El Consell blinda la financiación universitaria hasta 2029 y cubrirá inversiones imprevistas

Según ha podido saber LAS PROVINCIAS, se va a establecer una financiación estructural o básica que deberá respetarse en los cuatro próximos proyectos de presupuestos autonómicos (2026, 2027, 2028 y 2029). Además, de manera complementaria, incluirá partidas de financiación variable para cubrir subidas salariales del personal que todavía no se pueden estimar, inversiones a las que obliga la normativa externa (la ya existente y la que pueda venir) o incluso el efecto de la inflación. La administración valenciana se compromete a cubrir todos estos conceptos.

La base del acuerdo es la inversión que reciben actualmente las cinco instituciones -Universitat y Politècnica de València, Alicante, Miguel Hernández de Elche y Jaume I de Castellón-, que se eleva a 1.014,7 millones. Se incluyen las transferencias corrientes (876,79 millones que sobre todo se destinan a gastos de personal, funcionamiento e inversión), el fondo de transición (64,77 millones que empezaron a pagarse en 2023, cuando se terminó de abonar la deuda histórica y con el objetivo de no dejar un agujero financiero insostenible por no haberse concretado el nuevo plan), el dinero para la creación de nuevas plazas docentes a las que obliga la Ley Orgánica de Universidades para estabilizar plantillas (29,61 millones, tanto estatales como autonómicos, pues el plan está cofinanciado), y las compensaciones que permiten costear obligaciones derivadas de normativas estatales y autonómicas. Es decir, son externas a las universidades pero estas no tienen más remedio que darles cumplimiento con cargo a sus presupuestos.

Por ejemplo, si una administración establece que al personal se le tiene que mejorar la retribución por resultados de investigación, o que determinados colectivos se benefician de una exención de tasas especial. Este concepto, que se eleva a 43,53 millones, estaba sujeto a negociación anual y siempre ha sido objeto de un tira y afloja entre la administración y las universidades. Con el nuevo plan formará parte de la financiación basal y además se irá actualizando conforme a una serie de indicadores y fórmulas pactadas entre todas las partes del acuerdo.

A esta cantidad hay que sumar otros 38,36 millones, fruto de una modificación presupuestaria que ya surtirá efecto en este mismo ejercicio para incrementar la dotación del citado fondo de nivelación y que se mantendrá en los sucesivos. Además, de cara a 2026 se incluirán también los incrementos retributivos para los empleados públicos que se consolidan y que se han cuantificado ya en 9,44 millones (sólo contando el personal universitario).

En total, son 1.062,5 millones de euros que, en realidad, hacen referencia una cuantía mínima. Y es que el acuerdo contempla también los nuevos incrementos salariales que se apliquen en los años sucesivos (todavía sin aprobar y lógicamente sin cuantificar), la actualización derivada de la subida de precios y el efecto de la inflación, la de las compensaciones por normativas externas ya citadas o los pagos por la reducción de tasas que se puedan aplicar a medio plazo. Y es que si los alumnos aportan menos, los estudios universitarios cuestan más a la Generalitat.

El acuerdo, que materializarán el presidente Carlos Mazón y los cinco rectores y rectoras, deja para más adelante algunos aspectos que llegaron a estar encima de la mesa. Es lo que sucederá con la financiación ligada a objetivos -como por ejemplo tasas de inserción laboral o internacionalización- o la vinculada a casuísticas singulares, como puede ser el tener que afrontar nuevas infraestructuras docentes, sanitarias o de investigación o por el hecho de conservar un elevado patrimonio cultural. Así, el borrador del acuerdo contempla que durante su vigencia se podrán proponer y definir indicadores a aplicar para la financiación por objetivos, y que en función de las disponibilidades presupuestarias de la Generalitat se suscribirán contratos programa que recogerán los recursos a asignar y la metodología para evaluar su consecución. Tampoco tiene mucha más concreción la financiación vinculada a las necesidades singulares, más allá de que también se relaciona con las disponibilidades económicas de la administración y con que cualquier situación tendrá que ser consensuada entre las partes.

Por último, el documento recoge una cautela llamativa: la ejecución del acuerdo puede quedar anulada si el Gobierno o el Consell aplican medidas legislativas de restricción del gasto público. Y en lo referente al plazo de vigencia, se deja la puerta abierta a una prórroga de la misma duración que el acuerdo, siempre que todas las partes expresen su conformidad.