El juez propone juzgar a José Luis Moreno por organización criminal y blanqueo

En el auto de transformación de las diligencias a procedimiento abreviado (similar al procesamiento) del conocido como 'caso Titella', el magistrado propone juzgar a los investigados por delitos de estafa continuada en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales, organización criminal, corrupción en los negocios y frustración de la ejecución. Además, el instructor atribuye un delito contra la Hacienda Pública tanto a José Luis Moreno como a su amigo y excolaborador Martin Czehmester.

El juez explica que los investigados formaban parte de una organización criminal activa, al menos desde el año 2017, integrada por un elevado número de personas físicas y jurídicas, cuya actividad muestra «una extraordinaria complejidad, diversificándose en diferentes especialidades desde el fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados a la falsificación de efectos bancarios, además del posterior blanqueo de los beneficios obtenidos de estas actividades, con una estructura dividida en células operativas y claramente jerarquizadas».

Esta organización, continua la resolución, se dedicaba a obtener lucro aparentando, con evidente abuso del sistema crediticio de los bancos, la existencia de una solvente actividad económica empresarial para lograr de entidades bancarias productos crediticios y hacer suyo el importe, simulando una crisis económica por una mala gestión mercantil o por incidencias del mercado.

Para ello, señala el juez, se servían de una red de empresas pantalla y testaferros que dificultaba apreciar la vinculación existente entre los mismos, lo que permitía a los investigados simular la existencia de relaciones comerciales o económicas entre las diferentes empresas, promoviendo las constantes transferencias de los fondos de unas a otras para dificultar la trazabilidad y recuperabilidad del dinero obtenido ilícitamente de la defraudación a las entidades bancarias.

El dinero defraudado por medio del abuso de las líneas de crédito o de cheques y pagarés, según la resolución, no era directamente extraído, sino que iniciaba un largo circuito de transferencias entre empresas con el fin de desvincularlo de su origen ilícito, se multiplicaban los movimientos de dinero entre sociedades para que los sistemas de control de los órganos tributarios los achacasen a una actividad empresarial regular.

Indica además que entre los afectados por estos presuntos delitos se encuentran diversas entidades financieras, sociedades de garantía recíproca, la Hacienda Pública e inversores particulares. El auto detalla el perjuicio sufrido por cada una de las entidades. Del mismo modo, el auto explica que en un primer nivel de la organización se encontraban los investigados Antonio Luis Aguilera, José Luis Moreno y Antonio José Salazar de Castro, con sus colaboradores directos.

Cada individuo, señala, mantenía su actividad delictiva con su propia cartera de empresas, para posteriormente simular actividad comercial con otras pertenecientes a otros miembros, creando un entramado societario con una apariencia solvente, utilizada para crear engaño en las entidades bancarias en la adquisición de todo tipo de productos financieros.

Así, José Luis Moreno como persona pública muy reconocida, prestaba presuntamente su nombre como tarjeta de visita, para que tuvieran mucho más fácil conseguir financiación en entidades bancarias. Además, sería el encargado de presentar los proyectos cinematográficos o televisivos para los que se requería financiación. El auto da un plazo de veinte días a la Fiscalía y las acusaciones que formulen escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o bien soliciten el sobreseimiento de las actuaciones.