100.000 pavos

El TSJ valenciano acaba de reconocer que la exgerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) Marisa Gracia tiene derecho a una indemnización de prácticamente ... 100.000 euros por los daños morales causados por los integrantes de la comisión de investigación del accidente del metro que tuvo lugar en Valencia en 2006. Gracia, exonerada de toda responsabilidad penal hace unos años, se vio sometida al escrutinio de los grupos políticos en Les Corts. Y como suele ocurrir, los de la oposición se lanzaron a degüello a exigir responsabilidades, a juzgar y condenar, a decidir quiénes eran los culpables políticos de aquella tragedia. A Gracia se le sometió a un maltrato terrible, como si hubiera sido ella la responsable de que aquel tren tomara una curva a una velocidad a todas luces excesiva. Como si ella hubiera sido la responsable de todas y cada una de las medidas de seguridad que, de haber estado activadas, quizá habrían contribuido a reducir las consecuencias del accidente -43 muertos-. A Gracia se le señaló, porque siempre es bueno tener un culpable político al que señalar públicamente, al que someter al escarnio del juicio y la condena de un Parlamento, como si todo lo que ocurre de puertas adentro del Palau de Benicarló fuera sentencia divina, y no el legítimo intercambio de crítica política. Gracia, es verdad, solicitaba una indemnización aún más alta y alguna otra medida de resarcimiento moral que el tribunal no le ha concedido. Pero aún así, logra la reparación que supone que los tribunales, unos cuantos años después, le den la razón. Se la dan a ella, y se la quitan a todos los diputados que impulsaron el dictamen que consideró culpable a la exresponsable de Ferrocarrils: Sandra Martín, Juan Ponce, Belén Bachero, Ana Barceló, Cristina Cabedo, Alexis Marí, Fabiola Meco, José Muñoz, Isaura Navarro y Toni Subiela. El TSJ concluye que «las imputaciones de conductas ilícitas que excedan del ámbito propio de la actividad parlamentaria de investigación, a la que no corresponde declarar la existencia de conductas punibles de empleados públicos y la determinación de su autoría, constituyen una lesión al derecho al honor». O lo que es lo mismo, que los jueces son los jueces, y que el derecho a la crítica política en el ámbito parlamentario no permite declarar gratuitamente la existencia de conductas legalmente reprochables si los tribunales no se han pronunciado previamente en ese sentido. Los 100.000 euros reconocidos a Marisa Gracia los tendrá que abonar la Generalitat, circunstancia que significa que los abonaremos entre todos nosotros. Pero, más allá de eso, convendría -es imposible, pero que no sea por no repetirlo- que quienes juegan a sentirse jueces desde un escaño en Les Corts, los que se permiten ya no la falta de educación (porque eso se tiene o no se tiene) sino también el reproche y la condena sin que tribunal alguno haya dictado sentencia, sacaran sus propias conclusiones. Probablemente, si esa decena de diputados que decidieron que Gracia era la responsable política de lo ocurrido tuvieran que pagar de su propio bolsillo esos 100.000 euros, como los 10.000 que obtuvo por el mismo caso otro exdirectivo de la misma firma pública, quizá medirían más sus palabras. Ahora que asistimos a una sucesión de comisiones de investigación en relación con la dana que el 29 de octubre arrasó media provincia de Valencia, convendría que todos esos que están acostumbrados a juzgar y sentenciar sin llevar toga alguna, tomaran nota. Que sí, que ganar las elecciones es un objetivo muy noble. Pero las sentencias, para los tribunales de Justicia.