Pacto Verde, progres y catástrofes

La transposición de la Directiva europea de inundaciones 2007/60 a la legislación española, a través del Real Decreto 903/2010, reguló los procedimientos para realizar la evaluación preliminar del riesgo de inundación; los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación; y los planes de gestión de riesgos de inundación en todo el territorio nacional.

Para la demarcación hidrográfica del Júcar, el Gobierno determinó que las áreas con peligrosidad y riesgo extremo eran el Bajo Turia y el Bajo Júcar. Y en 2016 publicó el Real Decreto 18/2016 que especificó las medidas a ejecutar en ambas zonas. En primer lugar, en el Bajo Turia estableció actuaciones sobre los barrancos del Poyo, Pozalet y La Saleta, pues hay una pérdida casi total del cauce en la cuenca media (pasado el cruce con la autovía A7). Como hay interconexiones entre ellos, se hacía necesaria una solución conjunta.

En el barranco de La Saleta, contempló una conducción cerrada al norte de Aldaia para 80 m3/s, una vía verde desde la salida de Aldaia al Turia para 100 m3/s y una adecuación del cauce por el casco urbano de Aldaia para 15 m3/s. Las medidas estructurales en el barranco de Pozalet eran una vía verde para 240 m3/s desde Loriguilla hasta aguas debajo de la A7 para recuperar el cauce inexistente actualmente, así como una balsa de regulación de 2´8 Hm3 para laminar el caudal de 240 a 95 m3/s. Y en el barranco del Poyo estaba estipulado un encauzamiento del Poyo y Gallego aguas abajo de la A7 hasta el tramo definido, y una vía verde Poyo-Turia desde aguas arriba de Paiporta para desviar 700 m3/s de los 1.500 m3/s que pueden llegar, ya que el cauce del Poyo en Paiporta está limitado a 800 m3/s.

En cuanto al acondicionamiento del río Turia, el Real Decreto proyectó mejorar la capacidad de evacuación hasta 5.000 m3/s para recoger caudales de las vías verdes del Poyo y La Saleta. Asimismo, estableció la presa de laminación de Vilamarxant.

Las actuaciones en los barrancos del Poyo, Pozalet y La Saleta constituyen el 'Proyecto de adecuación ambiental y drenaje de la cuenca del Poyo vertiente a la Albufera', que cuenta con declaración de impacto ambiental favorable y siete proyectos constructivos a los que únicamente les faltaba el estudio beneficio/coste para poner en marcha la licitación de las obras. Sin embargo, la aprobación de la Ley de protección de la Huerta de Valencia impidió que se ejecutaran estas obras por incompatibilidad con la Ley de la Huerta, según el propio Ministerio para la Transición Ecológica.

Tampoco se realizó el estudio beneficio/coste, previsto para 2021, del acondicionamiento del río Turia. Y la presa de Vilamarxant se eliminó del programa de medidas en la revisión del Plan de Gestión del riesgo de inundaciones de 2023 sin ningún razonamiento técnico que lo sustente.

Por otra parte, las medidas estructurales estipuladas en el Bajo Júcar eran la construcción de las presas de Montesa, Sellent y Marquesat. Está previsto construir la presa de Montesa aguas abajo de la presa de Bellús. Pero se desecharon del mencionado plan de 2023, sin ninguna argumentación técnica, la presa del Marquesat aguas abajo de la de Forata y la presa de Sellent aguas abajo de la de Tous. Así las cosas, las medidas estructurales estaban presupuestadas por más de 2.000 millones de euros hasta 2027, pero el valor de las inversiones que se iban a realizar hasta ese plazo no llegan a 200 millones. Ni el 10% de lo presupuestado.

Después de la dana, la situación ha mejorado pero de manera insuficiente. El Gobierno está planificando -y en algunos casos ejecutando- motas de protección, ampliación de cauces, escolleras, zonas de almacenamiento controlado, áreas de laminación y vías verdes. También está encarrilada la conexión de La Saleta al río Turia. Sin embargo, las presas y otras actuaciones desechadas siguen olvidadas en un cajón.

Además de las infraestructuras hidráulicas, clama al cielo la falta de un sistema de alerta temprana en la demarcación del Júcar. Tenemos, con funcionamiento deficiente, el sistema SAIH que solo da un margen de dos horas para tomar decisiones aguas abajo y, por tanto, no es un sistema de alerta temprana. Uno adecuado podría ser el sistema de Meteoalerta de Aemet, para prevenir fenómenos de lluvia con una antelación de 72 horas que da un margen de 48-24 horas para actuar. Solo lo tiene la demarcación hidrográfica del Ebro. ¿Por qué?

Nosotros somos partidarios de que todas estas infraestructuras y sistemas de alerta temprana se hagan aquí, porque si mañana tuviéramos otra dana, volveríamos a no estar preparados. Es innegable que en la anterior riada la presa de Forata laminó la mitad del agua que le llegaba (entraban 2.000 m3/s y salían 1.000) y que el Plan Sur evitó que el agua llegara al centro de Valencia. No obstante, en círculos académicos y administraciones del agua se sigue filosofando sobre la autorregulación de la naturaleza, los ríos libres e ideologías progres de ese estilo. En buena medida se lo debemos al discurso del ecologismo radical que todavía está instalado, contra toda evidencia científica y lo que nos ha enseñado la dana. No puede haber Pacto Verde con números rojos y con la mancha marrón del barro dentro de nuestros pueblos y de los campos abandonados. Cuando lleguen las elecciones, recordad que los progres iluminados no protegen de las inundaciones, al contrario, las facilitan.

*PRESIDENTE DE AVA-ASAJA