El Covid-19 vuelve a entrar en las residencias

«Los mayores nos hemos portado bastante bien durante la pandemia y nos hemos muerto cuando han querido los demás, no cuando nos tocaba, porque dicen que no importamos mucho». José Pelegrí roza los 80 años y es el Defensor del Mayor de Valencia desde 2009. Desprende optimismo, pero sus palabras denotan una gran espina clavada en su corazón por la gestión realizada en los geriátricos al inicio de la pandemia. Y teme que unos meses después la historia se repita. «Vamos a peor», asegura con pesimismo. «En las residencias no se actuó bien. Son maquinitas que estaban montadas para ganar dinero, aunque ahora parece que han cambiado. Se han dado cuenta de que hay que cuidar a los mayores, estar encima de ellos», reflexiona.

Los contagios en los geriátricos, aunque no son como los de aquellos duros meses iniciales de la pandemia, han empezado a forjar una nueva curva ascendente. Prueba de ello son los 44 positivos del geriátrico Lope de Rueda de Torrent o que su número se multiplicó por 13 de julio a agosto. En junio se contagiaron 16 residentes y fallecieron cuatro. Las muertes bajaron a la mitad en julio y los contagios se quedaron en 12. Pero en agosto la línea del gráfico ha rebasado lo que se esperaba: el virus ha abierto otra vez la puerta de las residencias y se han registrado 156 casos nuevos. El número de fallecimientos ha sido el doble que en julio, cuatro. El total de residentes finados desde el inicio de la pandemia alcanzó el mes pasado los 571. Esta cifra supone un 38,4 % del total de muertes por coronavirus. Aunque es el tercer porcentaje menos alto en España, por detrás de Andalucía (37,5 %) y Canarias (10,8 %), no deja de ser 571 tragedias.

De las 16 residencias en las que había algún caso de contagio cuando acababa julio, a 31 de agosto la cifra prácticamente se había triplicado porque había 42 con centros con positivos, ya fueran residentes o personal. Porque los trabajadores de estos centros también se han contagiado. En junio se infectaron seis, 11 en julio y 113 en agosto. En un mes el número de positivos se ha multiplicado nada menos que por 10.

En ese sentido, Ana Lanuza, coordinadora de la sección Civil de la Fiscalía de Valencia, exige a las empresas y a la Administración «no bajar la guardia porque en cualquier momento esto puede cambiar y el virus volverse mucho más agresivo».

El objetivo es impedir que se repita el patrón de contagios y muertes de marzo, abril y mayo. «La situación, en principio, no es preocupante. No estamos como cuando teníamos 61 fallecidos a la semana, ni mucho menos, pero hay que continuar alerta. Vamos a seguir realizando un seguimiento especial de los brotes en las residencias», afirma.

La fiscal considera una buena medida que se realicen pruebas PCR a todo el personal de las residencias que se incorpore tras las vacaciones, «aunque muchos de ellos se quejen de que el resultado tarda varios días», y también a los nuevos inquilinos de los asilos o a los que vuelvan tras pasar unos días fuera.

Prevención mediante las ya mencionadas pruebas PCR, restringir de nuevo las visitas de familiares (uno por sesión) y hacerlas al aire libre cuando se pueda (en aquellas con positivos se suspenden), intensificar la limpieza de los locales y disponer de espacio para el aislamiento de residentes (un 10 % de las plazas) por si se precisa para los contagios, además de una reserva de material de protección para cuatro semanas o disponer de un plan de contingencia son las principales medidas dictadas por la conselleria de Igualdad, la competente en materia de residencias de mayores. Al margen están las sanciones propuestas por si no se hacen test PCR a los empleados al incorporarse al trabajo tras las vacaciones o días de permiso, o a los nuevos inquilinos, aunque esa sea labor de la conselleria de Sanidad, o mantener trabajando a un operario contagiado.

