Entidades por el derecho a la vivienda convocan una manifestación el 20 de diciembre

Una de las exigencias más urgentes es la ampliación del llamado Escudo Social, una medida impulsada por el Gobierno central durante la pandemia de covid-19 que, entre otras cuestiones, incluía una moratoria antidesahucios con compensación a los arrendadores. Esta normativa se ha ido prorrogando año tras año, pero, de no ser prolongada, decaerá el 31 de diciembre. En caso de que la iniciativa no salga adelante, una posibilidad factible tal y como están los equilibrios parlamentarios en el Congreso de los Diputados, las entidades sociales advierten de que «60.000 familias en toda España serían desahuciadas».

«La situación es dramática. Los precios de los alquileres son cada vez más inaccesibles. Las viviendas y el territorio se utilizan como un bien de mercado totalmente sometido a la especulación. El acoso inmobiliario es cada vez más intenso y seguimos sin un parque público de viviendas suficiente», defienden las asociaciones, entre las que se encuentra Juntes Per l'Habitatge.

Uno de los focos que subrayan desde las entidades es la «inseguridad habitacional», ya que genera «miedo, estrés, problemas de salud y precariedad», además de afectar «al aprendizaje escolar y a la estabilidad familiar».

Por todo ello, las entidades desgranan una serie de medidas y propuestas, entre las que se encuentran la paralización de los desahucios sin alternativa habitacional, la gestión del parque de viviendas en alquiler asequible para que no haya casas vacías y sin adjudicar y más inspecciones de los apartamentos turísticos ilegales.

La del 20 de diciembre será la tercera gran manifestación de vivienda en lo que va de legislatura. El pasado 19 de octubre de 2024 más de 15.000 valencianos recorrieran las calles del centro de la capital para exigir medidas que palien la crisis. Más adelante, el 5 de abril de 2025, unas 4.000 personas protestaron por el encarecimiento del precio del mercado inmobiliario.