La Guardia Civil asegura que la trama Acuamed planeó «verter agua contaminada al río Ebro»

 La Guardia Civil recoge en un informe del 'caso Acuamed', la supuesta trama de malversación de dinero público, adjudicaciones irregulares y sobornos en la empresa estatal del Ministerio de Agricultura, que dos de los investigados planearon verter ácido clorhídrico sin control al río Ebro para ahorrarse costes en la depuración de las aguas del embalse de Flix, situado en la provincia de Tarragona.

 Según las conclusiones de los agentes del Unidad Central Operativa (UCO), la trama quería beneficiar al grupo de servicios FCC a cambio de presuntos pagos a los funcionarios implicados en la causa. La sociedad Acuamed (Aguas de las Cuencas Mediterráneas) y la empresa negociaban un contrato por 11 millones de euros para limpiar el citado embalse, que tenía un PH en sus aguas -grado de acidez o alcanilidad- fuera de control y del cual no se habían extraído los residuos pactados.

     Así, los investigadores aseguran en el informe remitido al juzgado de la Audiencia Nacional que instruye los hechos que Pablo Martín, gerente territorial de Acuamed y jefe de la obra de Flix, «podría estar valorando la posibilidad de verter el agua contaminada al río Ebro, a pesar de los informes de contaminación de los que tendría conocimiento". No obstante, los agentes admiten que desconocen si las intenciones llegaron a consumarse y si hubo consecuencias medioambientales. El fondo de esta acción presuntamente delictiva consistía en evitar así gastos extraordinarios a FCC y facilitar una vía rápida para maximizar el contrato de 11 millones.

     Los hechos conocidos se extraen de las conversaciones intervenidas a Pablo Martín y al técnico de FCC David Blanca, a las que ha tenido acceso COLPISA. Los trabajos habían detectado la existencia de centenares de miles de metros cúbicos de lodo contaminado en el cauce fluvial. Martín aseguró a su interlocutor que «nos podríamos plantear echar ácido clorhídrico directamente al embalse». Y Blanca le responde que esta posibilidad se está estudiando pero «hay que hacerlo de forma ordenada». «Claro, nosotros somos del hormigón y del hierro», dice el empleado de FFC antes de añadir: «¿Nosotros a lo bruto que haríamos? Esto es como vaciar una cuba (risas) a tomar por culo, tiramos la cuba de clorhídrico y aquí paz y después gloria», comenta.

Obras sospechosas

     El instructor imputó el pasado enero a los 13 detenidos en la 'operación Frontino' la comisión de presuntos de delitos de pertenencia a organización criminal, prevaricación, fraude, malversación, falsedad, tráfico de influencias o cohecho. Se investiga la adjudicación fraudulenta de obras a una decena de empresas, entre ellas FCC y Acciona, y la falsificación de certificaciones y liquidaciones dirigida a aumentar significativamente las cantidades que recibieron los contratistas.

     En concreto, la investigación se centra en seis contratos sospechosos que afectan al acondicionamiento del río Serpis (Alicante), las obras de laminación y mejora del drenaje de la cuenca de la Rambla Gallinera (Valencia y Alicante) o el refuerzo de la red de abastecimiento de agua potable en El Campello y Mutxamel (Alicante). También están afectadas las obras del frente marítimo de Torrevieja relacionadas con la desalinización u otro proyecto de la desaladora del bajo Almanzora (Almería)

     Precisamente, esta semana el principal acusado en la trama, el director general de Acuamed Arcadio Mateo, quedó en libertad provisional tras depositar un aval en el juzgado de 300.000 euros.