La crisis de la naranja

Esta percepción queda evidenciada con las cifras. Una de cada tres hectáreas que se dejó de cultivar el año pasado está en la Comunitat Valenciana que además lidera este paulatino abandono con 155.893 hectáreas de cultivo en 2022. Estos datos son fruto de una lenta evolución que comenzó hace años ya que la superficie destinada a cítricos ha descendido un 16% en dos décadas.

La naranja no es la única afectada. Esta situación afecta a todos los cítricos sin importar si hablamos de mandarinas, limones, pomelos… Todos sufren este descenso que en el caso más acusado, las mandarinas, llega a una disminución del 20% de superficie.

La región valenciana sigue produciendo más de la mitad de cítricos españoles uno de los pilares de su economía exterior y aún así hay municipios en los que su cultivo, históricamente predominante, ha caído a más de la mitad en dos décadas. Dénia es el caso más sangrante. Con 679 hectáreas en 2021, registra un descenso del 61%; Picassent, Castellón de la Plana, Ribarroja, Xeraco, Jacarilla y Picassent han perdido más del 40% de superficie; y en otro medio centenar de poblaciones se han reducido más de la mitad. Los campos de naranjos empiezan a retroceder en el paisaje valenciano.

Con estos datos sobre la mesa resulta obvio que el sector no atraviesa por su mejor momento pero ¿cómo es posible que se abandone el cultivo de un producto que en el mercado no para de subir de precio? La respuesta es sencilla pero requiere explicación: es la falta de rentabilidad. La naranja no da dinero o al menos, no a todos los que debería.

Un kilo de naranjas cuesta en el supermercado unos 1,20 euros de media. Esto es un 73% más que lo que se pagaba hace veinte años pero los agricultores siguen percibiendo el mismo precio. No cubren costes y es lo que les lleva a abandonar el cultivo.

«La solución es que nos llegue lo que nos corresponde», dice Antonio Conchell que es agricultor en Alfarp y tiene claro que «hay mucha gente que vive del campo pero no son los que cultivan las naranjas».

Los precios de la lonja de cítricos de Valencia muestran que la evolución de lo que se paga en el árbol, es decir, al que cultiva, apenas ha subido y desde luego lo ha hecho por debajo del IPC y del incremento de gastos de los últimos años.

Los datos de esta temporada resultan engañosos ya que se han dado unas circunstancias especiales. Los cítricos sí se han pagado un poco mejor pero porque ha habido muy poca cosecha. Las circunstancias climatológicas de la pasada primavera provocaron una merma del 20% de la producción y en la maduración de los frutos. Se ha vendido más caro pero menos cantidad, lo que también ha lastrado a los cultivadores que han visto cómo los costes de producción se han disparado.

«Este año he pagado por la factura de luz un 460% más. Hemos pasado de 15 céntimos el metro cúbico a 45. Y este gasto es sólo del agua con la que regamos el campo», cuenta Antonio. El 40% de la agricultura valenciana riega con aguas subterráneas por lo que la subida de la electricidad y el tope gas ha empeorado la situación de los labradores. «Pero no es lo único que ha subido: fertilizantes, abonos, insecticidas, mano de obra, todo se ha disparado. Y mientras tanto, nos pagan las naranjas como hace treinta años».

«El agricultor es el rehén de la cadena alimentaria», asegura Cristóbal Aguado, presidente de AVA-Asaja, que incide en que el problema es la debilidad de ese primer eslabón que se haya desprotegido frente a la posición de dominio del resto de la cadena. «Aunque el cultivador regalara la naranja seguiría llegando al consumidor a un precio elevado. Lo que se paga a pie de campo es testimonial».

De hecho, según un estudio del Ministerio de Agricultura, el precio del fruto en sí mismo sólo supone el 14% de su coste total. El coste sube tanto hasta llegar al supermercado por los intermediarios por lo que se demuestra que hay mucha gente que vive de la naranja pero no son los agricultores.

Los que se encargan de recoger, transportar al almacén, manipularlo, seleccionarlo, elaborarlo, transportarlo, llevarlo a los mayoristas, transportarlo a tienda, etc son los que gravan los precios. Todos se quedan su porcentaje. A los que hay que sumar el beneficio de la venta en tienda. Ahí es donde va a parar el 70% del dinero que cuesta cada naranja.

