El Consell recurre en el TJS la ordenanza del tripartito para regular las casas ilegales

La Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente ha recurrido en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (Tsjcv) la ordenanza que el tripartito aprobó para conceder licencias de segunda ocupación a los dueños de casas ilegales. El grupo popular destapó ayer que en la reunión que mantuvo el gobierno local en Valencia no se establecieron las condiciones para regularizar las urbanizaciones diseminadas, sino que se abordó el apartado 17 que contemplaba otorgar permisos a las viviendas que carecen de licencias de edificación y que el Consell no comparte. El PP se abstuvo a la aprobación de esta ordenanza municipal porque consideró que era irregular, y así se lo hizo saber a los responsables autonómicos. No obstante la normativa la aprobó el tripartito abanderando el fin de la problemática de los chalés de la huerta, un lastre que se arrastra más de una década.

El exconcejal de Urbanismo, Pedro Mario Vicente, explicó que esta aprobación se efectuó «sin ningún informe técnico ni jurídico que diera soporte legal a dicho apartado». En los días sucesivos el gobierno que preside Pedro Zaplana encargó un informe a un asesor jurídico «por el que el Ayuntamiento ha pagado 4.000 euros y no sabemos cual es su finalidad, porque no está incluido en el expediente», criticó Vicente, que añadió que «entendemos que es un dinero mal invertido».

Desde la Conselleria se enviaron varios requerimientos para que se justificase de manera jurídica este punto pero «el Ayuntamiento no contestó a ninguno». El PP espera que este contencioso «no agrave más el problema urbanístico, donde los propietarios tenían un rompecabezas, y ahora se vean con más obstáculo y hagan frente a más gastos».

El exedil de Urbanismo advirtió de que la reunión del gobierno local con la Dirección General de Evaluación Ambiental y Territorial que «nos vendieron como fructífera, en realidad sirvió para tratar el tema de este contencioso». En este sentido, apuntan que la Concejalía de Urbanismo «anunció que todo pasaba por el Plan General de Ordenación Urbana, algo que no es nuevo». No obstante, pidió que se desarrolle este proyecto para dotar de más suelo público al municipio. Por otra parte, el concejal aclaró que en el 2012 «se intentó llegar a un consenso pero dos semanas después se presentó la moción de censura».