El Gobierno solo limita por ahora la prohibición de entrar en España a Netanyahu y dos ministros

Albares matizó hoy - en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se aprobó el conjunto de nueve medidas de presión a Israel comunicadas la víspera por el presidente- que la lista de personas consideradas 'non gratas' puede ir evolucionando en función de los acontecimientos y defendió que con su actuación España demuestra que es «el país del mundo que de lejos más está haciendo por Palestina, por los civiles gazatíes, por la paz y por los derechos humanos». Pero, en todo caso, dejó claro que su intención es no dinamitar todos los puentes y tratar de mantener vivo un mínimo canal de interlocución con Israel. De hecho, descartó por completo la ruptura total de relaciones que demandan Sumar o fuerzas de la izquierda como Podemos.

España, de momento, se ha limitado a llamar a consultas a su embajadora en Tel Aviv, Ana Solomon, y su regreso a Israel no está previsto en el corto plazo. Pero el ministro -que, a diferencia de Sánchez, evitó emplear la palabra "genocidio" durante su exposición ante la prensa y solo utilizó el término para referirse al nombre dado al acuerdo gubernamental- insistió en que todas sus actuaciones están encaminadas a lograr la solución de dos estados, el israelí y el palestino, y a garantizar los derechos humanos. Inicialmente, no en vano, ni siquiera estaba previsto dejar temporalmente vacante la embajada en Israel; fue una decisión sobrevenida, en respuesta a la decisión del Gobierno de Netanyahu de prohibir la entrada en su territorio a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, como muestra de su malestar por los anuncios de Sánchez.

El jefe del Ejecutivo también insistió en que España defiende la solución de dos Estados en un mensaje en las redes sociales en el que informó de una entrevista con el primer ministro de Palestina, Mohamed Mustafá, y reivindicó su actuación. "La espiral de violencia en Gaza hoy es inaceptable. Ante la barbarie, España actúa: detención del flujo de armas, más ayuda humanitaria y un plan de acción en la UE", dijo recordando sus intentos de que se deje en suspenso el acuerdo de asociación con Israel.

En todo caso, más allá del mensaje político que Sánchez ha querido mandar en clave internacional, pero también interna, aún queda mucho por definir respecto a las implicaciones de las medidas de presión a Netanyahu. Para empezar, falta por conocer la letra del real decreto ley que consolidará jurídicamente el embargo de armas supuestamente en vigor desde octubre de 2023 y que, según Podemos, ha sido violado en numerosas ocasiones. Hoy el Consejo de Ministros se limitó a acordar su elaboración, pero, a lo largo del último año, el propio Gobierno ha reconocido en alguna ocasión las dificultades que, en la práctica, entraña encontrar otro proveedor distinto e Israel que pueda suministrar el material necesario para el funcionamiento de los sistemas que las Fuerzas Armadas precisan.

La exposición de Albares, este martes, deja otros interrogantes. El Ejecutivo contempla el cierre del espacio aéreo para aeronaves de Estado que transporten material militar destinado a Israel, pero no plantea nada respecto a los vuelos comerciales. También impide el uso de los puertos a los buques que lleven combustible para las Fuerzas Armadas israelíes (una medida que requiere de una orden ministerial prevista para esta semana) pero no se refiere a otro tipo de material. A eso se añade que el Gobierno asume que, conforme al Convenio de Cooperación para la Defensa con Estados Unidos, España no puede inspeccionar los barcos y aviones de este país que utilicen las bases de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla) ni la Administración norteamericana, que respalda de forma clara a Netanyahu, obligación de informar sobre su contenido.