Familiares de fallecidos en las residencias de Madrid denuncian la desidia de los jueces
Las asociaciones alertan sobre la posibilidad de que prescriban las causas, en las que están imputados ex altos cargos del Gobierno de Ayuso
Los familiares de los fallecidos en las residencias de Madrid durante la pandemia han denunciado este viernes «la desidia» de algunos de los jueces que ... están investigando las causas judiciales abiertas en relación a la no derivación hospitalaria. Los abogados de las asociaciones '7291 Verdad y Justicia' y 'Marea de Residencias' han alertado de que algunos de estos procesos pueden prescribir si los magistrados no aceleran sus pesquisas, entre ellas, la toma de declaraciones a los ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que están imputados, y han avanzado que, si la situación persiste, emprenderán acciones legales contra los jueces que están incurriendo en ilegalidades.
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Según han informado las asociaciones, ocho juzgados de instrucción de la Comunidad de Madrid mantienen abiertas causas judiciales contra tres ex altos cargos del Gobierno de Ayuso durante la primera ola de la pandemia de la covid-19, entre los que se encuentran los autores de los llamados protocolos de la vergüenza, Carlos Mur (exdirector de Coordinación Sociosanitaria), y Francisco Javier Martínez Peromingo (excoordinador del llamado protocolo técnico). Estos protocolos impedían la derivación a hospitales de los enfermos de las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid que tuvieran dificultades motrices o cognitivas. También se encuentran imputados el entonces director del SUMMA 112, Pablo Busca, y varios geriatras de enlace de hospitales madrileños.
En octubre de 2024, una denuncia colectiva de 109 familiares dio un vuelco a la investigación judicial sobre las residencias al argumentar que los altos cargos de Ayuso podían haber cometido un delito de denegación sanitaria discriminatoria, castigado en el artículo 511 del Código Penal. Esta denuncia conjunta ha permitido la apertura de 92 procedimientos, de los que 73 están en instrucción judicial. Además, cinco causas se encuentran en peligro de prescripción.
«Hay jueces que actúan bien y otros mal. Hay jueces que no han realizado su trabajo y no han investigado. Su actitud puede ser calificada de contraria al ordenamiento jurídico y por tanto ilegal», ha afirmado el abogado Eduardo Sanz. «Creemos que hay jueces que se han dormido en los laurales», ha añadido la también letrada de las familias Alejandra Jacinto.
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El debate jurídico se centra ahora en si debe ser un solo juzgado el que realice toda la instrucción o por el contrario, la causa debe mantenerse troceada en los diferentes tribunales, como está hasta ahora (tres en Madrid, uno en Alcobendas, uno en Collado Villalba, uno en Getafe, uno en Leganés y otro en Valdemoro). Las familias se muestran partidarias de que los casos se centralicen en un solo juzgado.
«Se trata de la mayor vulneración de derechos de la historia de España y supone una vergüenza de una sociedad que no ha querido reacción ante esa barbarie que nos perseguirá en la historia», ha afirmado María Jesús Valero, portavoz de Marea de Residencias.
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