Los sanitarios rechazan la paga adicional por la pandemia por «discriminatoria e insuficiente»

Para CSIF, la cantidad global consignada (43,7 millones de euros) resulta «insuficiente» (Cataluña ha previsto 140 millones), la propuesta es «discriminatoria» porque no incluye a todo el personal, y demuestra «falta de planificación». En esta línea, desde el Sindicato Médico CESM-CV lamentaron que «se deje fuera a un importante número de profesionales que estuvieron implicados y expuestos en primera línea durante el estado de alarma como los inspectores de Sanidad, profesionales de salud pública, la totalidad de trabajadores de las concesiones administrativas, y otros profesionales adscritos a empresas privadas, como personal de limpieza y seguridad, que se implicaron igual que el resto de trabajadores de Sanidad«. CCOO también declinó apoyar un decreto que »carece de los criterios mínimos de reparto por los que debe aplicarse esta compensación y puede dar lugar a situaciones de agravio comparativo entre el personal«.

En total, tanto Sanidad como la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas –de la que dependen las residencias y centros de mayores– han previsto una partida de 43,7 millones de euros para unas gratificaciones que no serán iguales para todos, puesto que la cuantía «será proporcional al tiempo efectivo de trabajo durante el periodo del estado de alarma, y podrá percibirse en función de cada categoría profesional y/o a la exposición al riesgo». Desde el Consell concretaron ayer, tras la celebración de un pleno extraordinario donde se aprobó la medida, que esta ayuda llegará a alrededor de 1.500 profesionales de los centros públicos del sector de personas mayores y de diversidad funcional y salud mental; y más del 60% del personal del sistema valenciano de salud.

Así, y dado que la red sanitaria pública cuenta con unos 63.000 profesionales, la gratificación podría llegar a unos 40.000 (incluyendo sociosanitarios), por lo que, de media, supondrá algo más de mil euros por persona.

Al respecto, Puig reconoció ayer que la gratificación será «escasa», y que los importes concretos se regularán posteriormente en órdenes específicas tanto de Sanidad como de Igualdad. El presidente justificó la exclusión de los sanitarios de hospitales concertados y privados en que es la Generalitat «quien hace esta compensación a aquellos que son sus empleados públicos», aunque agregó que «sería importante que, probablemente, aquellas empresas que hacen esta gestión tuvieran también esa capacidad, pero eso es una cuestión que depende de las empresas, no vamos a decirles lo que tienen que hacer«. El presidente hizo estas declaraciones durante la presentación en Feria Valencia de un proyecto piloto puesto en marcha por la Universitat Politècnica de València (UPV) para utilizar drones de distintos tamaños y procedencias, algunos incluso valencianos, para trasladar material médico en circunstancias de pandemia. De hecho, uno de estos drones llevó un kit antiCovid de Feria Valencia al Arnau de Vilanova en tres minutos. El proyecto, con todo, es experimental: la nueva normativa que permite este tipo de vuelos no tripulados entra en vigor el 1 de enero de 2021 pero tiene dos años de aplicación.

Contrasta la postura de Sanidad con la situación de las residencias y centros de mayores concertados. El Consell ha aprobado la concesión de 10,9 millones de euros en subvenciones a estos centros por su esfuerzo para combatir el coronavirus. Del total de las ayudas, el 50% se destinará a gratificar y compensar el esfuerzo de los trabajadores, así como para contratación de personal y mantenimiento de los centros.

Asimismo, se subvenciona la adquisición de material, como televisores o tabletas, destinado al alivio y apoyo a las personas residentes para paliar y sobrellevar el aislamiento, mantener su autonomía funcional y la estimulación cognitiva y mental, así como facilitar su comunicación y contacto con personas familiares, tutoras o allegadas.