La falta de colaboración del Gobierno y la Diputación lastra la investigación a la exdirectora del Instituto de las Mujeres

El juzgado, tras la petición de la Guardia Civil, encargó un informe acerca de si García comunicó a la entidad su condición de administradora de la empresa Elig Consultoría mientras ocupaba cargo público.

La mercantil obtuvo numerosos contratos públicos, fundamentalmente de municipios gobernados por la izquierda, mientras la dirigente socialista ocupaba la dirección del Instituto de las Mujeres.

A la citada oficina se le reclamaba, de igual modo, información de si abrió un expediente de esta circunstancia así como los motivos exactos, las fechas de las comunicaciones y todas las respuestas. Este encargo por parte de la instructora se produjo en mayo de 2025. Cuatro meses después, sin embargo, no hay noticias de este requerimiento, un aspecto crucial para la investigación de un supuesto tráfico de influencias.

Del mismo modo, acuerda contactar de nuevo con la Diputación de Valencia porque tampoco han dado respuesta a la solicitud que se tramitó también en aquel auto de hace cuatro meses. La Guardia Civil había reconstruido la vida laboral de García y su pareja, también investigada en este procedimiento y que ha trabajado como asesora gubernamental en algún periodo. Los agentes establecen 2015 como punto de partida de su carrera política. Fue diputada provincial en el primer gobierno del Botánico, época en la que se creó en la provincia de Valencia la red de municipios contra la violencia de género.

Esta coincidencia quizá pudo aumentar la relación de la dirigente socialista con los citados municipios. Los agentes querían profundizar en esta vertiente de las pesquisas. Por eso solicitaron información a la Diputación para que se concretara qué papel tuvo García en la génesis y desarrollo de esa iniciativa, tal y como informó en su día LAS PROVINCIAS.

También se echa en falta la contestación de algunos municipios como Albal, Almussafes, Orihuela, Llíria, Siete Aguas, Alfara del Patriarca y Massanassa. Incluso reclama algunos datos a la Vicepresidencia, que tiene las competencias de Igualdad, pero no se concreta a qué se refiere.

La empresa bajo sospecha, Elig Consultoría, logró un facturación de 343.000 euros de una treintena de entidades. Todos estos ingresos, según un informe preliminar de los investigadores, procedían de Ayuntamientos de Valencia. El juzgado, al menos, sí ha recibido los datos de la entidad bancaria donde estaba la cuenta de la mercantil. La información ya ha sido facilitada a los agentes que pretenden aclarar el origen de otros 50.000 euros.

Las empresas de las dos investigadas –existe otra firma que facturó 17.000 euros– siempre realizaron actividades relacionadas con la igualdad y la diversidad. Por ejemplo, ofrecieron servicios de consultoría política de igualdad promoviendo políticas inclusivas y asesoraron a gobiernos, organizaciones sin fines de lucro, federaciones deportivas y empresas privadas en el desarrollo de políticas de igualdad, según consta en la página web de la mercantil.

La que fuera diputada, antes de su llegada al Instituto de las Mujeres, había sido contratada como asesora en el gabinete del Ministro de Fomento. En aquel momento el titular era José Luis Ábalos, hoy en el centro de la polémica tras el estallido del caso Koldo.