Edificios en explotaciones agrarias

Así que cundo llegó el momento, Reme se opuso a la idea de vender, como eran partidarios sus hermanos, y se quedó los campos en el necesario acuerdo para repartir los bienes que heredaron.

Entre las múltiples dificultades e incongruencias con las que tiene que lidiar la nueva titular de la explotación agraria, Reme se ha encontrado con una cuestión que, siendo de poco importe dinerario, le parece absurda y que refleja en gran medida un cúmulo de conceptos y situaciones anticuadas por resolver en el mundo agrario valenciano y español. En medio de sus campos hay una pequeña construcción, una casita, tan típica en nuestro medio rural, que es a la vez almacén de herramientas y útiles diversos para la labor agrícola, lugar de trabajo y refugio cuando llueve o es hora de comer. Incluso hay un pequeño habitáculo con una cama por si alguien está indispuesto o necesita descansar.

Pues bien, esa casita en medio del campo y a muchos kilómetros del casco urbano, que no tiene camino público de acceso, ni agua de red potable, ni luz, ni alcantarillado municipal, paga Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana (IBIU). Como es algo que viene ocurriendo desde hace muchos años, se dio por supuesta la tácita aceptación que consagra la rutina y Reme entendió que, aunque lo ve injusto e irreal, no hay mucha opción de pelea administrativa. Pero es que ahora el ayuntamiento le ha sumado otro impuesto (o tasa, dicen, es lo mismo), el de recogida de basura. ¿Qué basura?, preguntó en la oficina municipal. La doméstica, claro, le contestaron. ¿Qué doméstica?, si allí no vive nadie. Toda vivienda genera basura; si paga IBI de urbana está claro que es una vivienda, es la norma, le explicaron: ha de pagar. Ni Kafka. Si allí no vive nadie, insistió. Si no hay basura; la mínima orgánica, como pieles de fruta y demás, se queda en el propio campo. Si los envases de productos agrarios los llevamos al punto Sigfito, como es obligado, y si ocasionalmente hay alguna botella de plástico de agua o cosa así, más lo que recogemos que tira por ahí gente desaprensiva, lo llevamos al contenedor del pueblo donde vivimos, que es otro, porque el más cercano al lugar queda a kilómetros de distancia, en una urbanización... Y donde dejamos ese plástico ya pagamos por el servicio de recogida real de basura.

No le valió de mucho, los funcionarios insistieron en lo de que la ley es la ley. Son poco más de cien euros, y Reme dice que no es por el huevo, sino por el fuero, cuestión de principios, porque lo ve abusivo: pagar por un servicio inexistente, por una presunta situación que no se da. Tiene dos caminos: pagar y ya está o acudir a un abogado, pagar más, recurrir y pelear en solitario y con pocas esperanzas.

No es el único caso, los hay así a montones, pero, unos por otros, cunde el silencio y así se reafirma un cúmulo de conceptos errados que debieran tener mejor salida. Las construcciones ligadas a una explotación agraria ¿son agrarias-rurales o urbanas? ¿Es aceptable que predomine un afán recaudador a toda costa? ¿Se pueden cobrar servicios que no se ofrecen ni se precisan? Sigue pendiente la asignatura de establecer un trato diferencial a las edificaciones rurales de uso claramente agrario, que no son urbanas.