Las empresas que gestionan los centros de mayores se muestran, además de enfadadas por las medidas coercitivas, preocupadas ante cómo puede evolucionar el virus. De momento respiran porque la mortalidad con la que ahora golpea no es la de marzo o abril. Consideran que las medidas de prevención adoptadas están siendo eficaces porque «reducen las posibilidades de que entre el virus y mitigan el impacto entre los residentes». Pero, sobre todo porque «ahora tenemos información sobre la pandemia y las situaciones que hay que evitar», afirma el presidente de la patronal Aerte, José María Toro. Con ello da a entender que en febrero y marzo, como deslizaban los dirigentes, creían que el Covid era una gripe.

«Tenemos que asumir que las residencias no son una burbuja y que si la situación epidemiológica es grave fuera hay más posibilidades de que entre en el centro», advierte José María Toro y señala a la conselleria de Igualdad que dirige Mónica Oltra: «transmitir que cada vez que hay un brote en una residencia ha habido una negligencia es una irresponsabilidad y genera excesiva alarma. Pensar de esa manera demuestra un desconocimiento muy preocupante de la realidad de los centros».

Toro también avisa de que con el elevado número de asintomáticos que hay en la sociedad necesitan hacer pruebas periódicas a los trabajadores y a los residentes «para ir por delante del virus y hacer detección temprana». Y la segunda, que las pruebas PCR a los empleados y residentes «están empezando a acumular un retraso importante lo que conlleva un aumento del riesgo de contagio del que no podemos ser responsables». Por ello pide que Sanidad, a pesar del bloqueo de atención primaria, priorice «a las personas que hemos visto que son más vulnerables».

La patronal tiene la sensación de que la conselleria de Igualdad «está bloqueada». ¿Las razones? «Estamos esperando el visado de cientos de planes de contingencia de los centros, hay resoluciones de bonos y prestaciones pendientes de resolver, no se están cubriendo muchas plazas públicas y la oficina técnica tiene demoras. Todas estas cuestiones son administrativas», aclara Toro.

Y apunta otras dos cuestiones. La primera, que «los centros de día están siendo olvidados. No se les dota de material de protección por parte de la Administración y no se les hace pruebas a sus trabajadores. Y su trabajo es fundamental para el bienestar de muchas personas». La segunda, según Toro, que es «fundamental mantener las visitas en las residencias, con las medidas de seguridad necesarias, todo lo posible. Es la manera más segura actualmente de facilitar el contacto de las personas usuarias con las familias, esencial para mantener su calidad de vida».

Por su parte, Mónica Oltra, vicepresidenta y consellera de Igualdad, recuerda que «nadie estaba preparado para esta situación pero actuamos lo más rápido posible generando un nuevo sistema de atención social adaptado a la situación».

La número dos del Consell declara que tienen claro que en una residencia «hay tanta seguridad como la que tenemos en un sitio en el que se cumplen las normas de seguridad sanitaria: mascarilla, distancia e higiene de manos, que al final es la mejor vacuna que tenemos contra el virus».

Igualdad ha dispuesto las normas de seguridad bajo las que se deben mover los geriátricos y han ido variando, más restrictivas o más laxas, según la evolución de la pandemia. «Estamos en estado de alarma permanente para revisar cualquiera de estas medidas y adaptar rápidamente nuestra forma de actuar ante un virus del que nos falta por saber aún mucho», indica Oltra.

Igualdad ha facilitado a las residencias más de dos millones de mascarillas y más de 43.000 litros de hidrogel, guantes, gafas protectoras, termómetros o protectores faciales, al margen del material que les hayan entregado otros departamentos. «Eso no quiere decir que el virus no vaya a entrar, pero contamos con unas medidas, un material y un entrenamiento mejor que en la primera ola de la pandemia. Trabajadores y directivos tienen más destreza ante un brote y estamos ahora en mejores condiciones que en febrero», dice la vicepresidenta.