La sorprendente instrucción del tren de Bejís: dos años y medio archivada

Los hechos acontecen en el verano de 2022. Seis meses después, en enero, la jueza archiva la causa a la espera de recibir un segundo informe de la Guardia Civil sobre determinadas comunicaciones. Lo hace después de imputar a cuatro responsables del operativo. Se trata de la maquinista del tren, un responsable del Consorcio de Bomberos de Castellón y otros dos dirigentes del Servicio de Prevención de Incendios de esta provincia. La causa se podría haber instruido a la espera de recibir este segundo dosier. En el primer informe, la Guardia Civil ya apuntaba a fallos en el dispositivo. Pero la juez optó por esta decisión.

El informe, como entraba dentro de las posibilidades, se retrasó. Tal es así que la propia magistrada a mediados de 2024 preguntó a la Guardia Civil qué ocurría con ese trabajo que había encargado un año y medio antes. Finalmente, el dosier se entregó. Pero, en ese interín, un abogado había recurrido la providencia en la que se acordaba insistir a la Guardia Civil. De tal forma que en el juzgado se acordó esperar al pronunciamiento de la Audiencia de Castellón. El auto dictó el pasado mes de marzo y desde entonces... Ni una sola novedad.

Se ignora por qué el juzgado de Instrucción número 1 de Segorbe no adopta ninguna decisión desde hace cuatro meses. El siguiente paso, tal y como coinciden todas las fuentes, es la reapertura de la investigación. Entre otros motivos, porque no se ha practicado ninguna diligencia de investigación como podrían ser las declaraciones de los investigados. Se ha perdido un tiempo valioso para reparar a los perjudicados. En caso contrario, un sobreseimiento llevaría a que toda las víctimas recurrieran. Y más tiempo de retraso ante las diligencias.

No se puede olvidar la gravedad del suceso. Un tren con medio centenar de pasajeros se vio rodeado por las llamas. Seis de los viajeros resultaron heridos graves y una veintena fueron atendidos. Se vivieron verdaderas escenas de pánico. De hecho, algunos de los ocupantes decidieron salir del convoy, mientras este trataba de reemprender la marcha en el sentido contrario y abandonar la zona de peligro.

Los agentes recogen en su informe errores de distinta naturaleza. Por ejemplo, fallos de comunicación, el traslado del Puesto de Mando Avanzado (PMA) en el momento de mayor virulencia del fuego y las cambiantes condiciones meteorológicas, la desatención de dos llamadas de alerta y el retraso en la actualización del perímetro. No existe un error grosero, flagrante sino múltiples fallos y circunstancias que contribuyeron al desastre.

El episodio ha tenido también una vertiente política. Fue utilizado por el PP para desgastar al Botánico y, en concreto, a una de sus principales figuras, la consellera Gabriela Bravo, hoy ya de vuelta a la Fiscalía de Valencia. En noviembre de 2023, el presidente Mazón y la entonces consellera de Justicia, Elisa Núñez, se reunieron con representantes de las víctimas. Les mostraron su apoyo y expresaron el compromiso del Gobierno valenciano para resarcirles de la desagradable experiencia. Más tarde se acordó el adelanto de las ayudas. Un trato que sí estaban recibiendo víctimas de otras tragedias. Esta celeridad contrasta con los problemas que han mantenido con las diferentes asociaciones de afectados de la dana. Un equilibrio, el del poder y las víctimas, que siempre es complicado.