Termino la semana consternado con cómo empieza a perderse el norte (si alguna vez se tuvo) con todo el tema postdana. En el mundo político ... y en el judicial. Se difuminan las fronteras que jamás deben franquearse entre dos poderes tan vitales. Y con todo el respeto, y con el simple ánimo de opinar, ni su señoría la jueza de la causa ni los políticos implicados antaño en la emergencia y hoy en la gestión de la posterior indagación y drama, están desde mi punto de vista en el lugar y altura que les corresponde. Los últimos vídeos del Cecopi que han trascendido sobrecogen a cualquiera. No solo queda claro que el Es-Alert, del que nadie duda ya que se envió tarde y mal (entre otras cosas porque desde la CHJ no se dio toda la información que tocaba sobre el tsunami que venía desde el interior de la provincia), pudo haberse mandado hasta TRES horas antes de lo que se hizo. Suficiente dato ya constatado de que aquella emergencia, ni desde Valencia ni desde Madrid, se afrontó con la diligencia debida para haber evitado decenas y quién sabe si cientos de muertos. Vidas, al fin y al cabo, fueran las que fueran las preservadas. A mí se me antojan insuficientes las responsabilidades políticas que hasta ahora ha generado la dana. Pero más allá de eso (que es lo más nuclear y trágico, por supuesto), a mí hay un instante en las grabaciones que se me clava como un puñal en el corazón. Llámenme superficial. O que quizás saco una imagen de contexto. Pero me pongo en la piel de la víctimas. Y en uno de esos vídeos, durante varios segundos, se ve como Jorge Suárez, subdirector de Emergencias, y Emilio Argüeso, ex secretario autonómico de Emergencias (cesado e investigado en la causa), ríen de manera bastante relajada y tranquila mientras miran algo en el móvil. Son las cinco de la tarde pasadas del trágico 29-O. Entonces ya había gente con el agua literalmente al cuello. Incluso fallecidos. Quiero pensar que su actitud es la prueba del absoluto desconocimiento que en ese instante había en el Cecopi de la verdadera magnitud de la tragedia. Prefiero no pensar más allá. Pero la imagen es vinagre para las heridas de las víctimas. Y un flaco favor a la pericia política.
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Mientras, la jueza de Catarroja encargada de la causa de la dana, digna de alabanza por su incansable trabajo diario e indagación en busca de la verdad, repito que con el mayor de los respetos, creo que realmente más que instruir ya procesa. Es decir, sus últimos autos, como acertadamente escribió esta semana mi compañero Alberto Rallo, parecen más dignos de la fase final de una instrucción que de una incipiente. Frases como «hay indicios abrumadores de una conducta negligente de Pradas», «una postergación inexplicable en la decisión ante un riesgo mortal de la población» o «una absoluta falta de planificación con suficiente antelación» son enunciados más dignos casi de una sentencia que de una instrucción. Si la magistrada (denunciada por la consellera Pradas ante el Poder Judicial) lo tiene ya tan claro, como parece que no lo tiene (y no dudo yo en que deba tenerlo; es más, estoy de acuerdo), que dicte auto de PA (Procedimiento Abreviado), haga hablar a las partes y deje el asunto en manos de la Audiencia. Pero prejuzgar no encaja con la Justicia. Lo contrario puede acabar enturbiando una causa que no puede ser más justa. Por las víctimas. Hay que respetar los tiempos legales, igual que la política debiera respetar mucho más las formas. Es indigno que Les Corts no haya puesto aún fecha a la comparecencia de los afectados. Lo dicho: ni una ni otros, ni con Norte ni con Sur.
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