Olivas se enfrenta a seis años de prisión por el fiasco de Banco de Valencia en el Caribe

Llegó la hora. El expresidente de Bancaja y de la Generalitat, José Luis Olivas, se sentará en el banquillo por los negocios hoteleros fallidos en el Caribe Mexicano del Banco de Valencia, que también presidía. La fiscalía le pide seis años de cárcel por apropiación indebida pero las acusaciones de la Abogacía del Estado, Banco de Valencia y Bankia exigen entre tres y siete.

En todo caso, de ser condenado, ingresaría en prisión por pequeña que fuera su pena, al tener ya una condena de año y medio de cárcel por falsear una factura de 500.000 euros y defraudar a Hacienda en relación a su intervención en la venta de la participación de una empresa eólica de Vicente Cotino.

La apertura de juicio oral que ha decidido el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea señala también a otros 47 exdirectivos de Bancaja y Banco de Valencia por las operaciones inmobiliarias de la sociedad Grand Coral en México por el valor de 750 millones de euros que supuso «una auténtica operativa de desfalco», según el auto.

De Egea les considera responsables de un delito societario continuado en su modalidad de administración desleal de gestión fraudulenta del patrimonio social o de apropiación indebida y de un delito de blanqueo de capitales. Según el relato de los hechos que hizo la juez Carmen Lamela en su auto de procesamiento (antes de pasar al Tribunal Supremo), entre 2005 y 2009, Bancaja y Banco de Valencia participaron en inversiones inmobiliarias «diversas y de una enorme magnitud económica» en Baja California y Rivera Maya formando parte del llamado Grupo Grand Corald.

Esa «operativa de desfalco» se llevó a cabo con cinco operaciones: los proyectos 'Emerald', 'Zacatón', 'Piedras Bolas' y 'Vinoramas'; movimientos accionariales en sociedades y contratos de gestión a favor de los empresarios Ferri y Baldó. Según el auto de procesamiento, toda esta operativa estaba «realmente» dirigida «desde dentro» de las entidades porque al director general de Bancaja, Aurelio Izquierdo, y al consejero delegados del Banco de Valencia, Domingo Parra «les guiaban espurios intereses económicos» conjuntos con los empresarios Juan Ferri y José Baldó, a lo que se unió la «postura consentidora» de Olivas, que recibió hasta 14 viajes a Cuba por motivos puramente de ocio. Sobre el expresidente valenciano, el auto explica que «conoció y alentó las inversiones millonarias» que se estaban realizando en Grand Corald, lo que entiende como un «continuo favorecimiento a los hoteleros Ferri y Baldó», de tal manera que éstos, en agradecimiento por el trato que recibían de Olivas.

A lo largo de la investigación del Juzgado Central de Instrucción número 3 se ha determinado que los consejos de administración de Bancaja permitieron las operaciones «en claro menoscabo de la entidad», con múltiples irregularidades y la ausencia de racionalidad económica en parte de las inversiones, «constatándose un quebranto económico del 100% de la inversión llevada a cabo por las entidades financieras Bancaja y Banco de Valencia en el Grupo Grand Corald, lo que se valora en 750 millones de euros».

Asimismo, determinó una presunta operativa de blanqueo a través de las cuentas en Andorra controladas por Aurelio Izquierdo y Domingo Parra que gestionaban tanto cuentas propias como la cuenta de la empresa Summerville, en la que se recibieron 16 millones de dólares de la «injustificable plusvalía» de la operación 'Zacatón' y 'Piedras Bolas', que, según los indicios, se pudieron repartir Izquierdo y Parra junto con los hoteleros Ferri, Baldó y Poch.

Por este motivo, la fiscalía pide para Parra e Izquierdo 12 años de prisión por los presuntos delitos de apropiación indebida y blanqueo de capitales, los mismos que para los empresarios Ferri, Baldó y Poch, mientras que a Olivas le atribuye sólo el primero de los delitos y solicita para él 6 años de cárcel. Para los otros 42 procesados, el Ministerio Público reclama penas que oscilan entre los 2 y los 6 años de prisión.