El cerco a los pisos turísticos ilegales deja 36 cierres diarios en la Comunitat Valenciana

365 después de los cambios en el decreto impulsados por la entonces consellera de Turismo, Nuria Montes, destituida del cargo tras la dana del pasado 29 de octubre, los datos refrendan que las medidas han surtido efecto. Según las cifras del portal de Transparencia de la Generalitat utilizadas por LAS PROVINCIAS, la Comunitat ha pasado de tener registrados 100.923 pisos turísticos a 87.633 durante la primera semana de agosto de ambos ejercicios. Además, desde el Consell estiman que el descenso en cuanto al número de inmuebles sea todavía más acusado de cara a finales de este 2025. En el cuatrimestre que todavía resta de este año, Turismo vaticina dar de baja cerca de 7.000 unidades que a día de hoy permanecen registradas en una tercera fase de depuración del censo autonómico. De hecho, se prevé que a finales de 2025 el listado de viviendas de uso turístico valencianas esté completamente actualizado y depurado.

Este notable descenso de casi 13.200 pisos vacacionales en el conjunto de la región ha venido motivado por factores como la nueva documentación requerida o la decena de ayuntamientos que han solicitado a la Generalitat las competencias para controlar al sector con medios municipales, tal y como estipula la modificación del decreto. Esta segunda medida, la delegación de potestades, ha permitido incrementar un 33% las inspecciones sobre el sector y llevar a cabo más de 450 actuaciones enmarcadas en el programa contra el intrusismo y la economía sumergida del Plan de Inspección Turística 2024.

En el balance oficial emitido por la Conselleria, la actual titular del ramo, Marián Cano, hizo hincapié en que durante este año se han introducido controles de carácter aleatorio a este tipo de viviendas, para verificar el cumplimiento de requisitos como la declaración responsable, la referencia catastral individualizada o la compatibilidad urbanística con el objetivo de «aplicar escrupulosamente la ley y garantizar la oferta regulada».

En cuanto al convenio marco firmado con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) para la delegación sancionadora sobre la actividad de alojamiento vacacional ilegal, a fecha de este primer aniversario ya se han adherido localidades como Valencia, Benidorm, Faura, la Font d'en Carròs, Piles, Ayora, Elche o Torrevieja. De hecho, según el Consell, sólo la capital del Turia ha conseguido recaudar más de 30.000 euros en sanciones durante el primer trimestre de aplicación de la iniciativa. Además, desde la Dirección General de Turismo se han desarrollado jornadas formativas y acciones de acompañamiento técnico para facilitar su implementación local en las poblaciones interesadas.

Cabe recordar que, tal y como publicó este periódico, el cuerpo autonómico de inspectores en materia de vivienda turística contaba con apenas 11 efectivos para inspeccionar las tres provincias: cuatro en Alicante, tres en Castellón y otros cuatro en Valencia. Es decir, la cesión de competencias ha permitido incrementar y acelerar el número de controles.

Tras las medidas de depuración del listado de viviendas de uso turístico en la Comunitat, que se prolongará hasta finales de año con más cierres, el ranking de localidades donde este fenómeno del alojamiento vacacional sigue arraigado con más fuerza está encabezado con una abrumadora diferencia por Torrevieja con 9.434 apartamentos registrados, seguida de Valencia con 5.918, Benidorm con 5.559, Calpe con 5.284, Dénia con 4.829, Orihuela con 4.429, Xàbia con 4.328, Oropesa del Mar con 3.147, Alicante con 3.109, Peñíscola con 2.932 y Santa Pola, que cierra este particular 'top 10', con 2.911 unidades.

En cuanto a las zonas donde se ha reportado un mayor descenso de la incidencia de los pisos turísticos destaca sobremanera la provincia de Alicante, pues dos de cada tres inmuebles de esta índole estaban afincados en esta provincia hace un año.

Tras la aplicación de la nueva legislación, el censo habitacional destinado al alquiler vacacional ha caído en 2.296 viviendas en Benidorm, seguido por Xàbia con 1.838 menos, Orihuela con 1.368 menos o Alicante con un descenso de 1.056 unidades. En la otra cara de la moneda, allí donde alojamiento turístico ha ido al alza con la apertura de más inmuebles pese a la regulación son Torrevieja con 121 inmuebles más, Sagunto con 93, Moncofa con 69 o Cabanes con 58 nuevos pisos.

En el caso de Valencia, atendiendo a los datos utilizados en el análisis de este diario, la oferta de pisos turísticos inscritos en el censo de la Generalitat tuvo una caída interanual de un centenar de apartamentos pasando de los 6.012 en 2024 a 5.918. Estos dígitos colocan a la capital del Turia como la segunda población con mayor número de estos alojamientos de toda la Comunitat cuando el pasado año ostentaba el cuarto puesto.

Entre las principales novedades de la normativa aprobada el 8 de agosto de 2024 se encontraban la exigencia a los propietarios de renovar sus declaraciones responsables cada cinco años o el establecimiento de multas de carácter «muy grave» con una cuantía a pagar de entre 100.000 y 600.000 euros. Por ejemplo, el alquiler turístico por habitaciones pasó a estar categorizado dentro de este tipo de infracciones.

Además, para reforzar la seguridad jurídica se incluyeron una serie de artículos tanto para el propietario, al facilitar el desalojo «sin derecho a reembolso» de los inquilinos que incumplieran las normas de uso establecidas en el arrendamiento, como para el inquilino, al imponer al dueño unos parámetros mínimos de habitabilidad en los inmuebles. En este apartado, el Consell también decidió hacer responsables subsidiarios a los arrendadores de todos aquellos actos ilegales que se cometiesen en el interior de los pisos. Hasta entonces sólo se perseguía a la persona que comercializaba los negocios, que no tenía porqué corresponderse con la figura del dueño.

También se establecieron tres regímenes transitorios. El primero de ellos sería de aplicación sobre las viviendas de uso turístico utilizadas antes del 1 de julio de 2018. Estas mantendría su inscripción en los mismos términos.

Por su parte, el segundo régimen implicaba a las viviendas autorizadas entre el 7 de julio de 2018 y la entrada en vigor del nuevo decreto ley. Estas seguían con su inscripción, pero con un plazo de cinco años para adaptarse a los requisitos de calidad exigidos y la obligación de renovar la declaración responsable con la aprobación del nuevo informe de compatibilidad urbanística en 2030.

Por último, el tercer régimen implica a todas aquellas viviendas autorizadas a partir de la entrada del nuevo decreto teniendo que renovar los dueños su declaración responsable cada lustro, contar con la aprobación del informe de compatibilidad urbanística y el certificado vigente de la comunidad de propietarios.

Asimismo, entre la letra pequeña de la normativa, que tendrá un plazo de cinco años para que los propietarios hagan acopio de estas medidas, se recogen aspectos como la imposición un servicio de recepción, quedando así prohibida la entrega de llaves mediante un cajetín situado en la vía pública. Ni que decir cabe que estos dispositivos siguen campando por doquier en las calles un año después aunque tendrán que desaparecer de la vía pública en su totalidad en 2029. Además, también se obligaba a los propietarios a activar un servicio telefónico de atención al cliente 24 horas, una lavadora o conectividad a telefonía móvil e Internet.