Sin rastro de soluciones para la crisis de vivienda en el último año en Valencia

La primera sirena de alarma resuena en la compra de vivienda, que se ha encarecido un 11% respecto al año anterior, pasando de los 1.395 euros por metro cuadrado en la provincia de Valencia hasta los 1.554 euros en la actualidad, según los datos del segundo trimestre de 2025 del citado informe, elaborado por el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia. Unos precios que todavía son más preocupantes en ciudades como Valencia, donde la cifra aumenta hasta los 2.486 euros y se registran los más altos, o Paterna y Mislata, que completan el pódium.

La segunda señal de advertencia repica en el alquiler, que sigue la tendencia de batir récords año tras año. El precio de oferta de vivienda arrendada en la provincia de Valencia ha sido de 13,4 euros al mes por metro cuadrado, lo que supone un incremento del 11% respecto al verano de 2024, cuando la cifra era de 12,1, según datos del mencionado informe. También en esta variable, el 'cap i casal' arroja los números más preocupantes entre las grandes ciudades de la provincia.

Ambas alertas convergen también en Valencia capital, donde todos los distritos excepto Poblats del Nord han experimentado una subida del precio del metro cuadrado respecto al año anterior, con un crecimiento medio del 17,7%. Así, el de Quatre Carreres, con un 33%, encabeza la lista por delante de L'Olivereta, con un 30,8%, y de Camins al Grau, con un 26,8%.

Por su parte, el Eixample, Ciutat Vella y Pla del Reial mantienen su hegemonía como zonas más caras y sobrepasan holgadamente los 4.000 euros por metro cuadrado, mientras que otras zonas como Camins el Grau han subido más de 800 euros en un año, incrementándose de 3.000 a 3.800 euros.

Este crecimiento tanto en compra como en alquiler refleja la incapacidad de las medidas planteadas hasta la fecha para resolver el rompecabezas en el corto plazo. Pero hay dos piezas que, según la presidenta de Asociación de Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana (Asicval), Nora García, ayudarían a reducir el incremento: ofrecer garantías al propietario y poner orden en el alquiler turístico. «Hay que dar tranquilidad, además de incentivos fiscales, para que el arrendador no opte por mantener la casa cerrada o por dedicarla a alquiler turístico», señala García, y añade que lo ideal sería que hubiera «consenso político».

Las distintas administraciones coinciden en el diagnóstico y son conscientes de que solventar el rompecabezas es urgente. Más aún cuando la vivienda lleva meses instalada en la cima de las principales preocupaciones de los españoles, según recoge el último Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), de septiembre. Pero difieren en las piezas que hay que mover para llegar a la meta común de aflojar un mercado cada vez más tenso.

En este sentido, la no aplicación de la ley de vivienda estatal, que ofrece a las comunidades autónomas la posibilidad de declarar zonas tensionadas para topar los precios del alquiler en zona, entre otras cuestiones, es una de las principales discrepancias entre el Gobierno central, encabezado por el PSOE, y la Comunitat, donde lidera el PP.

La investigadora especialista en vivienda del departamento de organización de empresas de la Universitat Politècnica de València, María Oliver, ve en las zonas tensionadas y el tope del alquiler una solución adecuada a corto plazo, aunque matiza que tendría que ser una medida más focalizada en «los colectivos que más lo necesiten» y que tiene que ir acompañada de otras a medio y largo plazo. «El objetivo principal es conseguir que cerca del 20% del parque de vivienda sea social y asequible para ayudar a la población más vulnerable. Pero en la Comunitat Valenciana estamos en un 0,6%», explica.

Desde su llegada a la Generalitat, el presidente Carlos Mazón ha centrado su apuesta en materia de vivienda en la construcción. Así, se marcó como objetivo de la legislatura la construcción y desarrollo de 10.000 nuevas viviendas asequibles en régimen de venta y alquiler mediante el Plan Vive. En los dos primeros años, se han puesto en marcha 3.000 viviendas protegidas, según anunció Mazón a finales de agosto.

También en el Ayuntamiento de Valencia, la apuesta principal ha seguido la misma línea. En este caso, a través de la construcción de 954 viviendas de protección pública gracias a la activación de solares municipales,, con el derecho de superficie y la permuta de suelo por vivienda, que se enmarcan en el Plan + Vivienda.

Por su parte, y tras comprobar las limitaciones de la ley de vivienda en un panorama autonómico hegemónico del PP —que gobierna en 11 de las 17 autonomías—, el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez ha optado por pasar al siguiente escalón y centrarse en el nuevo Plan Estatal de Vivienda, que abarcará el periodo de 2026 a 2030. Los objetivos de este plan se centrarán en tres ejes principales: más vivienda pública asequible, rehabilitar el parque construido y facilitar el acceso de los más jóvenes para reducir la edad de emancipación, aunque sin perder el foco en las zonas más tensionadas para tratar de revertirlas.

Sea como fuere, los efectos de unas y otras propuestas todavía siguen sin apenas notarse. En el 'cap i casal', el precio medio de vivienda ofertada en venta avanza paso a paso hacia el medio millón de euros, aunque todavía sin alcanzarlo, pasando de los 390.000 euros en 2024 a los 438.000 en 2025. También otras ciudades de la provincia como Bétera, con 561.000 euros, o Paterna, con 385.000 euros, han seguido la misma línea inflacionista respecto a las casas que están en venta.

Mientras se construyen las casas prometidas y se ensancha el parque de vivienda protegida, urge buscar alternativas más rápidas para atajar el problema a corto plazo. Mover fichas y para que el rompecabezas empiece a resolverse.