Una nueva ley cambia la normativa de los neumáticos al final de su vida útil
El objetivo principal es prevenir, reducir y gestionar su impacto ambienta
El Real Decreto 712/2025, de 26 de agosto, ha modificado la normativa que afecta a los neumáticos al final de su vida útil y ha introducido varias medidas significativas que pueden tener incidencia en la sociedad, especialmente en la gestión ambiental y económica, con el fin de adecuarlo al nuevo marco legal establecido por Europa en materia de residuos y suelos contaminados y con el objetivo principal de prevenir, reducir y gestionar su impacto ambiental.
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En la norma, que actualiza leyes anteriores, se detallan las obligaciones de los productores de neumáticos en cuanto a su registro, la financiación y organización de la recogida y valorización de los residuos, y el cumplimiento de objetivos específicos de reutilización, reciclaje y valorización energética.
Novedades
La normativa describe el funcionamiento de los sistemas de responsabilidad ampliada del productor (individuales y colectivos), incluyendo sus obligaciones financieras y la necesidad de planes empresariales de prevención de residuos. Además, se abordan las obligaciones de los gestores de residuos y se establecen medidas de control, inspección y un régimen sancionador para asegurar el cumplimiento de la normativa.
Con este reforma los productores asumen financiación de neumáticos al final de su vida útil. Este real decreto establece la responsabilidad ampliada del productor de neumáticos, lo que significa que los fabricantes, importadores y, bajo ciertas condiciones, las plataformas de comercio electrónico son ahora los encargados de financiar y organizar la recogida y valorización de todos los neumáticos al final de su vida útil que ellos mismos pusieron por primera vez en el mercado nacional.
Esta financiación debe cubrir los costes de recogida, transporte, tratamiento, información, recolección de datos y la constitución de garantías financieras. Los productores pueden cumplir con estas obligaciones a través de sistemas individuales o colectivos. Esta medida tiene un impacto directo en el diseño de los productos, los costos de comercialización y la eficiencia de todo el sistema de gestión de residuos, al trasladar la responsabilidad económica y organizativa a quienes introducen los neumáticos en el mercado.
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Metas estrictas para reutilización y reciclaje de neumáticos
Además, se fijan objetivos obligatorios y progresivos de preparación para la reutilización, reciclaje y valorización energética que los productores de neumáticos deben alcanzar. Por ejemplo, para el año 2025, se exige un mínimo del 15% en peso para la preparación para la reutilización, un mínimo del 50% en peso para el reciclado y valorización material (incluyendo el 100% del acero), y un máximo del 35% en peso para la valorización energética. Estos objetivos se incrementan para los años 2030 y 2035. Este establecimiento de metas ambiciosas impulsa la economía circular, fomenta la innovación en los procesos de gestión de residuos y promueve el desarrollo de nuevos usos para los materiales recuperados, contribuyendo a una mayor sostenibilidad ambiental.
Prohibido el depósito de neumáticos usados en vertederos
El real decreto recuerda la prohibición, establecido en normativas anteriores, que afecta al abandono, vertido o eliminación incontrolada de neumáticos al final de su vida útil en todo el territorio nacional, así como su depósito en vertederos, con la única excepción de aquellos utilizados como elementos de protección e ingeniería dentro de los propios vertederos. Esta medida es crucial para la protección del medio ambiente, ya que los neumáticos en vertederos representan un riesgo significativo de contaminación y de incendios.
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Al prohibir esta práctica, se obliga a que todos los neumáticos al final de su vida útil sean canalizados hacia operaciones de preparación para la reutilización, reciclaje u otras formas de valorización, promoviendo una gestión más responsable y evitando impactos negativos en la salud pública y el ecosistema.
Puedes leer la normativa completa publicada en el BOE y que está en vigor desde el 27 de agosto de 2025.
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