Las defensas niegan el móvil político en el crimen del alcalde de Polop

La animadversión que los presuntos inductores del crimen del alcalde de Polop sentían hacia Alejandro Ponsoda fue el móvil de su asesinato en el verano de 2007, según la acusación pública, mientras que las defensas cuestionaron la declaración del testigo protegido, al que atribuyen haber sido un confidente de la Guardia Civil.

Fiscalía y acusación particular pidieron ayer 25 años de cárcel para Juan Cano, exconcejal de Urbanismo, sucesor de Ponsoda y considerado principal instigador del asesinato el empresario Salvador García Ros y los dos responsables del local de alterne Mesalina de Finestrat, donde supuestamente se urdió el crimen, Pedro Hermosilla y Ariel Alberto Gatto. Los cuatro procesados están acusados de ser inductores de un asesinato con alevosía y precio.

Asimismo, las acusaciones solicitaron 25 años de cárcel para los tres acusados de ser los autores materiales de los disparos que acabaron con la vida de Ponsoda, Robert Franek, Radim Rakowski y Raúl Montero Trevejo, más otros dos años por tenencia ilícita de armas y una fianza de 334.933 euros.

En sus razonamientos, tanto la fiscalía como la acusación particular, afirmaron que Ponsoda era una persona «buena, querida y humilde», pero Juan Cano, en colaboración con Salvador García, Ariel Alberto Gatto y Pedro Jesús Hermosilla, «por la animadversión» que sentían hacia él, encargaron su asesinato a Raúl Montero Trevejo, Robert Franek y Radim Rakowski, por 50.000 euros.

Según la acusación, Cano y los otros tres presuntos inductores propusieron el asesinato por 35.000 euros al que luego se convirtió en el testigo protegido y que se negó a realizar el encargo dos veces. Sin embargo, las defensas cuestionaron al testigo protegido, y el letrado de Cano también rechazó el móvil político y urbanístico, porque alega que el exedil no tuvo ninguna intervención en la elaboración de las listas de 2003 y muestra «de su buena relación» es que ambos encabezaron la de 2007. Además, este letrado, al igual que los del resto de los acusados, argumentó que los hechos no se corresponden con las diligencias practicadas y que hay una total ausencia de indicios racionales de criminalidad.

Los tres acusados de tirotear al alcalde negaron los hechos. Uno de ellos, Raúl Montero, aseguró que inculpó a los otros dos «bajo presión policial y amenazas de todo tipo», mientras que sus compañeros de banquillo afirmaron que el día del crimen estaban en Sueca en casa de un amigo. Asimismo, manifestó que las tres declaraciones ante el juzgado de la Vila Joiosa, las realizó «bajo el síndrome de abstinencia de cocaína y con la presión de tener una petición de cárcel de diez años».