«Los hechos desmontan mi versión»

El testimonio de María José Alcón en el TSJ es una de las cada vez más escasas bazas con las que cuentan las defensas para sustentar una petición de archivo. La exedil de Cultura compareció como testigo -implica la obligación de decir verdad- en la causa abierta contra el diputado Miquel Domínguez, aunque no se puede olvidar que por los mismos hechos se encuentra investigada en Instrucción 18 de Valencia junto a más de cuarenta cargos populares. Alcón recordó las circunstancias de la ya famosa conversación en la que de manera muy didáctica explica a su hijo el método del blanqueo. «Estaba ingresada en el Hospital Aguas Vivas con mucha medicación a raíz de una depresión muy grande cuando el PSPV acusó a mi marido en el caso Nóos». Precisó que sus salidas del centro estaban prohibidas y sólo le autorizaron porque su esposo Alfonso Grau es médico.

Alcón admitió ante el fiscal Anticorrupción la «desagradable sorpresa» que se llevó al comprobar que ocupaba el puesto 16 en las listas en vez del 10 que le había prometido la entonces alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Por ese motivo, en un primer momento se niega a realizar la donación de 1.000 euros. «Estaba tan indignada, cabreada y fuera de mí con la deslealtad que se había cometido conmigo que le dije a García-Fuster que no lo iba a hacer». De vuelta al hospital, rectificó y ordenó a su hermano que la hiciera él. Su cambio de opinión se debió a que llevaba mucho tiempo «militando en el PP». «En absoluto me dieron dos billetes de 500 euros», insistió ante la magistrada instructora para negar la devolución del dinero.

En ese momento, el fiscal le preguntó acerca de la conversación con su hijo en la que relata la mecánica del blanqueo. «Estaba muy confundida, medicada y no sé ni lo que dije. De hecho, en la declaración que hice en el juzgado tras estar cuatro horas con una manta sucia y llena de chinches y sin medicación...». «Cuento cosas a mi hijo que no sé cómo pude decir aquellas cosas. Es un cúmulo de errores que desde la serenidad se aclaran», indicó.

De hecho, cuando la Guardia Civil le preguntó por los mil euros no se acordaba de aquello. «De repente, sale una voz y dice 'Hola mami'. Me quedé descolocada, descentrada...No sabía por qué le había dicho eso a mi hijo».

No fue ese el único audio comprometido. A su hermana le relató la misma historia. Aseguró Alcón que se encontraba en la misma situación cuando habló con su familiar, en una situación de ansiedad extrema era capaz de decir cualquier cosa. «Los hechos objetivos derrumban mi versión», admite. Existe otro episodio delicado para Alcón, que la testigo quiso aclarar durante la declaración. No era que García Fuster le hubiera dado 500 euros sino que ella pagó esa cantidad por lotería que se había quedado. «Se lo di a ella y me dijo que no quería esos billetes. Lo cambié en el banco sin problema. No había esa fobia con los billetes de 500 euros. Parece que ahora es una maldición tenerlos».

Según su declaración, García Fuster no le dio explicaciones acerca de la aportación. «Me lo dijo de forma muy autoritaria; que había que hacerlo. No lo comenté con Rita Barberá», negó a preguntas del fiscal. «Nunca se discutía en campaña el tema de la financiación. Jamás supe nada. Lo llevaba todo García- Fuster», añadió.

La declaración de Alcón forma parte ahora de la pieza A, con más de cuarenta imputados, entre ellos el PP como persona jurídica. El fin del secreto sobre una parte de las diligencias emprendidas por la UCO ha permitido reunir indicios de que la financiación ilegal del PP podría remontarse a los comicios de 2007.

La clave en este asunto es la documentación aportada en su día por Jesús Gordillo, el que fuera mano derecha de Grau y que trabajó en la empresa Laterne, la agencia que montó la campaña del PP de 2007. Al parecer, siempre según el testimonio del exasesor del exvicealcalde, desde la mercantil se recibían ingresos de empresas contratistas del Ayuntamiento pero también del desvío de dinero a través de fundaciones dependientes del Consistorio.

La investigación apunta a que Grau estaba al frente del control de las finanzas del Grupo Municipal. Gordillo asegura que el exvicealcalde le entregó en efectivo 350.000 euros en billetes de 500 para pagar las cantidades que empresas subcontratadas exigían por servicios prestados relacionados con actos de campaña. En total, 700 billetes en un sobre.

Además, según su declaración como testigo, recibió instrucciones del propio Grau para recoger de Secopsa un cheque bancario por importe de 150.000 euros. Asimismo, relató que, por orden del exvicealcalde, desde el departamento de administración se giraron facturas a las empresas que habían aportado los 500.000 euros para dar soporte a esa entrada de dinero «y de esa forma ocultar que realmente eran distintas empresas las que asumían el coste de determinados gastos electorales en los que había incurrido el PP». Todavía falta un informe definitivo de la UCO.

La presidenta del PP de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, aseguró el martes que al partido le preocupan los datos que se han revelado, aunque señaló que «las graves acusaciones» tendrán que confirmarse en los tribunales.