El Gobierno pide una prórroga a Bruselas para responder al expediente por su irrupción en la opa de BBVA al Sabadell

Tras esa decisión, Moncloa acordó dar luz verde a la oferta del banco vasco, pero vetando la fusión de ambas entidades durante al menos tres años, prorrogables otros cinco. En teoría, esto impediría a BBVA acometer ajustes derivados del proceso -es decir, un ERE- y cierres de oficinas, reduciendo drásticamente las sinergias estimadas incialmente en unos 850 millones de euros.

En su folleto de la opa, BBVA elevó esa cifra incluso a los 900 millones, pero la gestión independiente obligó a la entidad a retrasar la consecución de ese objetivo.

Cabe recordar que Bruselas mostró reticencias a la decisión del Ministerio de Economía ante una operación que ya había recibido el visto bueno de Competencia y la no oposición del Banco Central Europeo (BCE). «No tenemos conocimiento de ninguna razón que pueda justificar el rechazo o el bloqueo de la operación, por lo que esperamos que el Gobierno español se ajuste a las decisiones de las autoridades competentes», apuntaban el pasado julio, en pleno estudio de una posible apertura de expediente de infracción, fuentes de la Comisión Europea a este diario.

El ministro Carlos Cuerpos siempre ha defendido que la normativa doméstica «está alineada con los objetivos de la europea», recordando que hay que diferenciar entre el ámbito regulatorio, «donde estamos siendo muy escrupulosos y garantistas» y el fondo de la discusión en Bruselas, «sobre cómo tenemos que avanzar hacia la consolidación del sistema bancario para competir, al tiempo que se protege el crédito a pymes, el empleo y la presencia territorial de las entidades».