ellos, el de la consejera delegada Ureña. También mencionó el nombre del actual presidente de Les Corts, Juan Cotino. Dijo que conocía perfectamente lo que sucedía en la citada empresa.