Roig dice que la Generalitat conocía la deuda que arrastraba Valmor

Las comparecencias de los testigos en la investigación de las presuntas irregularidades en la organización de las carreras de la Fórmula 1 en Valencia comenzaron ayer con la declaración del que fuera presidente de la Generalitat y de Bancaja, José Luis Olivas, y el actual presidente del Villarreal, Fernando Roig. Ambos participaron -uno como máximo responsable de la entidad bancaria- como socios en la empresa Valmor, la promotora de la prueba automovilística.

Olivas admitió que recibió una llamada del entonces presidente Francisco Camps en la que le proponía la idea de organizar la carrera de Fórmula 1 en la capital del Turia. La propuesta de Camps era que Bancaja participara en la prueba. Hay que recordar que el evento se gesta en 2007 cuando pocos imaginaban la virulencia de la crisis económica. En un primer momento, José Luis Olivas da una negativa a Camps, según reveló ayer a la titular del juzgado de Instrucción número 2 de Valencia.

No obstante, transcurrido cierto tiempo y tras pensar más detenidamente la iniciativa, Olivas rectifica. Había tenido una idea: Valmor. Para acompañarle en esta aventura pensó en Aspar, con prestigio deportivo en el mundo del motor, y en Fernando Roig, empresario de éxito y presidente del Villarreal.

El papel de Olivas en la sociedad fue el de un inversor financiero, prácticamente no se ocupó de nada en el día a día. Sí que reconoció que apenas contaban con personal y que recurrían a subcontratar personal para numerosas tareas. Aparte de la venta de entradas se gestionaba poco desde la sociedad, explicó en el juzgado según fuentes judiciales.

Olivas fue preguntado acerca del extraño episodio de la firma de Bancaja como avalista. Aseguró que acudió a una de las reuniones en Londres, y le comunicaron ese mismo día que tenía que firmar el aval. Según explicó el entonces presidente de Bancaja, en algunos casos, él podía hacerlo y después pasarlo al consejo de administración de la caja. Al parecer, esto se lo pidió Facundo García, el director gerente de Valmor.

El expresidente de Bancaja cambió de opinión porque vio en las carreras de Bernie Ecclestone una oportunidad de negocio, en especial, con los viajes a la Comunitat, según indicó. Las expectativas, no obstante, jamás se vieron cumplidas. Ya el primer año no resultó rentable pese a la afluencia de público. Los ejercicios posteriores se cerraron de manera desastrosa para sus intereses.

Fernando Roig lo explicó ayer en su declaración judicial como testigo. Admitió que la empresa estaba abocada al concurso y desconoce por qué finalmente se la quedó la Generalitat al comprarla por un euro y asumir toda la deuda, cercana a 30 millones de euros. Apuntó que quizá esa decisión se tomó por la repercusión de la prueba a nivel comercial. Puso el ejemplo de que la localidad de Vila-real es conocida por el club de fútbol. Ahora bien, lo que negó es que se engañara a la Generalitat con las cuentas de la sociedad. Se les facilitaron todos los números y libros. Y todo estaba perfectamente auditadas.

Una de las irregularidades denunciadas por la fiscalía es precisamente la adquisición de la mercantil. El ministerio público sostiene que Lola Johnson -investigada en el procedimiento junto a Aspar y Camps- escondió a los consellers la situación real de la sociedad. Algunos responsables políticos han declarado que desconocían que la compra suponía también asumir la deuda. La declaración de Roig pondría en duda esta versión de los hechos.

La querella de Anticorrupción que dio origen a esta causa se centra en cuatro aspectos: el contrato entre Valmor y la empresa Circuito del Motor para organizar la Fórmula 1, por el que la mercantil no pagó «ni un euro» en perjuicio de los fondos públicos; la orden que dio Camps para que la Generalitat se constituyera como avalista de Valmor sin seguir el procedimiento administrativo fijado en la Ley de Hacienda y la de Presupuestos de 2011; también la orden que dio a Johnson, pese a que no tenía competencia para ello, para que firmara el contrato de 19 de julio de 2011 por el que el Consell prestaba el aval a la empresa; y el pago del canon anual de 26 millones por parte del Consell.