«Todo el mundo tienen derecho a ganar dinero pero de modo justo y equitativo ya que de lo contrario se genera un sector inestable que pierde posiciones. Tenemos una profesionalidad magnífica, una tierra excelente, agua, sol, tierra y cercanía con nuestro mercado de proximidad que es Europa en el que tenemos el 95% de las naranjas y mandarinas vendidas pero tiene que haber un equilibrio y una trazabilidad en la cadena alimentaria», insiste Cristóbal Aguado.

Legalmente se supone que existe protección al respecto. La Ley de la cadena alimentaria, reformada en diciembre de 2021 no permite la venta a pérdidas pero «la mayoría de agricultores sufre una escalada de los costes de producción y carecen de la capacidad real para repercutirlos en los precios que perciben. Ahora además se les obliga a firmar que el coste pactado cubre los gastos y como si no venden, las naranjas se pudren en el árbol acaban cediendo», denuncian desde la organización agraria.

Plantar cara a todas estas adversidades es particularmente complicado en la Comunitat Valenciana debido a su propia estructura socioeconómica. La mayoría de implicados coinciden que para revertir la situación habría que aunar esfuerzos y fijar unos precios justos entre todos. Sin embargo, el campo valenciano está dividido. Está muy dividido. De hecho, es literalmente el más dividido de España. Los cultivos de entre 2 y 20 hectáreas son los más numerosos en la Comunitat, mientras que en el resto del territorio nacional priman las explotaciones de más de 100 hectáreas. Casi el 80 % de cultivo valenciano cuenta con menos de 5 hectáreas y su tamaño medio es de 5,5 ha. Se trata de una tierra minifundista con gran cantidad de pequeños propietarios para los que el cultivo del naranjo tiene un gran valor sentimental, lo que explica que sigan cultivando año tras año pese a la carga económica que supone. De hecho, es una actividad que suele compaginarse con otras que suponen el sustento real de la familia.

Miguel es agricultor en Bétera: «Tenía varios campos juntando los míos y los de mi mujer pero tras varios años a pérdidas los tuve que vender. Eso sí me quedé con una pequeña parcela porque en mi familia siempre ha habido naranjas. Mi padre, mi abuelo y sus padres ya las cultivaban. No quiero que eso se pierda pero la situación es insostenible.»

El hecho de estar divididos en pequeñas parcelas y de que no haya grandes explotaciones colectivas juega en contra de un agricultor que carece de fuerza de negociación frente a operadores comerciales: los intermediarios. La ley de Estructuras Agrarias de febrero de 2019 de la Generalitat reconoce que la viabilidad de la agricultura se ha visto «limitada por problemas estructurales vinculados a la articulación de la cadena alimentaria, la fragmentación de la propiedad de la tierra y la falta de una cultura de la gestión en común de la producción», entre otros, pero la agrupación de explotaciones y la reestructuración de parcelas que proponían ha quedado en agua de borrajas.

Resulta paradójico que cada vez menos personas se quieran dedicar a un sector que generó unas exportaciones nacionales de 3.550 millones de euros la pasada campaña. Tanto es así que además del abandono de cultivos no existe relevo generacional. La media de edad del agricultor valenciano es, con 64,4 años, la más alta no sólo de España, sino que también de Europa.

Si ya de por sí el escenario no es muy halagüeño cabe añadir tres problemas más. El primero, los robos y delitos cometidos en el campo valenciano que provocaron un impacto de 25 millones de euros en 2022, según el Balance Agrario de 2022 de AVA-Asaja. En segundo lugar, el aumento de la fauna salvaje que produce unos daños anuales de 40 millones. Y el tercero, las plagas que llegan por importaciones incontroladas de terceros países.

Frente a obstáculos de tal magnitud y la poca eficacia de las medidas políticas es comprensible que muchos agricultores tiren la toalla pese a que la naranja es la fruta que más se come en el mundo; otros, como Antonio Conchell, insisten: «Que nos paguen lo que nos corresponde». Tan sencillo y tan complicado al mismo tiempo pero quizá imprescindible para que el aroma a azahar no acabe desapareciendo de la huerta valenciana.