Sigue la batalla de los deslindes: 10,3 nuevos kilómetros de costa afectados en Dénia
El BOE registra dos nuevos tramos proyectados y el Consell acudirá a los tribunales para paralizar una medida que, sumada a la zona anterior, afecta a 3.000 vecinos
R. González
Dénia
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 15:02
La batalla de los deslindes continúa. El momento que tanto temían algunos vecinos del litoral de Dénia ha llegado. A finales de diciembre del pasado año el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico aprobó el que afectaba a un tramo de 3.500 metros de la playa de Les Deveses, pero todavía quedaban pendientes dos tramos más por conocer. Esa duda se ha disipado esta semana con las publicaciones aparecidas en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Los nuevos deslindes de Costas afectan a 10,3 kilómetros al sur de primero y la Generalitat se ha pronunciado de inmediato en contra.
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El BOE del martes recoge el procedimiento de deslinde aprobado por la Orden Ministerial de 15 de septiembre. Se refiere a un tramo 6.200 metros de longitud, comprendidos entre el Carrer Riu Xinxilla, en la playa de Les Deveses, y el Carrer de la Mar Jónica, en la zona de El Palmar, en los términos municipales de Dénia y Els Poblets. El segundo anuncio, ratificado en esa misma fecha, corresponde a una franja de unos 4.100 metros de longitud, situada a continuación del anterior. Va del el Carrer Mar Jónica hasta la margen derecha del Barranco del Regacho, todo ello en el término municipal dianense.
Tras conocerse este paso del Gobierno central, la Generalitat ha decidido actuar. Como ya hiciera en marzo con el primer tramo, acudirá a los tribunales para paralizar una medida. El Consell presentará un recurso contencioso administrativo ante la «indefensión total» en la que quedan los vecinos frente a la postura «de la administración local y, sobre todo, del Estado», ha asegurado este miércoles el director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana, en Dénia. Allí, junto con la comisionada de la Generalitat en el Puerto de Dénia, Pepa Font, se ha reunido con representantes de las asociaciones de vecinos de los dos nuevos tramos.
Estos dos deslindes, sumados al anterior, abarcan 13,8 kilómetros de la costa dianense y afectan, según ha recalcado el director general, a más de 3.000 vecinos. Sus propiedades o bien pasan a situarse dentro del dominio público marítimo-terrestre, y dejarán de ser sus dueños, o se encuentran dentro de la servidumbre de protección, lo que implicará que para cualquier tipo de actuación en sus casas deban solicitar primero una autorización.
Por su parte, la comisionada del Puerto ha lamentado la posición del equipo de gobierno local, ya que «en público ha dicho que le encanta el deslinde y que ya era hora». A Pepa Font eso le parece «una falta de respeto a los vecinos de Dénia insoportable».
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Asimismo, Font, que es la líder del PP dianense, ha aprovechado para expresar el compromiso del Partido Popular con los afectados porque es «imprescindible» ponerse «del lado de los buenos y los buenos son los vecinos». Por ello, ha defendido un cambio de la Ley de Costas y «ese cambio es el que tiene que propiciar el PP si finalmente gobierna en el Estado español.
Estas palabras de la comisionada han servido de réplica a las pronunciadas poco antes por la edil de Territorio, Maria Josep Ripoll, tras el encuentro que han mantenido en el Ayuntamiento representantes del equipo de gobierno con el director general. Ripoll ha remarcado que el ministerio está haciendo definitivos deslindes provisionales que se remontan a mediados de los años 70. Pese a reconocer la afección que tiene sobre los propietarios de primera línea, ha hecho hincapié en que son «necesarios para poder delimitar qué espacio es privado y que espacio es público y, sobre todo, para la seguridad de las personas especialmente en este contexto de cambio climático».
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En ese sentido, la concejala ha reiterado la importancia de que esos deslindes sean firmes medio siglo después y de «anteponer la seguridad de las personas a la propiedad privada». Por ese motivo, Ripoll ha dicho que no entendía por qué la administración autonómica intentaba paralizarlos y presentar un recurso, ya que si se retrasan «será peor porque la afección será más elevada».
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