Alertan de que la salud llevará en un futuro a una mayor exclusión social

El 16% de los hogares de la Comunitat Valenciana tiene actualmente problemas serios para seguir los tratamientos médicos. Esta cifra, que se ha extraído del 'VII Informe sobre la exclusión y desarrollo en España 2014', puede que sea solo el principio de lo que va a venir. Y es que ante los recortes que se han impuesto en estos últimos años -caso del copago- existe el riesgo de que en un futuro el acceso a la salud tenga más peso en la exclusión social.

«El gasto sanitario se está trasladando a la ciudadanía». Así lo advirtió ayer Guillermo Fernández, sociólogo miembro del equipo técnico de la Fundación Foessa y del equipo de Estudios de Cáritas Española. Fernández se trasladó a la sede universitaria de la UA en Alicante para mostrar la realidad social de la Comunitat Valenciana.

Trabajadores y voluntarios de Cáritas Diocesana de la provincia, organizaciones vinculadas y la sociedad civil participaron en este encuentro donde se puso de manifiesto cómo la desigualdad se ha incrementado un 10% en la autonomía (por encima de la media española), mientras la pobreza severa duplica a la del resto de autonomías. Uno de cada tres ciudadanos está en situación de exclusión social, frente a la media de uno de cada cuatro en España. «Estas cifras tienen rostro, nombres y apellidos; detrás hay hermanos, amigos, vecinos y conocidos que lo están pasando realmente mal», apostilló.

La «regresión en las políticas sociales» están afectando duramente a los alicantinos. Para el sociólogo, la exclusión de la salud es una de ellas y apuntó que una persona puede a corto plazo recortar gastos en vivienda, pero no en sanidad. De ahí, el mensaje de preocupación que lanzó a los asistentes que están a pie de calle, ayudando a alicantinos con graves dificultades sociales y económicas.

El empobrecimiento de las pensiones es la segunda. Los mayores -añadió- «se han convertido en cuidadores totales», en referencia a que están sosteniendo a las familias cuando tendrían que ser ellos a quienes cuidaran. Tampoco hay que olvidar la educación, el fracaso y el abandono escolar, que se ha «estancado» en un porcentaje del 25%. ¿El motivo? Las diferencias sociales. «Si uno es pobre tiene menos probabilidades de estudiar», señaló, al tiempo que cuestionó la efectividad de los programas que las administraciones diseñan para reducir estas tasas si no tienen en cuenta el empobrecimiento. La debilidad de los servicios sociales públicos, que están «tremendamente fragmentados» y el sistema de protección (pensiones, ayudas, prestaciones a la vivienda), que «no está coordinado y tiene enormes deficiencias» son otras de las reformas necesarias al estar repercutiendo a la ciudadanía.

«Lo que pedimos es un cambio de modelo social, hay que centrarse más en la persona, la economía es importante pero no puede ser lo exclusivo», insistió el director de Cáritas Orihuela-Alicante, Jaime Pérez. Una demanda a la que se sumó el rector de la UA, Manuel Palomar, que presentó la jornada y pidió «poner freno» a esta desigualdad. El director de Cáritas -en 2014 atendieron a 90.000 personas- afirmó que «todavía nos quedan años de dificultad». Aunque quiso lanzar un «mensaje de esperanza», reconoció que «determinada gente con una edad avanzada quizá ya no encuentre un hueco laboral y eso va a ser una complicación tanto para su salida de la crisis como su posterior pensión».