Gobierno y Govern oficializan este lunes el 'cupo' para que Cataluña recaude todos sus impuestos

Como siempre, las lecturas de unos y otros serán dispares y hasta contradictorias. Unos hablarán de que el Gobierno ha cedido con un concierto económico a la vasca para Cataluña y desde el independentismo más radical se asegurará que se trata de un nuevo café para todos. El diablo estará en la letra pequeña.

De momento, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha borrado de una foto incómoda para sus aspiraciones como candidata del PSOE a la Junta de Andalucía. Por parte del Ejecutivo central acudirán el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y tres secretarios de Estado. Por la parte catalana, la consejera de Economía y el de Presidencia.

El pacto fiscal que se firmará este lunes en la comisión bilateral entre ambas administraciones permitirá en el futuro a la catalana recaudar, gestionar y liquidar todos los impuestos. Cataluña pagará al Estado una cantidad por los servicios que presta en el territorio y, además, contribuirá con una cuota de solidaridad con el resto de autonomías. Esta cuota debe fijarse teniendo en cuenta el principio de ordinalidad. De tal manera que si Cataluña es la tercera que más aporta per cápita a la caja común sea también la tercera en recepción.

La implementación será gradual, pero está por ver qué plazos se fijan; de varios años, en cualquier caso. La partida empieza con el IRPF. El pacto que el PSC y ERC suscribieron a cambio de investir a Salvador Illa y que este lunes pasa a ser un acuerdo entre gobiernos determina que la Generalitat debería hacerse cargo de la campaña de la renta en su totalidad el año que viene.

Es materialmente imposible, porque en seis meses la agencia tributaria catalana tendría que pasar de tener 800 a 4.000 funcionarios y una convocatoria de empleo público para puestos tan específicos como técnicos en Hacienda o inspectores fiscales, por ejemplo, no se materializa en tan poco tiempo. Pueden pasar cinco años, según algunas fuentes, hasta que Cataluña tenga la capacidad técnica y de personal para asumir la campaña de la renta por completo. ERC, que está dando margen a los socialistas en la negociación, exige que en este periodo transitorio la agencia tributaria propia opere de manera coordinada con la Hacienda española sin subordinación.

El acuerdo llega lleno de incógnitas. El Gobierno no ha puesto aún cifras sobre la mesa: cuántos miles de millones adicionales está dispuesto a inyectar en el sistema de financiación para que Cataluña disponga de más recursos con su modelo propio sin que el resto de autonomías salgan perjudicadas. Se especula con unos 20.000 millones, que el Ejecutivo central debería añadir al sistema. No es una tarea sencilla para Hacienda, pues el Gobierno lleva tres años en prórroga presupuestaria y sus socios no parecen estar por la labor de facilitar la aprobación de las Cuentas de 2026, al margen de las cada vez mayores exigencias de la UE y la OTAN para que aumente el gasto en defensa.

Más dudas. El acuerdo lo suscriben el Gobierno y el Govern, pero lleva emparejadas unas reformas legales (de la Lofca, entre otras), que deberán pasar por el Congreso. ERC amenaza con desmarcarse. BNG, Compromís y Coalición Canaria se oponen a un trato diferenciado a Cataluña. El Gobierno necesita de sus socios de investidura en un contexto de debilidad, agravado por el estallido del 'caso Cerdán'. El PP ha endurecido su oposición, con ataques directos a la familia del presidente del Gobierno, y con el 'cupo' catalán incidirá en presentar a Sánchez «arrodillado» a los independentistas.

Y a nivel interno, en el PSOE hay mar de fondo. Llueve sobre mojado con las cesiones al independentista y barones socialistas como el castellanomanchego Emiliano García-Page o el asturiano Adrián Barbón ya han lanzado avisos a Sánchez. ERC tiene prisa, hasta el punto de presionar al PSOE con presentar su propia propuesta de reforma legal en el Congreso, pues teme que la dinámica convulsa de la política española haga descarrilar el concierto catalán, del que Junts no ha participado aún. Esquerra aventura que Puigdemont no se atreverá a dinamitar los acuerdos.