El alcalde exige el cierre del surtidor de gasolina ubicado en la Rambla

El surtidor y la oficina de Cepsa todavía permanecen dentro del municipio a pesar de que se ha cumplido más de un año desde que se propuso su desmantelamiento. El vestigio de la única gasolinera que operó durante años en la localidad no acaba de eliminarse por los impedimentos que pone la compañía.

El alcalde, Javier Pérez, informó que ha llegado a un acuerdo con el delegado de la petrolera en la provincia para que se vacíe el tanque de gases y elimine cualquier peligro que esta instalación pueda suponer. Aún así pasan los meses sin que la empresa haga nada por retirar una instalación que afea una de las principales vías de Callosa de Segura como es la Rambla.

En diciembre del 2013 el equipo de gobierno acordó abonar una jubilación anticipada al trabajador de este surtidor con el fin de eliminar un servicio que era mínimo. Otras gasolineras operaban en el entorno de la ciudad y ofrecían todo tipo de carburantes, a diferencia de esta ubicada en la Rambla donde solo se vendía gasolina.

La empresa de hidrocarburos se comprometió a eliminar el surtidor, la oficina y a rellenar los tanques de arena para evitar cualquier foco de peligro. No obstante, después de trece meses todavía no ha cumplido su palabra. Pérez señaló a principios de marzo que «en las próximas semanas se procederá al relleno de los tanques porque hemos llegado a un acuerdo».

En la actualidad la vetusta gasolinera se mantiene igual dando una imagen de descuido en uno de las principales cruces de la ciudad, entre la subida a La Pilarica y la entrada al casco antiguo del municipio.

Los vecinos de los alrededores ya habían solicitado que este servicio dejara de funcionar hace años. El acuerdo al que se llegó entre el equipo de gobierno el administrador y la empresa Cepsa para cerrar la pequeña gasolinera preveía que se eliminase a principios del 2014.

El primer edil anunció en su momento que se trataba de un arduo convenio, que se gestó durante años. No en vano el Consistorio había denegado de manera sistemática cualquier permiso de ampliación que solicitó la compañía de carburantes. Los residentes de la calle Convento y de la avenida Rambla Baja denunciaron la peligrosidad de este tipo de actividad en pleno centro y por ello desde el Consistorio se quiso clausurar la instalación, al tiempo que si que había dado permisos durante los últimos años a otros empresarios para que instalasen gasolineras en la carretera hacia Catral. Al contrario uno de los surtidores ubicados en la huerta no ha recibido el mismo trato, ya que la administración local ha denegado de manera sistemática que operara por falta de un acceso desde la carretera.

Pérez explicó que «el desmantelamiento se realizará sin ningún coste para el Ayuntamiento, se va a extraer tanto el tanque de gasolina como los gases que pudieran quedar». A pesar de ello, la administración local pagará una compensación al arrendatario por los meses que le resta para jubilarse. Así, el equipo de gobierno firmó una indemnización de 30.000 euros, a razón de 1.000 euros por cada mes que le faltaba al trabajador para poner fin a su vida laboral.