La influencia de Diana Morant

Diana Morant es ministra de Ciencia desde el verano de 2021. Y secretaria general de los socialistas valencianos desde marzo de 2024. El CIS se empeña con reiteración en poner en duda su nivel de popularidad, aunque la hoja de ruta de Pedro Sánchez la sitúa, a día de hoy, como la candidata socialista a la presidencia de la Generalitat, sean las elecciones en 2027 o se convoquen antes, tal y como viene exigiendo la propia exalcaldesa de Gandia.

Cuatro años como miembro del Gobierno de España dan para atesorar éxitos, como la aprobación de la Ley de la Ciencia, y situaciones delicadas, como la que derivó en la salida de María Blasco del CNIO. En otros debates, como el referido a las Universidades privadas, ha pasado bastante de puntillas pese a tratarse de un asunto que afecta directamente al ministerio que dirige.

¿Pero cuánto influye Diana Morant en Madrid? ¿Cuál es el peso real de la ministra valenciana? En el Gobierno que preside Pedro Sánchez ha quedado razonablemente demostrado que la única autoridad, el verdadero poder, recae sobre el presidente del Gobierno. Hay tres vicepresidencias y otros 19 ministros, todos ellos con importantes responsabilidades. Pero el poder real, el de verdad, es el del jefe del Gobierno.

Morant, a la que en ocasiones se la ha señalado por pasar inadvertida en el día a día de la actividad del Ejecutivo, tiene una oportunidad perfecta para demostrar su capacidad de influencia en Madrid. Una ocasión idónea, que le sirve en bandeja el grupo socialista de Les Corts, con el recurso ante el Tribunal Constitucional por su exclusión de la Mesa del Parlamento autonómico.

El recurso que ultiman los servicios jurídicos del PSPV se inspirará previsiblemente en el que presentó Mas Madrid en 2019 contra la decisión de la Asamblea de excluir al partido de Íñigo Errejón de la Mesa de la Cámara. En 2022 el TC fallaba a favor de la formación de la también ministra Mónica García, estableciendo que había sido vulnerado «su derecho a ejercer las funciones representativas con los requisitos que señalan las leyes (art. 23.2 CE), en relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes (art. 23.1 CE)».

El alto tribunal declaraba además la «nulidad del acto del presidente de la mesa de edad de la Asamblea de Madrid en la sesión constitutiva del día 11 de junio de 2019, por el que se proclamaba a los miembros de la mesa de la Asamblea que resultaron elegidos, en cuanto excluye a la recurrente y a la formación política a la que pertenece», estimando el recurso de amparo presentado y reclamando el restablecimiento a los recurrentes en su derecho.

Los socialistas valencianos consideran que, con ese antecedente, el pronunciamiento del TC será favorable a su reivindicación y dejará sin efecto la designación hace dos meses de la popular Magda González como vicepresidenta segunda de la Mesa de Les Corts. Con todo, el Reglamento de la Asamblea de Madrid hace una referencia a que la composición de la Mesa debe ser proporcional al peso de los grupos parlamentarios que el de Les Corts omite, apelando eso sí al carácter plural del órgano de dirección de los debates en la Cámara. ¿Es plural que en la Mesa estén representados tres de los cuatro grupos parlamentarios de Les Corts? Parece que sí. ¿Es lógico que el segundo grupo parlamentario con más diputados no forme parte de la Mesa? Pues parece que no.

En todo caso, y si no hay novedad de última hora, será el alto tribunal que preside Cándido Conde-Pumpido el que se pronuncie sobre la constitucionalidad de la decisión tomada por el Parlamento valenciano. El PPCV ha venido presionando con el desbloqueo de la renovación de los órganos estatutarios, sin que el PSPV haya cedido hasta la fecha a esa exigencia.

Y aquí es donde entra la influencia de la ministra Morant. El Tribunal Constitucional ha mostrado una desigual celeridad a la hora de abordar recursos y temas que se le trasladaran por eventuales quiebras de los principios constitucionales. Con el recurso de Mas Madrid, por ejemplo, tardó tres años en pronunciarse. Con el interpuesto contra la Ley de la Vivienda, sólo uno.

El PSPV se resiste a asumir que su recurso vaya a quedar pendiente de resolución cuando finalice la actual legislatura en mayo de 2027, si no hay adelanto electoral. Es difícil, se admite, «salvo que como son derechos fundamentales y hay antecedentes, lo haga antes», remarca una fuente socialista. Un pronunciamiento favorable al recurso antes de la cita electoral constituiría un éxito político para los socialistas. Si llega después de las elecciones autonómicas resultará intrascendente.

De manera que la decisión estará en manos del Constitucional, y de la agilidad con la que aborde el recurso de amparo anunciado. El PP ha señalado en diversas ocasiones al alto tribunal al considerar que, bajo la presidencia de Conde-Pumpido, su sensibilidad hacia todas aquellas peticiones o iniciativas que le llegan desde el Ejecutivo central es innegable. Si el Gobierno quiere que el TC acelere con el recurso de los socialistas valencianos, las posibilidades de que el pronunciamiento llegue antes de las próximas elecciones se disparan.

Y ahí entra Morant. Las fuentes parlamentarias consultadas coinciden en considerar que si la líder de los socialistas valencianos mueve ficha, el TC acelerará un pronunciamiento que, además, podría ser favorable a admitir el recurso de amparo. A la legislatura le quedan dos años, de modo que tiempo queda.

• Temas
• Diana Morant