Doce meses esquivando desastres

En apenas unos días, el próximo día 28, se cumplirá un año desde que la Comunitat Valenciana celebrara por primera vez unas elecciones al margen del calendario común autonómico, tras la decisión del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, de adelantar sus comicios para darle visibilidad a los problemas valencianos. Pero, los planes del Consell salido de aquellas urnas, con PSPV, Compromís y Unidas Podemos, no han sido exactamente los que tenían pensado sus protagonistas. Es cierto que la legislatura se atisbaba turbulenta, fruto de la fragmentación en Les Corts, con seis grupos políticos por primera vez en la Cámara, que pronosticaban votaciones ajustadísimas. También por la ampliación de la familia Botánica, que se hizo numerosa en el Gobierno con la entrada de Unidas Podemos. Y con un añadido, los congresos de los principales partidos, que amenazaban con modificar los liderazgos orgánicos y distinguirlos de los institucionales en las formaciones.

Pero ni en las peores previsiones de Consell y oposición se vislumbraba un primer año de legislatura plagado por la gestión de los desastres. A las dificultades para culminar la reedición del Botánico y la necesidad de agrandar hasta casi duplicar la estructura de cargos y asesores, se unieron incendios, gotas frías, tormentas, dimisiones de altos cargos, causas judiciales de familiares del presidente y la vicepresidenta, y ahora, la gestión de la crisis originada por el coronavirus.

Un primer año vacío de gestión, más allá de la de poner los medios de la Generalitat al servicio de las catástrofes naturales y sanitarias llegadas mes a mes. Pero también problemas de convivencia política acrecentados por las campañas electorales que iban surgiendo por el camino (municipales, europeas y dos generales), y la mala situación financiera de las arcas autonómicas.

Doce meses que dejan una hoja de ruta casi vacía de proyectos propios y un 25% de la legislatura consumido en intentan tapar agujeros. Se esperaban algunos, pero no de este tamaño.

Tras las elecciones autonómicas del 28 de abril, las municipales y europeas esperaban el domingo 26 de mayo, por lo que la negociación para el reparto de áreas del nuevo Consell se acabó dilatando más de un mes. De hecho, estos comicios no hiceron sino complicar la ya de por sí tensa negociación, ya que el pacto autonómico contó también con el reparto de consistorios. Aún así, la negociación se acabó dilatando durante más de un mes y medio.

La reedición del pacto del Botánico, a priori más sencilla que en 2015, porque los actores implicados se mantenían, se acabó dilatando más allá de los 90 día. De hecho, el pleno de Les Corts que iba a investir a Ximo Puig presidente acabó siendo aplazado para poder muñir los flecos. Solo hizo falta entregar una segunda vicepresidencia a Unidas Podemos y hacer crecer el Consell hasta las doce consellerias para contentar a los tres partidos.

Los primeros cien días desde las elecciones autonómicas adelantadas se emplearon, básicamente, para conformar la estructura de cargos públicos. Se pasó de 98 consellers, secretarios autonómicos y directores generales a 138. Los asesores crecieron de 74 a 116. En este mes, el Consell vivió su primer incendio forestal, en Beneixama, que arrasó casi mil hectáreas en Alicante.

Agosto, habitualmente el mes de descanso de la política, trajo consigo una gran revolución en el Consell. Hacienda anunció recortes en las cuentas valencianas que acabaron por suponer más de 500 millones de euros en acuerdos de no disponibilidad y acrecentaron las relaciones de desconfianza entre socios. Mientras, desde los despachos del Palau se miraba con recelo a Madrid, donde una nueva convocatoria electoral ya se gestaba.

Septiembre trajo a la Comunitat una de las peores gotas frías de las últimas décadas, sobre todo en el sur de Alicante. El Consell tuvo que poner en cuarentena todas sus medidas de gestión para los próximos meses y volcarse en la gestión de la catástrofe. A la par, se incrementaban los problemas para el hermano de Puig por supuesto fraude en las ayudas del Consell a los medios por fomentar el valenciano y se enredaba la quita del IVF al grupo EPI.

Después de un aciago debate de semanas sobre si prorrogar o elaborar nuevos presupuestos autonómicos, el Consell se decantó por formular nuevas cuentas. Eso sí, con un nivel de tensión acrecentado por la limitación económica de hacer unos presupuestos expansivos. PSPV y Compromís vivieron un tira y afloja que casi acaba costando la dimisión de la recién estrenada consellera de Innovación. El pleno que los aprobó tuvo que hacer un receso.

La semana de las elecciones generales, el exmarido de la vicepresidenta, Mónica Oltra, se sentaba en el banquillo por presuntos abusos a una menor en un centro. Oltra se vio especialmente afectada porque de ella depende la gestión de los menores. Acabó siendo condenado a cinco años de prisión.

La Comunitat cerró 2019 con 2.194 millones de gasto más que de ingresos. Es decir, un déficit del 1,91% del PIB, pese a que el límite pactado por el gobierno y las CCAA para todo el año se situaba en el 0,1% de la riqueza de cada región. Las cifras evidencian el argumento del Consell de que los valencianos tienen el mismo derecho a gastar que el resto de españoles. Algo que incluso la Sindicatura afeó en su informe de la era 100% Botánica.

Cuando la Comunitat todavía no se había recuperado de la DANA de septiembre y de la gota fría que asoló la comarca alicantina de la Vega Baja, en octubre, llegó Gloria, una tormenta que arrasó el litoral valenciano y destrozó playas y paseos. En se momento se abrió el debate sobre la necesidad de reconstruir las playas para la llegada de turistas en Semana Santa. Sin embargo, el coronavirus acabó dejando el litoral dormido.

China era ya noticia en todos los medios por un virus desconocido surgido en un mercado de la ciudad de Wuhan. La Comunitat vivía sus últimos días de tranquilidad y el Consell rebajaba sus reivindicaciones al Gobierno central. Sin presupuestos generales a la vista, con una deuda del IVA valenciano sin reclamar (Les Corts lo rechazó) y sin fecha para la nueva financiación, el ambiente prefallero comenzó a eclipsarlo todo.

«No podemos dejar que el coronavirus nos amargue la vida», dijo Puig el 6 de marzo, en alusión al debate suscitado con los primeros casos de coronavirus y la después suspensión de las Fallas. La realidad lo corrigió.

La crisis del coronavirus monopoliza por completo la gestión del Consell en la que es ya la emergencia más grave conocida. La cifra de muertos ha superado esta semana el millar y los contagios siguen creciendo. Ante tal situación, el Ejecutivo ha volcado su tiempo y sus recursos a combatirlo. Los presupuestos ya han saltado por los aires y se han destinado ya 260 millones al Covid-19 en un mes.